Muchos lo hacen por motivos personales; otros, al verse envueltos en casos de corrupción. Pero las dimisiones de cargos públicos también se han sucedido en los últimos años por causas no menos polémicas. El supuesto pago en un prostíbulo con la tarjeta de crédito municipal, plantaciones de marihuana o publicaciones que desataron la polémica en las redes sociales… Estos fueron los motivos que dejaron a algunos de nuestros políticos sin sus puestos de trabajo.
Los últimos en sumarse a esta lista de dimisiones han sido dos parlamentarios de Andalucía. Se trata de Andrés Samper, diputado de Ciudadanos por Almería, que presentó su renuncia la semana pasada tras conocerse que ofrecía viajes compartidos por la aplicación BlaBlaCar a pesar de recibir dietas por desplazamiento.
Otro diputado autonómico, José Luis Cano Palomino, reconoció el lunes que desde que es parlamentario de Adelante Andalucía –coalición integrada por Podemos e Izquierda Unida- por Jaén ha aprovechado “en algunas ocasiones” sus desplazamientos al Parlamento andaluz, en Sevilla, para cobrar viajes a través de la plataforma.
El propio Cano detalló en un comunicado en Facebook que el Parlamento le paga 25 céntimos por kilómetro, lo que en su caso significarían algo más de 480 euros de media al mes, mientras que su partido le paga 20 céntimos por kilómetro. Para “evitar” a su partido “un desgaste que no le corresponde”, el diputado dimitirá este martes.
Del sindicato de trabajadoras sexuales al burdel de Camas
Entre las dimisiones más recientes está la de Concepción Pascual como directora general de Trabajo. Hace poco más de un año, Pascual dio luz verde a la creación del primer sindicato de trabajadoras sexuales en España, la 'Organización de Trabajadoras Sexuales' (OTRAS).
Una decisión, sin embargo, que no gustó al Gobierno de Pedro Sánchez, que desconocía la autorización al sindicato y que llegó a pedir a la Abogacía que la declarase nula. Pascual, que apenas llevaba dos meses en su puesto, dimitió tras la polémica.
Otro caso sonado en Andalucía es el que rodeó en 2011 a Miguel Ángel Domínguez, ex alcalde socialista de Valverde del Camino (Huelva) Tal y como informó El Mundo, Domínguez supuestamente llegó a pagar con la tarjeta de crédito del Ayuntamiento 3.685 euros en ‘Los Daneses’, un prostíbulo del pueblo sevillano de Camas. Domínguez, al que le quedaban pocas semanas para perder la alcaldía en las elecciones municipales, utilizó también otras dos tarjetas en el burdel.
El escándalo saltó a la luz cuando el socialista ya no era el edil valverdeño, pero sí delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE, cargos a los que tuvo que renunciar. El dinero gastado con la Visa municipal fue devuelto a las arcas del Ayuntamiento días después. El político aseguró entonces que tuvo que afrontar el pago de unos encargos del PSOE pero que su tarjeta personal no le funcionó, informó Efe. Además, explicó tener la “conciencia muy tranquila” de no haberse gastado dinero público en temas personales y anunció medidas legales para los que le acusaron “falsamente”. El caso fue archivado meses después por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva, que no vio delitos en los hechos.
Políticos con cultivos de cannabis
Sí la polémica del BlaBlaCar ha puesto en el punto de mira a dos cargos públicos en la última semana, el cultivo de marihuana llevó a la detención de dos candidatos de Podemos en las municipales del 26 de mayo de un pueblo de Cantabria y a la dimisión del teniente de alcalde de una localidad granadina.
Los hechos del primero de los casos se conocieron el 16 de mayo. La Guardia Civil detuvo ese día a Rocío Perez Trueba, número dos de Podemos en la lista para las municipales del pueblo cántabro de Laredo, y a Jacob San Emeterio Rodríguez, número ocho de los morados. Los dos frecuentaban un chalet perfectamente acondicionado para el cultivo de 500 plantas de marihuana. Su extraña conducta llevó a los agentes a vigilarles y, finalmente, a detenerles por ser los presuntos autores de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Podemos forzó la dimisión de sus dos integrantes.
Estos mismos delitos provocaron también la dimisión de Manuel Palma, teniente de alcalde de El Valle (Granada), dos meses después. El edil popular fue puesto a disposición judicial junto con otra persona por presuntamente albergar 265 plantas de cannabis en una vivienda, según Europa Press. Palma defendió su inocencia pero dimitió para no “dañar ni las siglas del PP” ni a sus compañeros del Gobierno municipal.
El humor negro de Zapata
Las redes sociales se han convertido en un canal enorme de difusión para los personajes públicos, ya sean directores de cine, deportistas o políticos. Tanto que los comentarios de uno de estos últimos se llevaron por delante su puesto de trabajo. llevado por delante algunos puestos de trabajo. Hablamos del escándalo que se generó en 2015 entorno a Guillermo Zapata, el que fuera concejal de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Manuela Carmena. Al edil se le ocurrió hacer humor negro en sus tuits con temas como el Holocausto o la víctima de ETA Irene Villa. Zapata reiteró sus disculpas y defendió que los tuits estaban “descontextualizados”, lo que no evitó su renuncia como concejal. “No soy antisemita, rechazo todo tipo de violencia, nunca he sentido afecto por el terrorismo de ningún modelo. Mi respeto por las víctimas es absoluto, independientemente de lo que se pueda traducir de esas bromas”, defendió entonces, en declaraciones recogidas por Europa Press.
El año pasado fue un vídeo promocional de 'Popeye', antiguo sicario de Pablo Escobar, el que desató la presión sobre un concejal de la localidad almeriense de Carboneras. Se trata de Pascual Díaz, responsable de Turismo del pueblo. “Pensé que era un actor de la serie Narcos”, contó en una entrevista a ABC. Díaz difundió en Facebook dos vídeos donde aparece 'Popeye' promocionando la costa almeriense. Según su versión, un amigo abogado le dijo que le iba a enviar un vídeo de 'Popeye', alias de John Cairo Velásquez, donde hablaba de las gambas del pueblo e "inocentemente" lo publicó en su perfil privado de Facebook. Díaz no dimitió tras la polémica pero, a día de hoy, no forma parte del equipo de Gobierno.
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