El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tumba los argumentos del Ministerio del Interior y considera que la carta con la que Grande-Marlaska se dirigió a los directores generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para que agentes de ambos Cuerpos participaran uniformados en la última manifestación del Orgullo en Madrid es "de interés" y de "relevancia social", por lo que no hay motivos para que el Gobierno trate de ocultarla.

El órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de la ley que obliga a los gestores públicos a ser transparentes concede ahora 10 días hábiles a Interior para que facilite el documento denegado inicialmente. En caso de estar en desacuerdo con su criterio, el Gobierno puede recurrir la resolución ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, para lo que dispone de un plazo máximo de dos meses. Existen casos precedentes en los que el departamento de Grande-Marlaska no ha hecho una cosa ni otra.

En una resolución fechada el 30 de octubre, Transparencia estima la reclamación formulada por un redactor de este diario después de que Interior le hubiera denegado la información solicitada alegando que se trataba de una comunicación "interna e informal" con la que el ministro trasladó a sus destinatarios una "valoración personal". En opinión de este organismo gubernamental, concurría en el caso una de las causas de inadmisión que prevé la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 18.1: "Información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas".

Como desveló El Independiente el pasado 8 de julio, el titular en funciones de Interior se dirigió por escrito a Félix Azón (director general de la Guardia Civil) y a Francisco Pardo Piqueras (máximo responsable de la Policía Nacional) en vísperas de la celebración del desfile -celebrado el pasado 6 de julio por las calles de Madrid- para pedir que una veintena de agentes de los dos Cuerpos con uniforme pudieran participar voluntariamente en dicha manifestación. El Ministerio, por boca de un portavoz, eludió entonces dar explicaciones cuando este periódico tuvo conocimiento del envío de las citadas cartas y le preguntó: "No vamos a decir nada".

¿Opinión de carácter personal?

En respuesta a la solicitud de información dirigida a través del Portal de la Transparencia tanto a la Dirección General de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, Pardo Piqueras y Francisco Esteban -general de división que ocupa la jefatura del gabinete técnico en el Instituto Armado y quien contestó en nombre de este Cuerpo- defendieron que toda carta "participa del concepto de lo que habitualmente se conoce por correspondencia" y ello "no supone la adopción de un acto administrativo". Según su razonamiento, Grande-Marlaska manifestaba a su interlocutor en el escrito "una opinión de carácter personal circunscrita a la esfera privada" de ambos, ajena al "ejercicio de sus competencias administrativas".

En su resolución, el Consejo de Transparencia rechaza los argumentos del Ministerio del Interior y niega que la carta solicitada verse sobre "valoraciones personales u opiniones privadas", alegación esgrimida por la Administración para tratar de hacer ver que se trataba de una información auxiliar o de apoyo y en consecuencia afectada por una de las limitaciones de acceso que prevé la ley.

"Este Consejo de Transparencia no comparte la postura de la Administración, relativa a que son 'comunicaciones informales e internas dirigidas a distintos titulares de órganos del Departamento (cartas correos electrónicos, comunicaciones verbales...), el titular de este Ministerio no ejerce las competencias que legalmente tiene atribuidas', ya que (...) la Guardia Civil depende del Ministerio del Interior, por lo que le corresponderá velar por que sus miembros cumplan la legislación vigente en todos los ámbitos, incluido el del derecho de manifestación y las consecuencias derivadas en caso de que se incumpliera la normativa de aplicación", razona.

Transparencia dice que la misiva que mandó Marlaska a los directores de la Policía y la Guardia Civil es "de interés" y de "relevancia social": no hay razón para ocultarla

La Ley Orgánica del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, en su artículo 8, describe entre las faltas graves "asistir de uniforme a cualquier manifestación o reunión pública, salvo que se trate de actos de servicio, o actos oficiales en los que la asistencia de uniforme esté indicada o haya sido autorizada". El funcionario que incumpliese esta prohibición se enfrenta a una posible suspensión de funciones de entre cinco días y tres meses.

Por su parte, la Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil también prohíbe expresamente esa posibilidad en su artículo 8: «(…) No podrán asistir a manifestaciones o reuniones vistiendo el uniforme reglamentario, ni portando armas y deberán respetar las exigencias de neutralidad propias de la condición de Guardia Civil».

A juicio de Transparencia, "no se aprecia" en este caso la causa de inadmisión invocada por Interior para denegar la copia de la citada carta, al tiempo que recuerda que la "regla general" ha de ser la de facilitar el acceso a la información pública o al menos justificar "de manera clara" la eventual denegación. Y esta circunstancia, según el parecer de este organismo, "no ocurre en el presente supuesto".

"Eje" de la acción política

"Se considera que la información solicitada sí es de interés y relevancia social, por cuanto se trata del ejercicio de un derecho por unos miembros de la Guardia Civil [la resolución responde a la reclamación planteada ante dicho Cuerpo], encargada de velar por la seguridad nacional, tanto en el sentido de la salvaguarda del citado derecho como de que ha de ejercitarse conforma a una normativa concreta, que de no cumplirse podría constituir una falta muy grave y llevar aparejada una importante sanción disciplinaria", resuelve.

En este sentido, el organismo independiente recuerda que el preámbulo de la Ley de Transparencia proclama que el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno "deben ser los ejes fundamentales de toda acción política", lo que choca con la actitud mostrada por el departamento de Grande-Marlaska en este caso y en otros precedentes. Así, se ha negado a facilitar los entregables que elaboró la consultora contratadada para estudiar la equiparación salarial..

El organismo niega que la carta solicitada verse sobre "valoraciones personales u opiniones privadas", como alegó el Ministerio del Interior

El Consejo de Transparencia recuerda que la Administración "no ha negado" la existencia de la carta enviada por el ministro a los directores generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el pasado mes de julio, calificando de "lógico" que el titular de Interior quisiera "conocer la situación y prever [las] posibles consecuencias" que tendría el hecho de que agentes de ambos Cuerpos desfilasen uniformados en la manifestación del Orgullo Gay dado que lo prohíbe expresamente la normativa.

"Aunque no sea una resolución o escrito y no contenga instrucciones concretas, dada la cuestión de fondo, conforme determinan nuestros tribunales, 'es relevante en la conformación de la voluntad pública del órgano, como los informes que ayudan a conformar el criterio final y definitivo", argumenta. Y añade: "En este caso ayudaría a controlar la legalidad de una situación importante como es la asistencia de miembros de la Guardia Civil a una manifestación de carácter reivindicativo. Y no tendría un 'ámbito exclusivamente interno', dado que 'pretenden objetivar y valorar, aunque sea sectorialmente, aspectos relevantes que han de ser informados".