Quienes a regañadientes lo respaldaron como una ‘cesión’ necesaria para un nuevo tiempo, hoy lo defienden con vehemencia. Los que lo firmaron como un logro insuficiente, como el ‘campo base’ de una ascensión hacia la soberanía de un pueblo, hoy lo miran con desdén. Aquel documento de 47 artículos que todo lo cambiaría fue el primero. También será el último. Abrió el camino, junto al catalán, en 1979, a los otros quince estatutos de autonomía que vendrían después, entre 1981 y 1995, y que definirían la España postfranquista que alumbró la Transición. El resto nacieron más tarde pero han rejuvenecido antes y mejor. El Estatuto de Gernika se ha quedado anquilosado en el tiempo. Sus defensores subrayan hoy su vigencia, sus menos afines, el incumplimiento de muchos de los preceptos que arrastra y la necesidad de superarlo con un nuevo salto normativo.
El vasco, junto al gallego, es el único Estatuto de autonomía que no se ha renovado. Mientras en otras comunidades autónomas sus normas se han reformado hasta en tres y cuatro ocasiones (Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Madrid, Murcia o Valencia), en Euskadi aquel documento que aprobaron en referéndum el 25 de octubre de 1979, sólo cuatro años después de la muerte de Franco, sigue intacto. No se ha actualizado su contenido desde hace cuatro décadas.
La norma que permitió la institucionalización de Euskadi lleva años sobrevolando su reforma, los mismos que la falta de acuerdo entre las distintas sensibilidades políticas lo impide.
El 41% de los vascos se abstuvo en el referéndum de aprobación. Hoy sólo el 12% dice estar 'insatisfecho' con el Estatuto
Nunca fue un texto que levantara pasiones. Ni siquiera en sus comienzos. La consulta que debía ratificarlo aquel 25-O contó con una participación discreta, el 58,8%. O lo que es lo mismo, una abstención elevada del 41%. Ni determinadas formaciones de derechas de ámbito nacional, ni la izquierda abertzale de la época promocionaron su aprobación. Más aún, Alianza Popular promulgó el 'No' –frente al 'Sí' que defendió la UCD-. En el otro extremo, Herri Batasuna defendió la abstención. Entre quienes abogaron por el 'Sí', el PNV, el PSOE y Euskadiko Ezkerra.
Un 12% de 'insatisfechos'
En todos estos años, las posiciones y los afectos o rechazos hacia el Estatuto más viejo y menos renovado del país se han movido en direcciones dispares. Lo han hecho de acuerdo a la corriente social y política de cada momento. En la convulsa Euskadi, la ilusión con la que el nacionalismo institucional lo exprimió en sus comienzos, en la década de los 80, para levantar el País Vasco del ‘autogobierno’ que la dictadura dejó lastrado, -y cuyos logros hoy reivindica constantemente-, fue una constante. Después llegó el tiempo oscuro en el que la opresión terrorista y la fractura social amenazaba con dividir la región. El Estatuto de Gernika, y el consenso entre diferentes que lo alumbró, se convirtió en un refugio necesario a finales de la década más violenta de ETA y el comienzo de los 90.
En la medida en que aquel Estatuto permitió dar músculo a la autonomía vasca fue una herramienta sin mucho cuestionamiento. La recuperación de las instituciones forales, sus haciendas y con ellas el Concierto Económico, la creación del modelo educativo propio, el sistema sanitario vasco y, más adelante, la Ertzaintza como policía integral, irrumpían como frutos ineludibles de aquel documento que cuatro de cada diez vascos se negaron a apoyar en referéndum.
Hoy sólo el 12% de la ciudadanía vasca reconoce abiertamente estar insatisfecha con el resultado. Según el último Euskobarómetro, el 83% de los vascos afirma estar plena o parcialmente contento con él. Y muchos, uno de cada tres, se conformarían con que se hiciera cumplir íntegramente, sin necesidad de ir más lejos. Otro 26% en cambio cree que se debe reformar cuanto antes y hacerlo introduciendo cláusulas que eleven el ya de por si alto nivel de autogobierno que otorga a Euskadi.
