El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha telefoneado a los líderes del PP, Pablo Casado; Cs, Albert Rivera y Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para preparar un frente constitucionalista en el caso de que el Ejecutivo tenga que tomar medidas extraordinarias frente a las movilizaciones independentistas en Cataluña por la sentencia del procès.

Las conversaciones con Pablo Casado y Albert Rivera "han sido constructivas y en ambas se ha mantenido un clima positivo de lealtad institucional, apoyo y unidad", según informan fuentes de Moncloa. Albert Rivera ha pedido al presidente una reunión y ambos han acordado que se producirá de acuerdo a la marcha de los acontecimientos.

El presidente ha transmitido a sus interlocutores que si fueran necesarias medidas excepcionales, éstas serían compartidas con los principales partidos. "Sánchez en repetidas ocasiones ha reiterado públicamente que, llegado el caso, el Gobierno actuará con serena firmeza, proporcionalidad y unidad", recuerdan desde la Moncloa.

Por su parte, Albert Rivera ha trasladado tres puntos al presidente. En primer lugar, todo su apoyo al Ejecutivo para que en Cataluña se cumpla la ley, se garantice el orden público y se proteja a millones de ciudadanos de las acciones de los separatistas. En segundo, el líder de Cs le ha solicitado una reunión junto a Pablo Casado "para diseñar una estrategia conjunta frente a la irresponsabilidad de los políticos separatistas". Aunque Sánchez ha descartado esta reunión por el momento, Rivera considera que es urgente ante los acontecimientos y que debería producirse cuanto antes.

Finalmente, el líder de Ciudadanos ha trasladado a Sánchez su preocupación por la seguridad en Cataluña y le ha pedido que el gobierno incremente todo lo que sea necesario la presencia de las Fuerzas y Seguridad del Estado para garantizar el orden público y la libertad de todos los catalanes.

En cuanto a la conversación con Pablo Iglesias, Moncloa explica que ha discurrido en los mismos términos que las anteriores. En un clima positivo y constructivo, Pedro Sánchez ha transmitido al líder de Unidas Podemos que siempre buscará la unidad de acción de los partidos. Igualmente le ha dicho que si fueran necesarias medidas excepcionales, éstas deberían ser compartidas por las principales fuerzas políticas.

En una comparecencia esta mañana en la Moncloa, Sánchez ha anunciado que «en los próximos días» el Gobierno se mantendrá «atento» para garantizar «la convivencia y el respeto a la legalidad democrática». «Lo haremos con firmeza democrática, con proporcionalidad y con unidad», ha anunciado el también candidato del PSOE, anticipando que pretende contar con el respaldo de los líderes políticos de PP, Cs y Unidas Podemos en la toma de medidas excepcionales como la aplicación del artículo 155 de la Constitución o de la Ley de Seguridad Nacional, en el caso de que sea necesario. "El Gobierno está preparado y contempla cualquier escenario", ha explicado Sánchez durante los últimos días.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha expresado su "absoluto respeto y acatamiento a la sentencia" del Tribunal Supremo y ha instado a "todas las fuerzas políticas" a hacer lo propio, al tiempo que ha considerado una consecuencia "lógica" de la sentencia la reactivación de la euroorden contra el ex presidente catalán Carles Pugidemont y el resto de exconsellers en el extranjero.

"El Gobierno no puede sino acatar la sentencia y apelar a todas las fuerzas políticas a que actúen de igual manera", ha defendido Borrell en rueda de prensa en Luxemburgo al término de una reunión con sus homólogos de la UE.

La sentencia, ha defendido Borrell, "pone fin a un largo proceso judicial", que "se ha efectuado con plenas garantías y total transparencia, publicidad absoluta y con absoluto respeto a la separación de poderes" que hay en España. El ministro ha insistido en que "todos" somos "iguales ante la ley" y que la Constitución española, que es moderna y con plenas garantías, "se aplica a todos".

Borrell ha recordado que los jueces del Tribunal Supremo no han "retenido la acusación de rebelión" pero sí "las otras" y que ha sido un fallo "por unanimidad".

"España es una democracia donde nadie es juzgado por sus ideas, sino por actuaciones que puedan considerarse por los tribunales que constituyen un delito recogido en nuestro ordenamiento jurídico", ha insistido, destacando la importancia de subrayar este punto "de cara a nuestros colegas europeos", ya que "todos los días" se encuentra "en el Parlamento con los líderes políticos que defienden la independencia de Catalunya y nadie es molestado por ello".

Frente a la defensa legal de una ideología, en el caso del procès se ha producido "otra cosa": "actuaciones" que "pueden ser constitutivas de delito" en virtud del ordenamiento español, una cuestión que compete a los tribunales, ha recordado.

En relación a si cree que la euroorden contra el expresidente catalán se verá facilitada por la sentencia del procés, Borrell ha considerado que se trata de "una lógica consecuencia". "Si todos somos iguales ante la ley", ha remachado, otras personas que han participado en esos hechos delictivos "deberían igualmente ser justiciables", ha zanjado, considerando por tanto "natural" que la justicia española reactive "una orden para que las autoridades de los países donde se encuentran esas personas procedan a su puesta a disposición de la justicia española". "Sería raro que no lo hiciéramos así", ha asegurado.