Nadie dijo nada. Tampoco hubo quien amenazara con los tribunales, con derogar las resoluciones o con imputar delito alguno a quienes facilitaran el debate o respaldaran las propuestas. Ni en la Euskadi de José Antonio Ardanza, ni en la de Juan José Ibarretxe, ni en la de Iñigo Urkullu. En el País Vasco hace muchas décadas que el pulso en defensa del derecho de autodeterminación se libra en debates del Parlamento Vasco. Al menos en seis resoluciones de la Cámara vasca se ha reclamado oficialmente y se ha reconocido el “derecho del pueblo vasco” a su autodeterminación, a decidir su futuro y a establecer su modelo institucional y su encaje territorial.

En Cataluña la tramitación de una iniciativa para debatir el derecho de autodeterminación ha precipitado esta semana la advertencia de los letrados de la Cámara a los miembros de la Mesa ante posibles consecuencias penales por un posible delito de desobediencia por dar trámite a una cuestión como ésta. Recuerdan que colisiona con las advertencias hechas por el Tribunal Constitucional e instan a su presidente, Roger Torrent, a reconsiderar la tramitación de la propuesta pactada por ERC, JxCat y la CUP y que se debatirá en el Pleno de los días 12 y 13 de noviembre.

En el País Vasco el derecho de autodeterminación es un debate reiterado, cíclico. Hace tres décadas ya se aprobó una declaración que hoy sería impensable en el Parlament. El 15 de febrero de 1990, PNV, EA y Euskadiko Ezkerra (EE) sacaron adelante una declaración por la cual el Parlamento de Euskadi proclamaba que “el pueblo vasco tiene derecho a la autodeterminación”. Un texto en el que se incidía que era la ciudadanía la que poseía la potestad para “decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultural”. Ya entonces, la Cámara vasca proclamó que la finalidad del derecho de autodeterminación era “la construcción nacional” de Euskadi cuyo “pueblo” era el único titular del “derecho a la libre determinación”.

Derecho de 'Euskal Herria'

Años después, el ‘Plan Ibarretxe’ iniciaría su camino para intentar hacer del País Vasco una suerte de ‘Estado libre asociado’ de España. El recorrido que tensó a la sociedad vasca y que terminaría por expulsar a Ibarretxe de la política y al PNV del poder, culminó en 2005 con el rechazo a una propuesta cuya base partía del “reconocimiento del derecho del pueblo vasco a decidir su futuro, el derecho de autodeterminación”. También entonces contó con el apoyo mayoritario de la Cámara de Vitoria.

Casi una década más tarde, el Parlamento volvió a reiterar su defensa del derecho de autodeterminación. Lo hizo el 29 de mayo de 2014 aprobando una resolución que proclamaba el derecho de “Euskal Herria a la autodeterminación”. Lo hizo mediante una proposición no de ley de EH Bildu que contó con el apoyo del PNV y que en gran medida se basaba en la ya avalada tiempo atrás, en 1990. En ella se añadía que los vascos “tienen derecho a dotarse de un marco político propio o compartido, en todo o en parte, su soberanía con otros pueblos”.      

Cuatro años más tarde, en el Parlamento Vasco se vuelve a debatir la cuestión. Y no es un contexto cualquiera. Coincidiendo con el 40 aniversario de la proclamación dela Constitución, el 29 de noviembre de 2018 la Cámara aprueba una iniciativa para instar a la reforma de la Carta Magna de modo que incluya en su articulado “el principio de libre determinación”. Una reforma constitucional para apuntalar la plurinacionalidad del Estado y su plurilingüismo. La propuesta contó con el voto favorable de Bildu y PNV, y de Elkarrekin Podemos.

El nuevo 'estatus' vasco

Y en cuestión de menos de un mes, la autodeterminación volverá a centrar un duro debate en el Parlamento. La fecha fijada es el 30 de noviembre, sólo dos semanas más tarde del pleno que el parlament celebrará y en la que pretende incluir el debate ahora en cuestión.

Todos los partidos con representación en el Parlamento de Vitoria designaron a un experto para que conformara la comisión encargada de elaborar un texto articulado para lo que aspira a ser el nuevo estatuto vasco. El texto, que se entregará a afínales del próximo mes, se basa en un documento de bases aprobado por la Cámara sólo con el respaldo de PNV y Bildu -y parcialmente de Podemos- en el que entre otras muchas cuestiones se establece que el nuevo estatuto del País Vasco deberá reconocer el derecho a decidir. El 19 de diciembre de 2017 la ponencia parlamentaria constituida al efecto votó favorablemente a la inclusión de este derecho en el articulado. La propuesta sólo contó con el rechazo de PSE y PP.

Precisamente el lunes, el lehendakari, Iñigo Urkullu, llamó a «aunar voluntades» para dar un «salto cualitativo» en la «construcción nacional». Lo hizo durante un acto que con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Gernika donde defendió el «autogobierno singular reconocido y gradual» como la base sobre la que se debe construir el movimiento para hacer «crecer» el autogobierno vasco.