La Fiscalía española prefiere mantener la cautela de cara a la vista judicial a la que se enfrenta este martes el ex presidente catalán Carles Puigdemont, reclamado por los delitos de sedición y malversación en el Tribunal Supremo.

"Todavía es muy pronto para hablar de la entrega, quedan unos cuantos pasos", afirman fuentes fiscales, quienes recuerdan que en 2017, cuando la instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió una orden internacional de detención contra Puigdemont por rebelión, la Fiscalía belga ya informó a favor de que se entregara al ex presidente catalán, fugado de la Justicia española, por dicho delito.

En este punto del proceso, el Ministerio Público no tiene responsabilidad en el asunto, sino que es el juez Pablo Llarena quien dirige el relato de hechos a la Fiscalía belga para reclamar su extradición.

Delitos equivalentes

La decisión estará a partir de este martes en manos del juez de primera instancia belga ante el que comparecerá Puigdemont. Éste valorará la solicitud de entrega del juez Pablo Llarena, así como el posicionamiento de la Fiscalía belga y la defensa del ex presidente catalán fugado al respecto, según explican fuentes jurídicas.

En la vista que se celebrará a puerta cerrada, el fiscal belga presentará al juez los delitos equivalentes a la sedición y la malversación en los códigos del país europeo para sostener que sea entregado a la Justicia española y se siente en el banquillo por los mismos hechos que sus consejeros condenados a penas de hasta 13 años de prisión, como fue el caso del ex vicepresidente Oriol Juqueras, en la sentencia del procés. Todo indica que la fiscalía belga se manifestará en ese sentido, según adelantó este lunes Europa Press.

Hace 10 días, el expresidente catalán acudió con sus abogados ante las autoridades belgas tras reactivar Llarena la orden europea de detención y entrega (OEDE) contra él. Pasó la madrugada bajo custodia policial y la mañana del viernes quedó en libertad puesto que la fiscalía belga no encontró riesgo de fuga. El juez le impuso medidas cautelares como comparecencias en el juzgado y prohibición de salir de su ciudad de residencia. En aquel caso tampoco se entró al relato de hechos de Tribunal Supremo contra él, sino que sólo se abordaron las medidas cautelares necesarias.

El juez tiene dos meses

Tras la vista de este martes, la decisión del juez no tiene por qué ser inmediata. Según el reglamento europeo, tiene hasta dos meses para tomar una decisión. A partir de entonces, cuando se pronuncie, tanto la defensa de Puigdemont como la Fiscalía tienen 24 horas para presentar un recurso ante la instancia judicial superior, la Corte de Apelación, que también se tomaría su tiempo para decidir. Habría una última instancia, el Tribunal de Casación, ante el que podrían dirigirse ambas partes.

De ahí que la la Fiscalía española, que ejerció la acusación contra Puigdemont y en este punto no tiene ninguna responsabilidad en el asunto, prefiera no manifestarse al respecto ni adelantar pasos. El juez Llarena es quien presenta ante la Fiscalía belga todos los indicios contra Puigdemont para que sea juzgado. Por su parte, la defensa de Puigdemont tratará de retrasar al máximo la entrega con una estrategia relativa a su inmunidad como parlamentario ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).