Esta semana, el ex presidente de la Generelitat huido de la justicia española, Carles Puigdemont, llamó a convocar una "Asamblea de Cargos Electos", sin legalidad y sin ninguna función, que reúna a alcaldes, concejales, diputados y senadores independentistas para articular desde ella el nuevo desafío independentista tras la sentencia contra los líderes del procès.

Todos los partidos han respondido a la llamada y han confirmado que participarán en la convocatoria de esta Asamblea, que se celebrará el próximo 30 de octubre en un lugar aún por determinar. Eso sí, el también alegal Consell per la República, dirigido por Carles Puigdemont desde Bruselas, les pide 10 euros para poder asistir. Como mínimo.

En la web de inscripción al evento, el equipo del Consell pide a los "cargos electos" todos sus datos, para poder verificarlos posteriormente en el día de celebración de la reunión. Y termina reclamándoles un pago, de 10 euros "como mínimo", por transferencia, para poder acudir.

Es la misma cantidad que se exige para inscribirse en el fracasado Consell, con el que el independentismo pretendía crear una superestructura incontrolable por el Estado, pero que casi dos años después de ser ideada apenas ha superado los 80.000 inscritos...y pagadores.