El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dado un plazo máximo de diez días a la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) para que facilite el coste de los programas encargados a productoras privadas, al entender que no hay límite que justifique las razones esgrimidas por la cadena pública para ocultar la información.

El órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de la ley que obliga a los gestores públicos a ser transparentes ha estimado la reclamación presentada por un redactor de este medio después de que RTVE se negara a facilitar el coste de la programación externalizada en a una petición de información tramitada a través del Portal de Transparencia el pasado 12 de junio.

En concreto, la corporación invocó uno de los 12 supuestos que, en su artículo 14.1, prevé la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para limitar el derecho de acceso a la información: la difusión de estos datos podría ocasionarle un perjuicio a sus «intereses económicos y comerciales».

«Publicar esa información puede perjudicar los intereses comerciales de RTVE, ya que ésta se mueve en el mismo mercado que las televisiones privadas y difundir esta información le generaría una desventaja competitiva respecto de aquéllas. Por esta razón, estos contratos están sujetos a deberes de confidencialidad», contestó la secretaria general, Elena Sánchez.

Transparencia considera que la corporación pública no ha acreditado "suficientemente" que se puedan ver perjudicados sus intereses económicos y comerciales por difundir la cuantía de la producción externalizada. "Desvelar el coste no es poner en desventaja a RTVE porque no tiene que competir con otras televisiones para conseguir mayor audiencia, para a su vez conseguir más ingresos", razona el Consejo, que no pasa por alto el hecho de que la cadena hubiera reconocido en las alegaciones con las que combatió la reclamación que "no tiene como objetivo alcanzar rentabilidad económica".

Transparencia niega que revelar el coste de la producción externa perjudique sus “intereses económicos y comerciales”, como adujo la corporación

El órgano también entiende que facilitar el dato solicitado "tampoco supondría perder audiencia" o incumplir su función de servicio público. "Precisamente por ser su razón de ser el 'servicio público' tiene que atender a los ciudadanos que no son destinatarios de la programación mayoritaria, que es por la que compiten las cadenas privadas", añade.

Igualmente, el Consejo de Transparencia tampoco comparte el argumento de que sólo teniendo la máxima audiencia podría cumplir con los principios de economía y eficiencia de gasto que se le exige como administración pública. En su opinión, esos objetivos se alcanzarán "administrando correctamente los recursos públicos de los que dispone para cumplir con el servicio público que tiene encomendado, que evidentemente no tienen como objetivo las televisiones privadas".

El supuesto perjuicio que le causaría el hecho de que se conociera cuánto desembolsa por producción externa "tampoco"queda justificado con el argumento ofrecido por RTVE para denegar la información solicitada en el sentido de que no excede los porcentajes establecidos en el mandato-marco: el 40 % de la oferta generalista del conjunto de la programación con contenidos de actualidad, infantil y juvenil, educativo, medioambiental, religioso o de protección al consumidor y del 45 % en programas divulgativos, deportivos, series de ficción, magazines, concursos, humor, entretenimiento gran formato, talk show, dibujos animados, musicales, docu-serie, reality show, televenta y ficción-teatro. 

El coste de 'Masterchef'

Cuando compareció en el Congreso el pasado 28 de febrero ante la comisión de control de la Corporación RTVE y sus sociedades, la administradora única provisional (Rosa María Mateo) defendió que la política de la cadena pública es la de externalizar tan sólo las producciones y servicios que "no pueda realizar el personal propio". "La Corporación emplea siempre que están disponibles los recursos internos propios, tanto humanos como materiales. Como empresa pública debemos ceñirnos a un presupuesto muy limitado -yo decía lo de los mil millones de euros, que parece una gran cantidad pero es un presupuesto muy limitado- para competir en un mercado donde el resto de operadores no tienen limitación alguna en la contratación de medios, en la contratación de personas y en el presupuesto", defendió Mateo en respuesta al diputado Ricardo Sixto Iglesias, de Unidas Podemos.

No es la primera vez que RTVE se ha negado a revelar el coste de la parrilla que mantiene externalizada. Así, el portal maldita.es ha tenido que llamar a las puertas de la Justicia para conocer cuánto abonó la cadena pública a la productora Shine Iberia en 2017 por cada programa de Masterchef: 371.267 euros por la versión de concursantes anónimos, 489.899,97 euros por Masterchef Júnior y 479.954 euros por Masterchef Celebrity.