El prior del Valle de los Caídos ha pedido al Tribunal Supremo que prohíba que guardias civiles armados "deambulen" tanto por el interior de la basílica como por la abadía, al entender que dicha presencia supone un quebrantamiento tanto del principio de inviolabilidad de los lugares de culto y del domicilio de los monjes como del derecho a la libertad religiosa al carecer los agentes de autorizaciones eclesiástica y judicial.

En un escrito presentado este viernes, al que ha tenido acceso El Independiente, la comunidad benedictina pide al Alto Tribunal que dicte una resolución con las medidas oportunas para que "cesen las vulneraciones" de los citados derechos fundamentales.

El Supremo ha avalado el desenterramiento de Franco acordado por el Gobierno frente a la pretensión de los familiares, pero tiene todavía que resolver el recurso que interpuso la congregación religiosa contra el traslado de los restos del dictador y pronunciarse sobre las alegaciones presentadas por esta parte tras acordar la Sala el alzamiento de la suspensión cautelar de la exhumación.

Allanado el camino por la Justicia, el Consejo de Ministros acordó el pasado 11 de octubre el inicio de las operaciones necesarias para trasladar al ex jefe del Estado desde la basílica del Valle de los Caídos hasta una sepultura del cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio antes del 25 de octubre y el cierre temporal de Cuelgamuros hasta que concluya su ejecución.

El prior, Santiago Cantera, ha realizado esta petición al Supremo dos días después de haberse dirigido a la Delegada del Gobierno en Madrid y no haber recibido respuesta. El religioso pedía a María Paz García que a la mayor brevedad designara un interlocutor con la abadía con capacidad de decisión al objeto de resolver las situaciones que se están presentando en el Valle de los Caídos tras la clausura provisional del recinto y no tener conocimiento de que se hubiera dictado una orden por escrito con las condiciones del cierre.

Horas después de la presentación del escrito ante el Alto Tribunal, la Delegación del Gobierno designó a un interlocutor que se reunió este viernes por la tarde con los monjes. Las comunicaciones son verbales: no hay un documento escrito en el que se detalle lo que se va a hacer hasta la materialización de la exhumación.

El prior denuncia ante el Supremo que se vulnera el principio de inviolabilidad de los lugares de culto al no tener los agentes autorización eclesiástica

"Se han venido sucediendo situaciones incómodas con los agentes de la Guardia Civil aquí destacados por la falta de claridad y cambios en las órdenes recibidas, por ejemplo sobre quién está autorizado para entrar en el recinto, quién puede asistir a la eucaristía en la basílica, etc, lo que produce situaciones manifiestamente irregulares e injustificadas, como la restricción del derecho de culto (manifestación del derecho fundamental a la libertad religiosa) de muchos fieles, la deambulación de agentes armados en el interior de la basílica -sin mi autorización eclesiástica y a todas las horas, incluido durante el culto- o por el interior del monasterio sin autorización judicial", escribía el prior en el correo electrónico enviado este miércoles a la delegada del Gobierno en Madrid.

Cantera recurría a María Paz García después de que, cuando se dirigió al capitán destacado en el Valle de los Caídos para buscar una fórmula que permitiera ir resolviendo "ágilmente" el día a día mientras se lleva a cabo la exhumación, el oficial de la Guardia Civil le reconoció que él no era un interlocutor "adecuado" y le remitió a la Delegación del Gobierno.

Fracasada la vía administrativa, la comunidad benedictina pretende ahora que sea el Tribunal Supremo el órgano que adopte las medidas para que cese la vulneración del principio de inviolabilidad de los lugares sagrados y del domicilio de los monjes y del derecho a la libertad religiosa que supone la presencia de los guardias civiles tanto en la basílica como en el monasterio.

La jerarquía eclesiástica guarda silencio

Fuentes de la abadía del Valle de los Caídos han reconocido a este diario que han enviado tanto al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, como al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, una copia del correo electrónico remitido a la Delegada del Gobierno en Madrid en el que denunciaba la restricción del derecho de culto que se estaba produciendo. La autoridad eclesiástica no ha respondido.

El silencio de la jerarquía de la Iglesia en España contrasta con el escrito de adhesión que sacerdotes y religiosos están firmando en reconocimiento a la "valentía" del prior y del resto de monjes benedictinos ante la "violación ilícita" de la basílica. "Esta defensa heroica del libre acceso de los fieles a los templos, y de la inviolabilidad de éstos, protegidos por las leyes divinas y humanas, recuerda hoy la intrépida resistencia del santo obispo Tomás Beckett negándose a secundar los deseos de su rey, contrarios a la Ley de Dios y a la responsabilidad del clero de custodiar, aun con sus vidas, las cosas y lugares sagrados a ellos encomendados", expone el escrito.

El Gobierno trabaja con la previsión de materializar el traslado de los restos de Franco entre el martes y miércoles próximos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido con los nietos del dictador en comunicarles con al menos 48 horas de antelación la fecha en que se consumará la exhumación.