El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sigue contribuyendo a la confusión sobre el modelo de país que defiende el PSOE para España. Hace dos días, los socialistas elaboraban un proyecto electoral que ignoraba las apuestas impulsadas por el propio líder socialista en las primarias internas en materia de federalismo y plurinacional.

Tras una llamada del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a la presidenta del partido, Cristina Narbona, para que el programa incluyera la tradición federalista del PSOE, el Comité Electoral incluyó ayer un nuevo párrafo: «Al menos desde 2003, en Santillana del Mar, el PSOE se ha comprometido a las reformas necesarias para un nuevo impulso del autogobierno, luego concretadas en la Declaración de Granada de 2013 y la Declaración de Barcelona de 2017».

Este jueves, en una entrevista en Onda Cero, Pedro Sánchez ha vuelto a dar marcha atrás en estas propuestas. El candidato socialista ha explicado que su proyecto federalista no supone la creación de una federación de estados dentro de España, sino que se mantiene en el artículo 2 de la Constitución, como en su día defendía su rival Susana Díaz. En esa línea, el presidente en funciones ha abogado por "perfeccionar instrumentos" del estado de las autonomías como el Senado, la Conferencia de Presidentes y las comisiones bilaterales que bajo su mandato se han vuelto a reactivar en Cataluña y el País Vasco.

Sánchez tampoco ha considerado urgente la reforma constitucional que antes defendía y ha justificado su cambio de criterio en que existe un debate entre los expertos constitucionalistas sobre si es necesaria o no. El presidente ha explicado estos cambios de criterios en que un gobernante debe tener la "humildad" para "rectificar" cuando se "comete un error".

La propuesta socialista, ha dicho, es la de "perfeccionar muchos de los instrumentos que tiene el Estado autonómico y que no funcionan", entre los que ha señalado, como "es evidente", el Senado y la Conferencias de Presidentes, que solo se celebran "a voluntad" del presidente del Gobierno de turno.

Sánchez sí ha considerado que, "a medio plazo", no de forma urgente, debe abordarse una reforma constitucional al menos para cambiar el Senado. En su opinión, "toda la política territorial intoxica y empaña la política nacional" y para evitarlo muchos debates territoriales deberían sustanciarse en el Senado y no en el Congreso.

El presidente en funciones también ha anunciado que recurrirá la decisión de la Junta Electoral de incoarle un expediente por hacer electoralismo desde la Moncloa. La autoridad electoral le achaca haber utilizado medios públicos como las dependencias del Palacio de la Moncloa y la página web de Presidencia para publicitar actos partidistas como una entrevista que el líder socialista concedió a la cadena de televisión la Sexta.

"Parece que la Junta Electoral ha cambiado el criterio, cambian las reglas del juego", se ha quejado Sánchez, que ha recordado que todos sus antecesores concedieron entrevistas en la Moncloa, algo que consideró positivo porque supone abrirla a la ciudadanía.

El presidente ha aprovechado la entrevista de Carlos Alsina para anticipar una medida que se aprobará este jueves en el Consejo de Ministros. Se trata de un Real Decreto Ley para "poner punto y final al proyecto del independentismo de la república digital".

Sánchez ha explicado que la Generalitat de Cataluña ha buscado espacios de alegalidad o lagunas legales para seguir avanzando en su desafío al Estado. Para evitarlo, el Gobierno impondrá que todos los servidores de las administraciones públicas tengan sede en la Unión Europea y no en "paraísos digitales", con el objetivo de que no se puedan utilizar "con intereses espurios".

"Se trata de garantizar que el desarrollo de la administración digital esté garantizado por el Estado. La república no se va a conseguir ni offline ni online", ha sentenciado Sánchez.

No obstante, Sánchez ha insistido un día más en que no se producen todavía los supuestos para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, como pide Ciudadanos como si ese mecanismo fuese el "bálsamo de fierabrás". Tampoco considera que se deba aplicar la Ley de Seguridad Nacional porque no se ha producido descoordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado y los Mossos.