El juez que investiga el caso Villar rastrea el destino que la Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a los más de 344,13 millones de euros percibidos de LaLiga entre los años 2008 y 2017, a fin de determinar si se adecuó a los objetivos para los que fueron concedidos.
Accediendo a la diligencia solicitada por la Fiscalía, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -dependiente del Ministerio de Hacienda- que nombre dos peritos para que analicen los pagos y verifiquen "su adecuación a los fines previstos en las leyes o convenios aplicables y la corrección en su contabilización".
En un oficio fechado el pasado 16 de octubre, que consta ya en las actuaciones que tramita el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso El Independiente, la IGAE ha designado ya a dos funcionarios del cuerpo superior de interventores y auditores del Estado -adscritos concretamente al Ministerio de Fomento- para que presten el auxilio judicial solicitado por Pedraz. Éste había enviado un requerimiento el pasado 27 de septiembre a Hacienda urgiendo el nombramiento de los peritos después de que no hubiera sido atendida su primera petición.
El instructor del caso Soule quiere conocer si, en la época de Ángel María Villar como presidente, la RFEF destinó los fondos abonados por LaLiga por diferentes conceptos a los fines previstos durante casi una década. El juez ha ordenado la práctica de esta diligencia a raíz de las divergencias constatadas entre el destino detallado por la Federación y la información ofrecida por la patronal del fútbol.
Junto a la parte correspondiente a las quinielas, LaLiga abona cantidades millonarias cada año a la Federación Española de Fútbol por otros dos conceptos, previstos tanto en el real decreto que regula la comercialización de los derechos audiovisuales como en el convenio de coordinación suscrito por ambas entidades para dar un "marco estable" a la organización de la competición profesional. En 2018, el montante ascendió a más de 28,34 millones de euros (el 65,64 % por la explotación televisiva).
Hacienda designa a dos interventores para que analicen si Villar destinó el dinero abonado por LaLiga a los fines legalmente previstos
LaLiga y la RFEF mantienen un convenio desde el 26 de enero de 2010 -renovado el 8 de octubre de 2013, el 11 de agosto de 2014 y el pasado 3 de julio- en el que se establece la contribución económica de la patronal por los servicios federativos y el fomento del fútbol base.
Entre 2014 y 2019, LaLiga se comprometía a abonar a la Federación 11.428.046 euros por temporada con el siguiente desglose: 6.727.317,59 euros para el fútbol aficionado, 3.814.288,80 euros para los clubes y sociedades anónimas deportivas de Segunda B y Tercera División y 886.440,10 euros por los gastos que originan los clubes profesionales en la actividad federativa.
Esa cantidad se ha revisado al alza en la renovación del convenio que los presidentes de la RFEF y LaLiga -Luis Rubiales y Javier Tebas, respectivamente- renovaron el pasado 3 de julio. En concreto, la patronal pasará a abonar anualmente 17.516.904,81 euros, incorporando el acuerdo -vigente hasta el 30 de junio de 2024- una partida de 2,5 millones para apoyar el fútbol femenino.
Promoción del fútbol aficionado
Junto a dicha aportación, la Federación recibe también en varias transferencias anuales otra aportación de la patronal para la promoción del fútbol aficionado, según lo previsto en el real decreto que regula la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.
Por este concepto, la RFEF repartió 4.46.000 euros entre 342 clubes de Tercera División -a razón de 13.000 euros por entidad deportiva- a finales de diciembre de 2018, estando previsto que la patronal hiciera otro pago en febrero-marzo de 2019 y la liquidación final el pasado verano. Fuentes de LaLiga han indicado que, sólo entre 2015 y 2019, las cantidades abonadas a la Federación ascendieron a casi 70 millones de euros.
El principal investigado del caso Soule es Ángel María Villar, presidente de la RFEF desde 1988 hasta que fue destituido a finales de 2017. Meses antes, en julio, el ex futbolista del Athletic de Bilbao fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Villar está imputado por la posible comisión de delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental.
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