Es la historia de una decepción y un desprecio. Se escribió, capítulo a capítulo, durante casi siete años. El próximo domingo se cumplirá el octavo aniversario del cese de acciones criminales de ETA. El 20 de octubre de 2011 la banda terrorista emitió un comunicado en el que tres de sus miembros, -Iratxe Sorzabal, David Pla e Izaskun Lesaka- con capuchas blancas, anunciaban el cese de su “actividad armada”. Pero aquel no fue el final, la organización criminal aún existiría lustro y medio más hasta el anuncio y escenificación de su disolución en Cambó, en el País Vasco francés. Ahora el Gobierno vasco ha editado un documento en el que detalla cuál fue su participación a lo largo de estos últimos años y las causas que complicaron y retrasaron la disolución de ETA hasta el 4 de mayo de 2018.

La principal conclusión del Ejecutivo de Iñigo Urkullu es que cuando la banda anunció que dejaba las armas, “ETA no estaba madura” para desarmarse completamente y para anunciar su disolución. Tampoco la izquierda abertzale para impulsarla. El entramado terrorista procuró siempre “negociar” con sus presos un final con beneficios y demoró más de lo esperado su desaparición a consecuencia de su incapacidad para dar pasos hacia el final aceptando que no lograría contraprestación alguna.

El lehendakari Iñigo Urkullu no ahorró ayer descalificativos hacia la actitud de ETA y la izquierda abertzale en el proceso que se prolongó desde octubre de 2011 hasta mayo de 2018. ETA se “empecinó” en prolongar, contra toda lógica y razón, su existencia y su acción terrorista”, aseguró Urkullu. Lo hizo menospreciando el papel de intermediación que el gobierno vasco siempre le ofreció para dinamizar y acelerar su desarme y que la organización terrorista siempre ignoró.

'Abruptas descalificaciones'

Urkullu destaca en el documento que ha hecho entrega al Instituto de la Memoria ‘Gogora’, que como presidente del PNV primero y del Gobierno de Euskadi después, mantuvo contactos con los tres grupos internacionales que participaron de algún modo en el final de ETA, el ‘Grupo Internacional de Contacto’ (GIC) de Brian Currin, el ‘Centre for Humanitarian Dialogue’ (CHD) de Jonathan Powel y la ‘Comisión Internacional de Verificación’ (CIV) de Ram Manikkanlingan. Subraya que “aparentemente” todas las partes coincidían en lo que ETA y la izquierda abertzale debían hacer tras declarar el final de sus acciones criminales.

El diagnóstico a finales de 2012 y comienzos de 2013 establecía que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy no entablaría ningún tipo de negociación o diálogo con ETA o la izquierda abertzale para precipitar la disolución y por tanto debería ser la propia ETA y su soporte político los que deberían impulsar el desarme y la disolución. Junto a ello, se coincidía en la necesidad de que se debería cambiar su política penitenciaria para que los presos aceptaran la legalidad y la política de beneficios carcelarios y que se promoviera una lectura crítica del pasado. Dados esos pasos, considerados imprescindibles, el final y disolución de ETA no debería haberse demorado mucho más allá de aquel octubre de 2011.

Incluso en verano de 2013 la izquierda abertzale y los mediadores internacionales trasladaron al Gobierno vasco que ese camino se recorrería en un breve plazo de tiempo. Ante la promesa, el Ejecutivo de Urkullu reconoce ahora que decidió implicarse para acompañar el proceso. La primera gran frustración no tardó en llegar. En septiembre de 2013, una carta de ETA con “abruptas descalificaciones” al ofrecimiento que había hecho el Gobierno embarró la relación y el acompañamiento para su desarme ofertado. En ella se establecía además una condición al Gobierno de Urkullu, que en el proceso para dar forma al final de ETA debería ser indefinido, sin calendario y arropado por “un magma de entidades sociales, sindicales, políticas e institucionales”.

Desconfianza y desengaño

Cinco meses después, las dudas de la actitud de ETA y la resistencia a disolverse sin anda a cambio volvieron a aflorar. Al Ejecutivo se le anunció que la banda haría un gesto relevante, “un gran paso” como fase previa al desarme final. La escenificación de un “minidesarme” el 21 de febrero de 2014 ante el mediador, Ram Manikkalingam en el hotel Carlton de Bilbao –a través de un vídeo en el que simulaban la entrega de un puñado de armas, que posteriormente se llevaron de nuevo- “fue la prueba definitiva de que ETA no estaba madura”, aseguraba ayer Urkullu.

En este punto, transcurrido un año y cinco meses del cese de las acciones armadas, las dudas y las decepciones empezaban a acumularse pero el lehendakari, recordaba ayer, y “pese a las dudas” y la “enorme decepción” que acumulaba, optó por seguir respaldando a los mediadores internacionales, a los que acompañó incluso a Madrid tras ser citados a declarar ante la Audiencia Nacional.

Pero para entonces, la plena disposición del Ejecutivo comenzaba a limitarse y la desconfianza a asentarse. La promesa que le habían trasladado de que tras aquel gesto de “minidesarme” se haría público un gesto que demostrara una voluntad de desarme “irreversible, incondicional, definitivo y completo” nunca llegó. La declaración prometida por los mediadores no se hizo.

Un fallido 'Aiete II'

Semanas después vino el intento de convocar para junio-julio de 2014 un ‘Aiete II’, una suerte de cumbre que a imagen de la cumbre celebrada en septiembre de 2011 en el Palacio de Aiete previa a la declaración de cese de las acciones de ETA se celebró en San Sebastián, debería ser la prueba de fuego de que el final, la disolución, estaba cerca. La exigencia de que sólo lo respaldaría el Gobierno si en el ETA hiciera público un compromiso “definitivo” nunca se vio satisfecha, “la respuesta fue ambigua y dilatoria”: “Se trataba de volver a crear una escenografía de proceso de paz internacional pero vacío de contenido real”.

Para entonces, la conclusión de que ETA sólo buscaba especular con su final, negociar con él, se había extendido en el Gobierno vasco, según detalla en su informe. La banda tenía “la tentación de utilizar políticamente el final” y quería seguir “negociando”. A partir de entonces, el Ejecutivo de Urkulliu decisión distanciarse ya que en ningún caso iba a participar de un juego de “negociación” con el Estado.

A partir de ahí, el papel del gobierno se fue diluyendo a la espera de que ETA y la izquierda abertzale interiorizar la necesidad de dar pasos firmes y determinantes para su disolución: “Ni ETA ni la izquierda abertzale estaban maduras para ofrecer a la sociedad y a las víctimas una lectura mínimamente crítica de lo que habían supuesto las vulneraciones de los derechos humanos por parte de ETA”, reconoció ayer Urkullu. Añadió que a lo largo de todo ese tiempo la organización terrorista pretendió “difuminar su pasado y presentar su desarme y disolución con el telón de fondo de la épica de un ‘gran gesto’”.