El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha comprometido hoy a impulsar de nuevo el ejercicio del derecho de autodeterminación para "validar la independencia" en "esta legislatura" y ha advertido, frente a la tibieza de sus socios de gobierno, que "ahora se trata de conseguirlo, no solo de intentarlo".

En una intervención ante el pleno solicitada por el propio president para valorar la sentencia del procés, Torra ha iniciado su discurso asegurando que: "Si por poner urnas nos condenan a 100 años, la respuesta es clara, habrá que volver a poner urnas para la autodeterminación".

Una intervención que, junto a sus reticencias a condenar la violencia desatada en las capitales catalanas en los últimos tres días, ha llevado a la oposición en pleno, Cs, PSC, PP y los comunes, a reclamar la dimisión del presidente catalán. Aunque el más duro ha sido el popular Alejandro Fernández, que ha conminado a los jóvenes a no dejarse llevar por "el Gandhi catalán que va en coche oficial y cobra 150.000 euros".

No de ERC

Ni siquiera sus socios de ERC han avalado la propuesta de Torra por "validar" la independencia en esta legislatura. Una apuesta por volver a "poner las urnas" que el portavoz republicano Sergi Sabrià ha asegurado que "valorarán".

"Es hora de acumular fuerzas y de crecer, no es el momento de poner fechas, sino de trabajar en consensos que representen el 80% de Cataluña" ha advertido Sabrià, en sentido exactamente contrario a lo argumentado por Torra. "Valoraremos", la propuesta del president, ha añadido, "pero es en los grandes acuerdos en los que siempre nos hemos hecho grandes, los consensos amplios son nuestra fortaleza".

Previamente, Torra ha rechazado la anulación de las últimas resoluciones del Parlament impulsada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y ha dejado claro que piensa seguir impulsando debates sobre el ejercicio de la autodeterminación en esta cámara.

En este contexto, ha señalado que en el debate acordado para "fijar las vías para el ejercicio del derecho de autodeterminación yo defenderé que en esta legislatura se vuelva a ejercer" ese pretendido derecho. "Ahora se trata de conseguirlo no sólo de intentarlo" ha advertido, "se trata de no dejarnos vencer por las amenazas y los miedos. Esta legislatura tenemos que poder validar la independencia, esta es mi propuesta para un país que siempre está y no deja de demostrar su determinación".

Proyecto de constitución en primavera

Torra ha intentado desmentir las acusaciones de inoperancia de su gobierno, también en el ámbito independentista, y ha anunciado que en primavera de 2020 se presentarán las bases de la constitución de la futura "república catalana" en base al "proceso de debate constituyente" impulsado bajo la dirección de Lluís Llach.

De hecho, ha señalado el Consejo por la República y la comisión constituyente como las dos "grandes herramientas" para avanzar en el proceso independentista que se ha comprometido a reactivar.

"Es usted un irresponsable y no es digno de ser el presidente de todos los catalanes", le ha respondido Lorena Roldán, quien le ha afeado que "lo más grave que pasó ayer para usted fue que el Constitucional anulara una resolución del Parlament, no los heridos, la violencia y los destrozos".

En términos similares se ha expresado Miquel Iceta, quien ha advertido además contra las críticas a los cuerpos policiales. "No hay equidistancia entre quien apedrea un coche policial y los mossos, quien grita 'pim, pam pum,que no en quedi ni un' y 'matémolos a todos' merece todo nuestro rechazo".

La portavoz de CatEC, Jessica Albiach, también ha recriminado a Torra su silencio durante los últimos tres días y le ha recriminado ser "un activista, no un presidente de la Generalitat" aunque ha reproducido las críticas de ERC a la actuación de los Mossos d'Esquadra.

Indignación por la sentencia

En su comparecencia ante el pleno del Parlament para responder a las condenas del Tribunal Supremo a los líderes independentistas del "procés", Torra ha mostrado su "indignación y consternación" por una sentencia que ha calificado de "gran farsa" y de "infame" y que representa, ha dicho, "venganza y escarmiento".

La sentencia, ha denunciado, "entierra los cimientos del derecho" y supone la instauración de un "derecho de Estado contra la disidencia que solo se basa en la sagrada unidad de España", porque "limita a partir de ahora de manera vergonzante muchos de los derechos".