La reactivación de la Euroorden por parte del juez Pablo Llarena contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación no implica su inmediata detención en Bruselas. Menos aún su entrega a España para que sea juzgado por los mismos delitos por los que el Tribunal Supremo condenó este lunes a los miembros del procés liderado por el ex presidente catalán.

La demora en la entrega de Puigdemont a la Justicia española estaría relacionada con la demanda sobre su inmunidad como europarlamentario planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), trámite que tardará al menos un año en resolverse, según informan a El Independiente fuentes especializadas en extradiciones y de su defensa.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó la petición de Puigdemont de adherirse a la cuestión prejudicial de Oriol Junqueras sobre su inmunidad parlamentaria que continúa adelante ante el TJUE, como ha confirmado el presidente de la Sala, Manuel Marchena. Los magistrados decidieron dejarle fuera al no estar personado en la causa por su situación de rebeldía.

El Parlamento Europeo también se manifestó en contra de reconocer la inmunidad de Puigdemont al no ir a recoger su acta de diputado ni jurar la Constitución en Madrid. Sin embargo, fuentes de su defensa informan a este diario de que la cuestión prejudicial de Puigdemont ante el TJUE continúa adelante porque, antes del 2 de noviembre, presentará sus alegaciones como respuesta a la negativa de la Eurocámara.

Puede decidir el tribunal belga

Las citadas fuentes del entorno del ex presidente catalán consideran que el Tribunal Supremo ya no intervendría en esta fase. Debería ser el tribunal flamenco de Bruselas (Bruselas Halle Vilvoorde o BHV) quien se dirigiera al TJUE para preguntar si Puigdemont tiene o no inmunidad como europarlamentario.

La defensa de Puigdemont va todavía más allá y considera que dicho tribunal belga no necesitaría consultar al TJUE, sino que podría resolver él mismo a favor de la inmunidad del líder independentista. Ésta, de hecho, es la baza con la que trabajan los abogados del equipo de Puigdemont para evitar su entrega a España. Los trámites llevarían al menos un año antes de saber si el ex presidente catalán puede ser extraditado o no.

A disposición de las autoridades

Como en ocasiones anteriores, la defensa de Puigdemont explica que está en contacto con la Fiscalía belga y en colaboración con las autoridades judiciales de aquél país. Por lo tanto, no esperan que los fiscales belgas informen a favor de su detención puesto que no verán "riesgo de fuga", como en situaciones previas.

Descartan así la vía de una huída a Suiza, donde también se encuentran la secretaria general de ERC Marta Rovira y la ex diputada de la CUP Anna Gabriel, país que analiza si las demandas de extradición están motivadas con razones "políticas". También son conocidos los problemas de entendimiento en lo que tiene que ver con extradiciones entre Suiza y España a raíz de la negativa de entrega de nuestro país, en dos ocasiones, del informático del HSBC Hervé Falciani para que fuera juzgado en el país helvético.