Cuando el pasado lunes en el debate electoral Pedro Sánchez reclamó al resto de los candidatos a la presidencia del Ejecutivo que dejaran gobernar a la lista más votada como método para superar el bloqueo y, de paso, ahorrarse una ardua negociación bien a su izquierda o a su derecha, a los populares les sonó mucho la letra de esa canción.

De hecho ha sido una reclamación tradicional del PP para los ayuntamientos y Comunidades Autónomas, no tanto para el Gobierno de la nación, habida cuenta de que, hasta el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy, siempre se dio por sentado que llegaba a Moncloa el ganador de las generales, a quien correspondía buscar los apoyos necesarios para su investidura.

En el PP no son pocos los dirigentes políticos, algunos de ellos sentados en el comité de dirección del partido -núcleo duro de decisión- los que opinan que la actual fragmentación política hace necesario "sondear reformas que impidan el bloqueo y permitan que la legislatura eche a andar". No piensan tanto en el automatismo de que gobierne el más votado, sino de articular un modelo en el que, a falta de un candidato alternativo con apoyos, la situación deje de tener más salida que la repetición electoral.

El sistema de elección de alcaldes puede ser un modelo a seguir

De hecho, recuerdan, en la legislación española hay modelos a seguir, explica un dirigente de Génova. Por un lado, la LOREG, por la que se regulan las elecciones generales y a las corporaciones municipales, establece un sistema de elección de alcaldes que impide el bloqueo. Además de tener establecido el plazo de celebración del pleno de constitución del ayuntamiento para "el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones", según el artículo 195, de esta ley, el sistema de elección del alcalde es claro y casi expeditivo.

Pueden ser candidatos, dice el artículo 196, todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado electo. Pero si nadie "obtiene dicha mayoría es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio" y en caso de empate se resolverá por sorteo.

Esto es muy parecido al exhorto que lanzó este lunes Sánchez de dejar gobernar al más votado, propuesta de la que los socialistas siempre han abominado porque en mayor o menor medida encontraban socios de gobierno y pactado hasta pentapartitos, como en Baleares, llegado el caso. Hasta ahora, en que comienzan a tener dificultades para sumar mayorías.

Pero el modelo de elección de los alcaldes no es el único, recuerdan en Génova. Parlamentos autonómicos como el del País Vasco tiene un sistema peculiar anti-bloqueo para una Cámara siempre muy fragmentada, como lo está ahora el Congreso de los Diputados con cinco fuerzas políticas por encima de los 23 escaños.

En el Parlamento vasco sólo se puede votar a favor, en blanco o abstenerse

En una primera votación se exige de mayoría absoluta, esto es, un mínimo de 38 escaños, pues la Cámara vasca está formada por 75 asientos, y puede haber más de un candidato. Si ningún aspirante consigue ese respaldo se va a una segunda votación, donde sólo se puede votar a favor de un candidato, en blanco o abstenerse. De hecho, Íñigo Urkullu consiguió su investidura con 37 votos (28 del PNV y 9 del PSE), pero la legislatura anterior le bastó con sólo los 27 de su grupo.

Los populares han llegado defender el sistema de doble vuelta, al estilo francés, que no sólo desbloquea la investidura sino que facilita la gobernabilidad, porque una cosa es superar la votación de investidura o una moción de censura y otra conseguir aunar mayorías para sacar adelante, por ejemplo, la Ley de Presupuestos Generales. Que se lo digan a Sánchez, que ha llegó a la Moncloa hace más de un año y no ha podido aprobar unas cuentas del Estado.

Que el PSOE lleve meses -sobre todo por boca de su secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos-, pidiendo medidas anti-bloqueo no deja de ser llamativo. Pero que en el PP admitan que son necesarias responde al detalle no menor de quitarse presión de encima.

De haber existido ya una reforma legal en este sentido, que exige el apoyo de PSOE y PP al tratarse de ley orgánica, no habría debate sobre la abstención de Pablo Casado para facilitar la investidura. Sin embargo, es evidente que una reforma de este calado no llega a tiempo para solucionar el más que previsible cerrojazo político post 10-N, pero a medio plazo beneficia tanto a socialistas como a populares.