El prior de la abadía del Valle de los Caídos ha pedido al juzgado que investigue a dos guardias civiles y a un alto cargo de la Delegación del Gobierno en Madrid por impedir a los monjes el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en las leyes y coacciones, al colocarse una cadena y un candado para prohibir el acceso a la basílica de los frailes benedictinos antes de que se iniciaran los preparativos para la exhumación de Franco.

Santiago Cantera ha presentado este lunes una denuncia ante el juzgado de guardia de San Lorenzo del Escorial -término municipal madrileño en el que se ubica Cuelgamuros- al entender que las medidas que se han adoptado desde que el Gobierno decidió el pasado 11 de octubre cerrar el recinto para organizar el traslado de los restos del dictador "van mucho más allá" de lo previsto en los distintos acuerdos de Consejo de Ministros.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, el prior defiende que guardias civiles armados ha estado accediendo a la abadía desde ese día "sin autorización judicial" y al interior de la basílica sin permiso eclesiástico, como ya puso en conocimiento del Tribunal Supremo el pasado viernes.

"Desde entonces, entran y salen a su antojo y, ante la persistente reclamación de explicaciones, únicamente alegan que tienen órdenes verbales en tal sentido de la Delegación del Gobierno, sin facilitar nunca una resolución escrita que así lo recoja y fundamente", expone.

El religioso, elegido por los nietos de Franco para dar el responso a los restos cuando sean exhumados y a co-oficiar la misa en el acto de reinhumación en El Pardo-Mingorrubio, también denuncia que se negara el acceso a la iglesia a "numerosas personas" -entre ellas familiares de los niños de la escolanía y ciudadanos autorizados por la abadía- para asistir a oficios religiosos. Ello les llevó el domingo 13 de octubre a organizar la misa de las 11 en la explanada exterior.

Cantera pide a un juzgado de El Escorial que abra una investigación por coacciones e impedir el ejercicio de derechos cívicos

Tampoco pasa por alto Santiago Cantera que los dos guardias civiles señalados -un capitán y un teniente- les pidieran un listado en la que se detallara la identificación completa (nombre, apellidos y DNI) de las personas que quisieran acudir a la eucaristía, exigencia que decayó después de hacerles ver que esa solicitud "podía ser contraria al derecho a la libertad religiosa y a declarar sus creencias".

Entre los reproches, el prior también incluye la prohibición de acceso a la basílica de los monjes desde las 14 horas de este domingo a fin de preparar los trabajos necesarios para desenterrar el cuerpo embalsamado de Franco, que descansa desde el 23 de noviembre de 1975 en un sepulcro habilitado en el presbiterio de la basílica del Valle de los Caídos (entre el altar mayor y el coro).

Cadena y candado para impedir el paso a la basílica.

Según detalla en el escrito, Santiago Cantera ya advirtió al alto cargo de la Delegación del Gobierno en Madrid durante una reunión mantenida el pasado viernes que formularía denuncia si se impidiera a los "monjes custodios del lugar" entrar en la iglesia, como así sucede desde este domingo. Una cadena y un candado en la puerta imposibilita el tránsito desde la abadía al templo, sin que -dice- la Guardia Civil haya exhibido "una orden judicial" que amparara esa prohibición.

"Lo grave no es sólo que se impida el acceso a los monjes, sino que en una basílica campen libremente militares armados y operarios de funeraria y constructoras sin control alguno, pudiéndose, en consecuencia, producir profanaciones y actos contrarios al culto y a la piedad propios de una basílica", añade.

El prior cree que las medidas previas a los trabajos de exhumación “van más allá” de lo acordado por el Consejo de Ministros

El prior interpreta que el permiso que el Gobierno les solicitó para entrar en el templo a fin de ejecutar el traslado de los restos del dictador -denegado y sustituido posteriormente por el Tribunal Supremo- era "exclusivamente" para realizar las labores de exhumación, "sin que en modo alguno permitiera el acceso de guardias civiles semanas antes del inicio de los trabajos ni mucho menos prohibiera el acceso a la basílica de los monjes benedictinos al menos para asegurarse que no se llevaba a cabo ningún acto que pudiera considerarse impropio de un lugar de culto".

Cantera considera que los hechos tienen encaje en el artículo 542 del Código Penal, que prevé la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años a la autoridad o el funcionario que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de derechos cívicos consagrados por la Constitución o las leyes.

"Cadenas y candados"

"Se ha impedido, sin estar legítimamente autorizado y con violencia (guardias civiles armados colocándose como barrera para impedir el acceso, colocación de cadenas y candados en la puerta de acceso), ejercer un derecho fundamental", resume la cabeza visible de los benedictinos en el Valle de los Caídos. Éste también aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de coacciones.

El prior señala como responsables de esta presunta vulneración de derechos a dos agentes de la Guardia Civil -los mandos que les han ido transmitiendo verbalmente las decisiones que se han ido adoptando- y al alto cargo de la Delegación del Gobierno, no sin reconocer el "trato exquisito" y "correcto" recibido de ellos.