El Gobierno acudirá a los tribunales europeos si la justicia belga vuelve a rechazar la extradición de Carles Puigdemont acusado de los delitos de sedición y malversación de fondos públicos. La idea es llegar tanto hasta el tribunal de Justicia de Luxemburgo como al de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esto es, llamar a todas las instancias europeas en exigencia de cumplimiento de la euroorden, habida cuenta además "de que ahora ya hay una sentencia condenatoria del Supremo", subrayan fuentes gubernamentales en referencia a la condena a los cabecillas del procés.

La idea es "poner toda la carne en el asador" para que el ex presidente de la Generalitat rinda cuentas ante la Justicia, subrayan las mismas fuentes. Los servicios jurídicos de Moncloa estudian ampararse, entre otros, en el artículo 33 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales referido a "Asuntos entre Estados". Dicho capítulo recoge la posibilidad de que todo país o Gobierno "podrá someter al Tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio y sus protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra Alta Parte Contratante".

Para modificar la Euroorden el Gobierno español lo debe plantear en el Consejo Europeo

En este contexto se explican las palabras de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, cuando afirmó este martes en Onda Cero que el Gobierno "tomará decisiones" porque "no se entendería que Bélgica no entregue a quienes están huidos de la justicia española» ni que a una democracia plena "se le niegue la entrega después de la sentencia del Tribunal Supremo español».

Otra vía a explorar, en caso de denegación de dicha entrega, es la de la revisión de la llamada Euroorden que el Gobierno debería exigir ante el Consejo Europeo. La Orden Europea de Detención y Entrega, nacida a instancias de España para agilizar los procesos de extradición de etarras, funciona sobre la base de la confianza judicial mutua entre los estados que forman parte de la Unión. No se entra en el fondo del asunto más allá de confirmar que coincide con el listado de delitos "cotejados en las diferentes legislaciones penales", tal y como explicó la propia vicepresidenta.

De momento, la Fiscalía belga se ha adherido a la tesis de las autoridades españolas al exigir al Tribunal de primera instancia de Bruselas que ejecute la Euroorden, aunque no sería la primera vez que la Fiscalía apoya y no sirve de nada, pues la decisión está en manos de los jueces. Si entonces las reticencias vinieron de la tipificación del delito de rebelión, fuentes gubernamentales creen que no debe haber problemas con la sedición y la malversación, delitos asimilables a los recogidos en otros códigos penales europeos.

Por su parte, el juez de primera instancia belga que aborda la solicitud de entrega a España de Puigdemont ha retrasado la decisión al próximo 16 de diciembre, admitiendo la petición del huido para poder estudiar los hechos por los que el Tribunal Supremo le imputa.

El PP exigirá la suspensión del espacio Schengen

Los populares también están pendientes de la decisión de la justicia belga. Aunque se muestran confiados en que el ex presidente de la Generalitat sea extraditado a España para ponerle a disposición de la Justicia, abogarán por la suspensión del Tratado de Schengen en caso de una nueva denegación. No es la primera vez que lo plantean.

Ya en abril y, más tarde, en julio del año pasado,el eurodiputado popular y vicepresidente del Grupo del PPE, Esteban González Pons, defendió que "para que exista libre circulación de personas tiene que haber total confianza en los tribunales" de todos los países que forman parte de ese espacio. Tras la negativa también del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, dijo haber "quedado claro que si no confiamos los unos en los otros no podemos quitar las fronteras. Nosotros levantamos las fronteras convencidos en que los demás confiarán y, si algún delincuente se nos escapa, nos lo devolverán. Pero si los presuntos delincuentes se escapan y nuestros socios no nos lo devuelven, deberíamos plantearnos volver a poner fronteras"

Esta vez el PP espera tener el apoyo no sólo de su Grupo en la Eurocámara, sino también de los representantes de Ciudadanos y hasta del alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, esto es, de Josep Borrell, según subrayan fuentes populares.

"Con más fuerza"

Sin embargo, para que se incorporen cambios en la Euroorden sólo hay una vía, "que el Ejecutivo lo plantee ante el Consejo Europeo", donde están representados los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, petición que también vehiculará el PP vía Congreso de los Diputados. Al igual que el Gobierno, los populares presentarán batalla "con más fuerza aún" si la Justicia belga desoye otra vez a España.