Desde hace dos años sufren pintadas y concentraciones ante comisarías, insultos, amenazas, coacciones y hostilidad a su círculo familiar por el hecho de ser policía nacional en Cataluña, sumándose al catálogo desde esta semana lanzamientos de objetos contundentes y bengalas a un helicóptero, agresiones físicas a agentes, intentos de asaltos a dependencias policiales... El clima es cada vez más irrespirable para la plantilla del Cuerpo Nacional destinada en esta comunidad, reforzada estos días con efectivos procedentes de otros puntos del país ante los altercados violentos que radicales están llevando a cabo en Barcelona y otros puntos de la comunidad.

El pasado domingo, un día antes de que los magistrados del Tribunal Supremo firmaran la sentencia que ha condenado a los líderes del procés a penas de entre nueve y 13 años de prisión, unas 700 personas se concentraron a las puertas de la Jefatura Superior de Policía en la capital catalana y profirieron cánticos reclamando la salida de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Pim, pam, pum, que no quede ningún", coreaban.

Fue lo mismo que reclamaron dos días después los manifestantes que, convocados por la organización independentista Poble Lliur Vallès Occidental, terminaron a las puertas de la comisaría de Sabadell (Barcelona). El lema de la marcha era directo: 'Fem los fora' (les queremos fuera).

Como éstos, la Confederación Española de Policía (CEP) ha documentado casi una veintena de episodios hostiles hacia el Cuerpo en Cataluña en menos de tres semanas, recrudeciéndose una campaña iniciada a raíz de la intervención de los funcionarios el 1-O para impedir la celebración del referéndum ilegal. Para una parte de la sociedad catalana, la Policía Nacional se ha convertido en un 'enemigo'.

"Buscan que este destino sea incómodo, que nadie quiera permanecer allí más tiempo del normativamente exigido antes de pedir otro destino. Se busca que el Estado no pueda cubrir plazas en las cuatro provincias y que, con ello, el papel de Policía Nacional acabe siendo irrelevante", explica Víctor M. Vigil, secretario general de la CEP. Y añade: "Buscan evitar que haya un Cuerpo de seguridad independiente, que sólo obedece a los principios constitucionales, para así poder imponer ese proyecto secesionista".

Estorbamos porque somos la herramienta del Estado que garantiza el cumplimiento de la ley", defiende la CEP

A raíz del segundo aniversario del 1-O, los actos de hostigamiento a la Policía Nacional se han sucedido en Cataluña, redoblándose esta semana tras el fallo del Supremo. La CEP aprecia tres tipos de actuaciones: concentraciones ante comisarías para "amedrentar, señalar e identificar" a los funcionarios destinados en "poblaciones con un tamaño pequeño", pintadas y lanzamiento de huevos para "estigmatizar" a los agentes y, en tercer lugar, "amenazas directas, insultos y coacciones".

Las unidades de Extranjería y Documentación de Españoles de Rubí (Barcelona) y Sant Feliu de Guíxols (Girona), las comisarías provinciales de Lleida y Tarragona, las comisarías locales de Mataró y Manresa (Barcelona) y Reus (Tarragona), entre otras, han sido blanco de los independentistas en las últimas semanas. "1-O, ni olvido ni perdono", dejó escrito Arran en una de sus pintadas.

Pintura rociada sobre la comisaría de la Policía Nacional en La Seo de Urgel (Lleida).

Con ciertas distancias, Vigil encuentra paralelismo entre lo que están sufriendo los funcionarios destinados en Cataluña con la situación que se registraba en el País Vasco y Navarra en los años de plomo del terrorismo etarra. "Buscan la impunidad de quienes pretenden imponer sus ideas y proyecto mediante la violencia. En ese escenario, nosotros estorbamos porque somos la herramienta del Estado que garantiza el cumplimiento de la legalidad y que las disposiciones de jueces y fiscales se lleven a efecto", añade el policía.

El sindicato reclama a Interior que eleve el plus a los agentes destinados en Cataluña y que puntúe más haber servido en esta región

Desde hace meses, CEP y otros sindicatos policiales vienen demandando al Ministerio del Interior que abone un complemento de territorialidad a los funcionarios destinados en Cataluña para mantener estabilidad en las plantillas y evitar que se convierta en un destino de paso y que el papel de la Policía "acabe siendo irrelevante". De momento, predican en el desierto.

En el programa integral de apoyo solicitado antes del pasado verano al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, esta organización reclamaba también que se cree un subprograma de acción social con el que se financie el alquiler y la compra de vivienda, que los funcionarios disfruten de días de descanso adicionales para "rebajar la presión laboral que se produce allí" y que se modifique la norma a fin de que haber destinado en esta comunidad bareme más a la hora de solicitar un cambio de destino.

"Dignificar las condiciones" del trabajo

Igualmente, reclaman que se ejecuten inversiones en comisarías y otras
dependencias policiales para "mejorar la seguridad y dignificar las condiciones de prestación del servicio" y que se les dote de los medios
materiales necesarios para desempeñar su labor con garantías. Todo ello, insisten, ayudaría a incentivar que funcionarios soliciten plazas que se
oferten las provincias catalanas y se corrija la tendencia actual, en la que las necesidades son cubiertas mayoritariamente por agentes que no acumulan puntos y son enviados de forma forzosa.

"En definitiva, reclamamos la aprobación de un Plan Integral Cataluña,
indispensable para que las capacidades de Policía Nacional se mantengan en esa Comunidad Autónoma y los compañeros desarrollen su trabajo allí con protección, garantías y estabilidad", agrega.