Este lunes, en la justicia española se atendió a una de las sentencias más relevantes de la historia reciente del país. En un documento de casi 500 páginas, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenaba por un delito de sedición en concurso medial con malversación a los líderes del proceso independentista de Cataluña, descartando por tanto el delito de rebelión, con penas que, juntas, suman casi 100 años de prisión.

Una vez comunicado el fallo a los condenados, las consecuencias fueron inmediatas. De hecho, nada más trascender la sentencia, la organización radical Tsunami Democràtic llamaba a la movilización y a "colapsar el aeropuerto de Barcelona", tras lo que comenzó una escalada de violencia en las calles, con el foco principal en la ciudad condal, que se saldó con 131 heridos, intensas cargas policiales y bloqueo total en los accesos a las infraestructuras aeroportuarias que afectó a trabajadores y turistas, con la consiguiente cancelación de cerca de un centenar de vuelos.

Pero los incidentes violentos protagonizados por el independentismo no se han quedado sin su correspondiente respuesta institucional. Más allá de las reacciones que se han venido sucediendo en los medios de comunicación españoles, el Gobierno está dirigiendo sus esfuerzos a defender la imagen de España como "Estado de derecho" garante de la libertad frente a la imagen "autoritaria" y represiva que trata de vender la cúpula independentista.

Para ello, la plana mayor de Ferraz ha multiplicado en las últimas horas su presencia mediática, con intervenciones y entrevistas en muchos y muy destacados medios repartidos por la geografía mundial.

En concreto, y con la única hoja de ruta de defender la sentencia judicial y explicar el por qué del rechazo del indulto, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, concedió este lunes una entrevista para el periódico mexicano Milenio; José Luis Ábalos hizo lo propio pero en Argentina y Francia, con sendas entrevistas para los diarios Clarín y La Croix, respectivamente; y el titular de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, que defendía la posición del Gobierno socialista en el conflicto independentista para el italiano Corriere della Sera. "Estamos preparados para todo", afirmaba en relación a la nueva jornada de protestas convocada para este martes.

Pero no son los únicos ministros que se han desplegado internacionalmente: también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en el alemán Handelsblatt; y su homóloga de Sanidad, María Luisa Carcedo en La Stampa han defendido la sentencia del Supremo. "Hay una ley que se aplica, como en todo Estado de Derecho", defendía la segunda en el rotativo italiano.

Además, fuentes del partido confirman que el despliegue internacional del Gobierno no se reducirá a las intervenciones de este lunes, puesto que están previstas "muchas más" para este martes y los próximos días.

El independentismo apela a la comunidad internacional

La respuesta del Gobierno intenta contrarrestar las continuas peticiones del lado independentista para que la comunidad internacional reaccione sobre los "ataques directos a los derechos humanos" que, a su juicio, está permitiendo el Ejecutivo español, con el objeto de ejercer "presión" para que España ceda y ofrezca "soluciones democráticas" al conflicto catalán.

El último en hacerlo fue Pep Guardiola, que a través de un vídeo publicado en redes sociales por Tsunami Democràtic hizo un llamamiento internacional y cargó contra la "deriva autoritaria" que se está llevando a cabo en el Estado español, que no permite "el derecho a la reunión y manifestación, el derecho a la libertad de expresión ni el derecho a un juicio justo".

Además, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado este martes que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, enviará cartas a presidentes, primeros ministros, ministros de exterior y a las embajadas y consultados del G-20 y de la Asociación Europea de Libre Comercio "entendiendo que son los más importantes del mundo" para explicar la sentencia del 1-O del Tribunal Supremo y la respuesta que dará el Govern.