La sentencia del procés hecha pública este lunes ha generado un profundo malestar en la Fiscalía, que acusó por rebelión a los líderes del desafío independentista, y a los que el Supremo ha condenado finalmente por sedición, malversación y desobediencia. Fuentes próximas al Ministerio Público afirman que el fallo, al no recoger el discurso televisado del Rey el 3 de octubre de 2017, puede llevar a entender que el jefe de Estado se extralimitó en sus funciones.

Aunque de cara al exterior la Fiscalía General del Estado acató y respetó el fallo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y afirmó que "hablar de éxitos y fracasos es ajeno al Ministerio Fiscal", el descontento es claro. Los representantes del Ministerio Público mantuvieron durante todo el juicio que las acciones de los independentistas pusieron en peligro las instituciones del Estado y constituyeron un atentado contra la Constitución. Ahora, según fuentes de este entorno, volverían a repetir los mismos argumentos porque consideran que los independentistas reincidirán.

El Estado mantuvo el control

La sentencia de la Sala de lo Penal del alto tribunal concluye sin embargo que el Estado "mantuvo en todo momento el control de la fuerza militar, policial, jurisdiccional e incluso social y lo mantuvo convirtiendo el eventual propósito independentista en una mera quimera". Justifica así el rechazo del delito de rebelión a pesar de la utilización puntual de la violencia por parte de los condenados.

Fuentes próximas a la Fiscalía se preguntan ahora en qué lugar queda el jefe del Estado, Felipe VI, una vez la Sala ha decidido condenar a los líderes independentistas por un delito de orden público en lugar de uno contra la Constitución.

Según las citadas fuentes, al no reflejar la sentencia en los hechos probados el discurso televisado del Rey el 3 de octubre de 2017, durante el que llamó a cumplir con la legalidad en Cataluña, podría ponerse en entredicho si se extralimitó en sus funciones de instar al respeto de la Constitución.

Esta circunstancia, y el rechazo de los magistrados a la petición de la Fiscalía de que los condenados no accedan al tercer grado penitenciario hasta la mitad de la condena, han sido los puntos que más han irritado a los miembros de la acusación pública. Sin embargo, no valoran la presentación de recursos extraordinarios a la sentencia firme.