La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha dejado entrever este lunes que hizo gestiones para que el Vaticano no se opusiera a la exhumación y traslado de los restos de Franco desde la basílica del Valle de los Caídos hasta el cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo.

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Declaraciones de Carmen Calvo a Onda Cero

"¿El Papa de perfil? Yo creo que no, yo creo que no. El Papa, que es argentino de origen, quizá entendiera muy bien que el Gobierno de España quisiera no tener ahí al dictador", ha declarado Calvo este martes al programa Más de Uno, de Onda Cero.

Uno de los obstáculos que encontró el Ejecutivo de Pedro Sánchez para sacar el cuerpo embalsamado del dictador de Cuelgamuros fue la firme oposición del prior de la abadía, Santiago Cantera, que en dos ocasiones denegó la autorización al Ejecutivo para acceder al templo ante la negativa de los nietos de Franco a que se llevara a cabo el traslado.

La comunidad benedictina entendía que la exhumación no se podía llevar a cabo sin la autorización eclesiástica en virtud del acuerdo con la Santa Sede para asuntos jurídicos, que consagra la inviolabilidad de los lugares sagrados y de culto. El Tribunal Supremo ha rechazado esa interpretación y ha concluido que la sentencia con la que rechazó íntegramente y por unanimidad el recurso interpuesto por los descendientes del dictador era título habilitante suficiente para desenterrar al ex jefe del Estado, operación consumada el pasado jueves.

"Yo he trabajado en lo que me correspondía para que esto haya llegado al fin que ha llegado", ha declarado la número dos del Gobierno. Ésta ha mostrado su satisfacción "por la cantidad de gente que ha tenido que estar callada y que ahora está mucho más cómoda en un país que nos tiene que dar respuesta a todos, absolutamente a todos, hasta a los franquistas que queden por ahí disconformes como parece".

Viaje de Calvo a Roma

El pasado 5 de octubre, seis días antes de que el Consejo de Ministros acordara cerrar temporalmente el Valle de los Caídos para llevar a cabo la exhumación de Franco antes del 25 de octubre, Calvo se desplazó a Roma para asistir al acto de nombramiento de trece nuevos cardenales, dos de ellos españoles: el sevillano Miguel Ángel Ayuso Guixot y el salesiano almeriense Cristóbal López Romero.

Era el segundo desplazamieno de la número dos del Gobierno a Roma, después del viaje que hizo a finales de octubre para entrevistar con el Secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Entonces el Ejecutivo tramitaba el expediente administrativo que desembocó el 15 de febrero con el primer acuerdo del Consejo de Ministros sobre la exhumación.

No han sido los únicos contactos. A principios de año, la vicepresidenta del Gobierno ya había mantenido un intercambio epistolar con el cardenal Parolin para quejarse por la actitud que mantenía el prior Cantera. Calvo le envió una carta semanas después de que el religioso denegara por primera vez el permiso para acceder a la basílica.

Calvo ha ido a Roma dos veces y ha intercambiado cartas con el 'número dos' del Vaticano durante el último año

La número dos pedía a su interlocutor que tomara las decisiones oportunas «a fin de remover los obstáculos que la referida abadía ha creado con su decisión» y evitar «un conflicto jurídico y político» indeseado. Parolin.

En su respuesta, fechada el 14 de febrero y desvelada por El Independiente, el cardenal Parolin le recordaba a Carmen Calvo que la "controversia" estaba "sometida al Derecho y a la Justicia españoles", después de que los descendientes del dictador hubieran interpuesto un contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

Con todo, el cardenal reiteró a Calvo lo que ya le dijo cuando la recibió en el Vaticano el pasado 29 de octubre: "La Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del General Franco si la autoridad competente así lo dispone".

La duda que se plantea ahora es si, como ha anunciado, la abadía benedictina del Valle de los Caídos agotará sus recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al entender que se han vulnerado derechos fundamentales.