El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no quiere adoptar medidas excepcionales en Cataluña sin contar con "legitimidad social" para hacerlo. Según ha explicado este viernes en rueda de prensa en Bruselas, el Ejecutivo no se conforma con la "legitimidad democrática" y el "amparo legal" de mecanismos como el artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional.

Tras explicar que esas herramientas legales cuentan con "suficiente doctrina y normativa", Sánchez ha puesto un "pero": "Pero lo que es importante es que haya también una legitimidad social, que la ciudadanía entienda cuándo se aplican esas medidas. La ponderación contribuye a calmar los ánimos y a reconducir las situaciones", se ha justificado.

Sánchez ha negado que la tardanza o ausencia de esas medidas pueda dar una imagen de impotencia o debilidad del Estado. "Yo creo que la proporcionalidad es un signo de fortaleza. Ahí es donde nos vamos a situar. Es la mejor manera de hacer frente a este tipo de crisis", ha respondido a los periodistas.

Sánchez se ha referido también a las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que le ha pedido que reconozca que "Cataluña no es un sólo pueblo", sino que "tiene muchos pueblos y una sociedad plural y diversa", para pedirle que "reconozca que hay una parte de Cataluña mayoritaria que no quiere la independencia con la que hay que tratar de llegar a un acuerdo". "Puede tener una mayoría parlamentaria por la ley electoral, pero no una mayoría social", ha advertido.

En esa línea, ha criticado la "banalización de la violencia" por parte de Quim Torra, al que ha acusado de "frivolizar con la violencia, minusvalorar los efectos graves sobre la economía y sobre la convivencia en Cataluña de esa violencia" y de no respaldar a los Mossos, cuya coordinación con los Cuerpos de Seguridad del Estado Sánchez ha celebrado.

"Ante esa banalización o frivolización de la violencia nosotros decimos al a sociedad catalana que esta crisis se va a superar y que la tranquilidad y la convivencia en Cataluña se restaurará. En segundo lugar, el Estado social y democrático de derecho va a aplicar la legislación para garantizar la seguridad, la tranquilidad y la convivencia en Cataluña", ha asegurado.

Sobre la jornada de huelga, Sánchez ha subrayado que la Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica, pero ha pedido a los que se manifiestan que respeten los derechos de los ciudadanos que no comparten esas protestas. "Justamente el ejercicio del derecho de manifestación es la expresión y la prueba viva de la fortaleza de nuestra democracia, de las características democráticas de nuestro sistema", ha defendido.

"Quienes la ponen en duda pueden comprobar directamente que en España son respetadas todas las libertades, todos los derechos y todas las opiniones, y nadie es sancionado por sus ideas, solo por sus acciones cuando estas son, precisamente, contrarias a la legalidad democrática. Este derecho de manifestación debe ser protegido por todos los poderes públicos, y así lo hace el Gobierno de España y debe también ser ejercido, eso sí, de modo absolutamente pacifico, sin afectar a los demás ciudadanos que no deseen participar en la protesta, para que no se vean coaccionados", ha explicado.

El presidente en funciones también ha insistido en que no habrá impunidad para los manifestantes que recurran a la violencia. "Los culpables de actos violentos serán identificados y conducidos ante la justicia para que reciban la sanción que les corresponde, es decir, no va a haber ningún espacio para la impunidad ante los graves hechos violentos que hemos visto en los últimos días en distintas ciudades de Cataluña", ha insistido.

El jefe del Ejecutivo mantiene así su rechazo a adoptar medidas excepcionales como la activación de la Ley de Seguridad Nacional o del artículo 155 de la Constitución y sigue determinado a mantener la prudencia en los pasos del Gobierno a pesar del coste electoral que pueda tener para el PSOE.

A pesar del desgaste político, en el Ejecutivo también ven aspectos positivos de la situación que se vive en Cataluña estos días: el independentismo está profundamente dividido y la figura del presidente de la Generalitat cuestionada, mientras que los medios internacionales están ofreciendo una imagen del secesionismo vinculada a la violencia, los disturbios y los sabotajes que minan su credibilidad exterior.

La escalada de violencia se mantiene pero el Gobierno no quiere activar mecanismos de emergencia en primera instancia porque le dejaría sin instrumentos a los que recurrir en el caso de que los disturbios vayan en aumento, como está previsto que ocurra a partir de este viernes. Medidas como el artículo 155 o la Ley de Seguridad Nacional están previstas en caso de que las instituciones catalanas se salten la ley o que los Mossos hagan dejación de funciones o no colaboren con el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado, como ocurrió el 1 de octubre de 2017 y como no está sucediendo ahora, según fuentes de Moncloa.

Aunque el Ejecutivo socialista tiene contemplados todos esos escenarios legales para actuar en Cataluña en última instancia, el presidente mantiene su apuesta por el sosiego siempre y cuando los Cuerpos de Seguridad mantengan el control. En ese objetivo, el Ministerio del Interior y los departamentos de Defensa se están encontrando serias dificultades por la sofisticación de los movimientos de los radicales, que actúan perfectamente coordinados a través de una aplicación móvil.

El Centro Nacional de Inteligencia está avanzando en sus investigaciones sobre la plataforma Tsunami Democrtic, sus impulsores y la posibilidad de que tengan conexiones con dirigentes independentistas como el propio Quim Torra, como investiga la Audiencia Nacional, que ha detectado conversaciones entre el presidente de la Generalitat y los CDR detenidos por delitos de terrorismo. Según ha adelantado la Cadena Ser, en esas conversaciones interceptadas, Torra anima a los CDR a continuar con las acciones de protesta contra el Gobierno central y les asegura que siempre contarán con el apoyo del Govern.

En este sentido, el Gobierno tiene claro que si Torra traspasa la línea de la legalidad puede destituirlo a través del artículo 155 de la Constitución que ya se aplicó hace dos años en Cataluña precisamente para convocar elecciones autonómicas, como entonces exigió el PSOE, que estaba en la oposición.