La clave está en los vivos. Son la esperanza de los muertos sin nombre. El tiempo corre en contra de los primeros y vaga indiferente para los segundos. En el Valle del exhumado más recordado estos días y de los muertos más ignorados que lo rodeaban hasta hace una semana, descansan 12.000 ‘sin nombre’. Hombres sin identidad, sin familia conocida. Lo hacen en el mejor de los casos en criptas identificadas, numeradas, en columbarios más o menos clasificados. Los menos afortunados descansan, o no tanto, en rincones abandonados, quizá disgregados o mezclados con los restos de otros olvidados de la democracia. El reto de sacar a Franco de la basílica de ‘los caídos’ el Gobierno lo llevó a cabo tras una dura pugna judicial, familiar y política. En realidad, fue la más sencilla, la que aún le resta es mayor: identificar a los miles de muertos sin nombre conocido que siguen en busca de familia.

El Ejecutivo intentó antes de verano activar un plan para identificar a los desaparecidos de la Guerra Civil española. Sin duda, la mayor de las ‘fosas’ que existe en España, de las cerca de 2.000 que se estima que pueda haber, está a plena luz del día y en un conocido y visitado lugar: el ‘Valle de los Caídos’. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, mientras negociaba y buscaba un aliado con el que poder evitar un adelanto electoral, se citó con los principales laboratorios del país. El plan pasaba por unificar criterios y actuaciones que permitieran abordar el gran reto pendiente de la guerra que dividió a los españoles, la exhumación e identificación de la decena de miles de desaparecidos de la contienda que aún hoy reposan en el Valle de los Caídos. Se estima en casi 120.000 los desaparecidos que aún hoy no han sido identificados.

No es una tarea fácil. Lo reconoce la responsable del principal banco de ADN especializado en desaparecidos de la Guerra Civil que existe en nuestro país, Marian Martínez Pancorbo, catedrática de Biología Celular de la Universidad del País Vasco. El laboratorio que lidera, Biomics, se encuentra en Vitoria, en el campus alavés de la UPV. Desde 2007 este centro avanzado de identificación, en coordinación con la Fundación Aranzadi y el Instituto Gogora, ha participado en decenas de exhumaciones e identificaciones de restos localizados por toda España. Actualmente en sus registros constan muestras estudiadas de 525 personas.

El Gobierno se citó con los principales laboratorios para coordinar un plan de identificación de desaparecidos

Preguntada por la ingente tarea de identificación que supondría conocer quiénes están enterrados en el Valle de los Caídos, Martínez Pancorbo es clara: “Eso requerirá mucho tiempo y muchos recursos, calculo que cinco años, además de mucha voluntad política y el trabajo de muchos laboratorios, de antropólogos, labor de administración para recabar información de las familias, etc.”.

12.410 entierros sin identidad

El problema principal que tendría esta operación no está enterrado. Está vivo y, en muchos casos, olvidado. Conocer el perfil genético de los restos no es la mayor dificultad. Esta radica en ser capaces de identificar a qué familias corresponderían los restos localizados. Sólo en el Valle de los Caídos están enterradas 33.847 personas, según el registro que consta en Patrimonio nacional, de las que se calcula que de 12.410 personas no se tienen identidad conocida.

Por ello, Martínez Pancorbo considera que se debería poner en marcha una suerte de base de datos, de ‘banco’ de perfiles genéticos de familias que busquen a un ser querido que desapareciera en la guerra o que sospechen que pudiera estar enterrado en el Valle de los Caídos. “Esa es la parte que podría hacerse y que se está descuidando un poco. El tiempo pasa y los familiares de todas estas personas sin identificar son cada vez más alejados. Se debería poner en marcha una labor para rescatar familias”, asegura.

Añade que hasta que pueda llegar el momento en el que se adopte la decisión política, se podría dejar todo preparado “para el momento en el que se aborde la identificación de todos esos restos”: “Identificar a familiares es más barato y esa información es muy valiosa y necesaria. Va a llegar un momento en el que quizá podamos identificar los restos pero lo que nos falten sean los familiares”.