Euskadi sigue fracturada entre quienes conmemoran el 'Aberri Eguna' y los que reivindican el 25-O, día del Estatuto
Hace años que el Estatuto dejó de ser un punto de encuentro. En realidad, nunca lo fue del todo. Muestra de ello es lo sucedido durante el mandato del lehendakari Patxi López. Al año de acceder al Gobierno en Ajuria Enea, el gobierno socialista, con el respaldo del PP y de UPyD, aprobó el 22 de abril de 2010 una ley para declarar festivo el 25 de octubre y considerarlo el ‘Día de Euskadi’. Su aspiración apenas se prolongó dos años, 2011 y 2012. Cuando el PNV regresó al poder también tardó sólo un año en derogar esa ley. Lo hizo el 23 de noviembre de 2013 con el apoyo de EH Bildu, que le cedió 6 votos a favor y 15 abstenciones en el Parlamento Vasco para erradicar la festividad. A partir de entonces se regresaba a la Euskadi fracturada, la que conmemora el ‘Aberri Eguna’ (Día de la Patria vasca) cada Domingo de Resurrección, el PNV y EH Bildu, y la de los que celebran el 25-O, día del Estatuto de Gernika, PSE y PP.
Cinco años de ponencia
Los nacionalistas de Urkullu insisten en que nunca debe ser un acto de celebración conmemorar el incumplimiento de una norma fundamental cuatro décadas después. En este 40 aniversario los únicos actos promovidos han sido bien para recordar el acuerdo que se alcanzó en 1979 y los logros obtenidos por ‘sus negociadores’ o para subrayar el nivel de incumplimiento que arrastra. Y menos aún para la izquierda abertzale, que ve en el Estatuto de Gernika una pantalla pasada llamada a ser superada con urgencia con mayores dosis de soberanía.
Pero antes el PNV y su gobierno de coalición con el PSE quieren cerrar bien esa etapa. El cronograma que firmó con Pedro Sánchez y por el cual se cederían antes de enero de 2020 la treintena de materias pendientes, sigue incumplido. En enero del año pasado se cerró el pacto para iniciar tres fases de cesiones competenciales que por el momento siguen incumplidas. En la lista figura como epílogo del proceso la gestión de los centros penitenciarios, a comienzos del próximo año, pero no la otra joya de la corona recogida en el Estatuto: el régimen económico de la Seguridad Social.
Y mientras esa batalla se sigue librando, la renovación del Estatuto más viejo y anticuado del país continúa encallada. Los trabajos para diseñar su renovación comenzaron hace más de cinco años y medio, en marzo de 2014, cuando se constituyó la Ponencia de Autogobierno de la Cámara de Vitoria. En alrededor de un mes un grupo de expertos juristas designados por los partidos políticos deberá hacer entrega al Parlamento Vasco de su propuesta de texto articulado. No será un documento de amplio consenso. En realidad no lo puede ser por el punto de partida del que nació: un acuerdo de bases entre PNV y EH Bildu. Ni el PSE, ni el PP ni Podemos lo comparten.
El Parlamento Vasco lleva cinco años y medio buscando un consenso para aprobar un nuevo 'estatus político'
Será entonces momento de conocer si, como desea el PNV, el nuevo ‘estatus’ que defina la propuesta incluye el derecho a decidir, sitúa a Euskadi en una relación “confederal” con España, de “igual a igual” con el Estado y establece un mecanismo de garantía bilateral a modo de un ‘concierto político’.
Dentro de la legalidad
También de descubrir si el compromiso adquirido por los nacionalistas moderados de Ortuzar y Urkullu de no rebasar el marco legal se garantiza. El lehendakari ha defendido siempre que tanto la disposición adicional Primera de la Constitución –por la que se “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales” y su “actualización”- como la disposición adicional del Estatuto de Gernika –que asegura que el Pueblo vasco no renuncia a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia”- son caminos a explorar.
El ‘Plan Ibarretxe’ fue el precedente más claro de intento de renovación y superación del Estatuto vasco. Superó la aprobación de la Cámara autonómica pero no de las Cortes, donde ni siquiera fue tramitado. Ahora, el ‘nuevo estatus’ vasco en el que trabajan las formaciones en Euskadi no quiere repetir el mismo recorrido de ida y vuelta. El Tribunal Constitucional ha dejado claro en varias ocasiones que los Estatutos de Autonomía deben ser normas “subordinadas” al marco constitucional y que no aceptará artículos ni contenidos que lo rebasen.
Cada vez más los nuevos estatutos han ido adoptando forma de ‘constituciones autonómicas’, en su estructura formal –preámbulo, parte dogmática y parte orgánica- e incluso en su extensión. El Estatut de Cataluña que ya pulió al Alto tribunal pasó de 57 a 223 artículos y el de Andalucía, de 75 a 250. En el caso vasco aún se desconoce cuál será su extensión y su contenido preciso, articulado. Lo único claro que hoy por hoy se puede afirmar es que no existe consenso ni para reformarlo, ni para superarlo. En 1979 los extremos lo rechazaron, en 2019 vuelven a hacerlo y el centro, el más amplio, es el que puede lograr que el de Gernika deje de ser el único sin renovar en la cuestionada España de las autonomías.
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