La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha ordenado la entrada y registro este lunes del domicilio de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y hasta hace pocas semanas también del narcotraficante gallego Sito Miñanco.

El registro se enmarca en una operación del Juzgado Central de Instrucción número 3 contra otras personas por presunto blanqueo de capitales relacionado con un delito de Salud Pública. La instructora persigue saber si distintas personas, entre ellas Boye, ayudaron a la red de Miñanco a ocultar el dinero procedente del narcotráfico con la creación de sociedades a nombre de terceras personas.

Por eso ha ordenado este lunes varias entradas y registros de la Policía, entre ellos el domicilio y el despacho del abogado de origen chileno. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), se han ocupado de los registros. Boye está en libertad, y comparecerá el próximo miércoles en la Audiencia Nacional en calidad de investigado.

Ninguna relación con el independentismo

El nombre de Gonzalo Boye se relaciona en seguida con el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, puesto que él es uno de los miembros del equipo jurídico que se está encargando de su defensa. La semana pasada, sin ir más lejos, le acompañó a la comparecencia ante la Fiscalía belga después de cursar el juez Llarena del Tribunal Supremo la tercera Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra él.

La operación que se desarrolla este lunes por orden de la Audiencia Nacional no tiene nada que ver con Carles Puigdemont ni con el independentismo, sino que está relacionada con el narcotráfico. Boye también es experto en delitos contra la Salud Pública y se ha encargado de la defensa de algunos de los narcotraficantes más buscados del país, como el gallego Sito Miñanco, al que representó hasta fechas recientes.