Puede llegar un momento que podamos identificar los restos y lo que nos falten sean familiares"

Y el tiempo no es aquí un aliado. Las identificaciones más valiosas y fiables proceden siempre de la vía paterna. El cromosoma Y es el que mayor información aporta en estos casos de identificación y el que permitiría descender hasta un nivel más lejano del árbol genealógico de la persona a identificar: “Hay más posibilidades de identificación, nos valdría hasta un sobrinonieto. Si no es así, habría que intentarlo con la vía materna, con el ADN mitocondrial, que es más complicado”.

Constituir ese banco de datos de familiares que busquen a un ser querido desaparecido en la guerra es además más barato que la identificación de unos restos. El coste de un perfil genético de un familiar ronda los 120 euros, el análisis de unos restos puede oscilar entre los 500 y los 700 euros. Con la información de unos y otros, sólo quedaría cruzar datos genéticos de los restos con los acumulados en el ‘banco’ de familiares para confiar en una equivalencia positiva.

Perfiles genéticos

No es fácil. Sólo en el País Vasco, de los 66 restos de personas exhumadas de fosas de la Guerra Civil apenas una docena se han podido cuadrar, asignar a una familia. El Gobierno vasco hizo un llamamiento el año pasado a las familias que lo desearan a dejar registrados sus datos genéticos por si se localizaban nuevos restos en el futuro. Lo hizo incluso facilitando ayudas económicas para ello. Actualmente 307 familias han dejado su perfil genético.

En su conjunto, tras las exhumaciones llevadas a cabo en Euskadi, Navarra, Islas Baleares, Castilla y León, Aragón o Extremadura, la base de datos de Biomics suma un total de 879 perfiles genéticos que corresponde a cerca de 800 familias.

En el Valle de los Caídos reposan actualmente los restos de casi 34.000 personas. Se trata de soldados de ambos bandos, en su inmensa mayoría varones, -sólo constan 156 mujeres- y que fueron trasladados hasta allí entre el 17 de marzo de 1959 y el 3 de julio de 1983, cuando se registró el último traslado. Muchos fueron voluntarios, autorizados por las familias. Otros no, se hicieron sin el consentimiento familiar. En el registro que consta del Valle se puede comprobar que inicialmente, en 1959, se trasladó casi un tercio de los restos, los correspondientes a 11.329 personas. Dos años después, en 1961, se produjo otro traslado masivo, 6.607 personas, y en 1968 otras 2.919 personas.

El mayor 'banco' de ADN de muertos en la Guerra Civil tiene 500 restos identificados y 879 familias registradas

El informe que en 2011 elaboró la comisión de expertos que lideró Ramón Jauregui recordaba que se trató de traslados dirigidos por el Ministerio de Gobernación de la época en coordinación con los gobernadores civiles de cada provincia. En el Valle de los Caídos se encuentran enterrados soldados de casi toda España. Tan sólo las provincias de Ourense, A Coruña, las Palmas y Santa Cruz de Tenerife no tienen a nadie inhumado en sus criptas y columbarios. No al menos oficialmente.

'Rescatarlas' del anonimato

Aquel informe que aspiraba a fundamentar la resignificación del Valle, concluía que los restos de las casi 12.500 personas sin identificar que hoy están enterradas fueron trasladadas “sin otras diligencias ni identificación ni autorización de familiares”. También determinó que en muchos casos el mal estado de las criptas y los columbarios “unido al volumen de restos enterrados” hace “prácticamente imposible, como norma general, la identificación individualizada”.

Pese a ello, recomendaba “rescatar a las víctimas del anonimato” y del “hacinamiento” de muchos de los restos, “hasta donde sea posible”. Instaba a poner en marcha acciones para “investigar, conocer e inscribir de la forma más digna posible los nombres y apellidos de todos aquellos de los que se tenga constancia de haber sido allí enterrados”.

En el caso de los enterrados que sí están identificados, 21.423 persona, la comisión recordaba que las tumbas que se ocupan no son en ningún caso “una concesión a perpetuidad, como pueda decirse de las sepulturas de un cementerio general” y que por tanto debería el Estado tener la última palabra sobre el destino y uso de los mismos: “Debería tenerse en cuenta la intención de las familias de los difuntos allí enterrados, pero no es determinante al efecto”.