En la última semana de campaña, Pedro Sánchez ha girado su discurso. Aunque el candidato socialista mantiene las ideas-fuerza sobre la necesidad de concentrar el voto en el PSOE para acabar con el bloqueo, la sucesión de nuevas propuestas y los golpes de efecto denotan nerviosismo en la recta final de la campaña socialista.

El presidente en funciones se despachó el lunes seis anuncios en el único debate electoral televisado: que gobierne la fuerza más votada; la creación de un ministerio para frenar la despoblación del interior de España y una vicepresidencia económica para la ministra Nadia Calviño. Esas tres ideas siguen figurando en sus mítines. No obstante, del guión han desaparecido las otras tres propuestas que lanzó en televisión: una asignatura aplicable a toda España en la que se impartan «valores cívicos y éticos»; una modificación de la Ley General Audiovisual para acabar con el uso sectario de TV3 y la introducción de un delito en el Código Penal para prohibir los referéndums ilegales. La primera forma parte de la modificación de la LOMCE que ya se tramita, la segunda está aprobada y la tercera fue derogada por el Gobierno de Zapatero y rechazada por el PSOE de Sánchez hace sólo ocho meses en el Congreso.

Además de olvidarse de esas medidas estrella del debate, desde el martes Sánchez ha endurecido su discurso. Tras la buena actuación de Santiago Abascal en su primer cara a cara televisado, el presidente en funciones ha situado a Vox en el centro de la diana para azuzar el miedo a la derecha y atraerse el "voto útil", al que apela literalmente.

Paralelamente, Sánchez está recuperando la mano dura hacia el independentismo catalán que exhibió en precampaña electoral, cuando amenazó con aplicar el artículo 155 de la Constitución si la Generalitat relanzaba su desafío institucional tras la sentencia del procés. En esa línea, el presidente en funciones ayer dio un delicado paso que ha soliviantado al mundo de la Justicia y ha levantado en pie de guerra al independentismo.

En una entrevista por la mañana en RNE, Sánchez sacó pecho de que la Fiscalía depende del Gobierno, un mensaje que horas después reforzó su vicepresidenta, Carmen Calvo, para negar injerencia del Gobierno en el Poder Judicial. «Nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal, que es un órgano que está encuadrado en el ámbito del poder judicial pero no es poder judicial», aseguró.

«¿El fiscal o la fiscal general del Estado, quién lo nombra, según dice el artículo 124 de la Constitución? ¿Quién lo nombra? El Gobierno», destacó, antes de subrayar que, como órgano nombrado por el Ejecutivo, la Fiscalía tiene un «vínculo importante» con las decisiones de política criminal del Gobierno, como sucede «en todas las democracias del mundo».

La vicepresidenta defendía así las palabras de Sánchez, criticadas por las asociaciones de fiscales, que pretendían demostrar la determinación del Gobierno en la extradición de Carles Puigdemont desde Bruselas, mientras Pablo Iglesias intentaba rentabilizarlas en un mitin en Barcelona.

El secretario general de Podemos lamentó que el líder socialistas esté compitiendo con la derecha en ver "quién es mas duro con Cataluña" y que si Santiago Abascal dice que hay que ponerle las esposas a Puigdemont, Sánchez anuncia "que lo traerá personalmente a Madrid". "¿Quiere ir dirigiendo un batallón de GEOs para traer a Puigdemont?", ha ironizado para intentar atraerse en voto del PSC.

En esa misma entrevista matutina, Sánchez he defendido recuperar el delito de referéndum ilegal y ha msotrado su confianza en que "más pronto que tarde Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española".

Ante la amenaza de que los radicales independentistas logren interferir en la jornada electoral en Cataluña, el presidente ha destacado que se han desplegado "un número importante" de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha subrayado que "todas las instituciones" tienen el debate de garantizar la normalidad en las votaciones para advertir de que lo contrario supondría "responsabilidades penales contundentes".

Esa dureza hacia el independentismo se completó anoche con la aparición en escena del ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, el socialista más odiado por los secesionistas. Borrell entró ayer en campaña tras haber estado ausente durante toda la semana. El próximo jefe de la diplomacia europea tachó a los independentistas de totalitarios porque "no aceptan a los que no piensan como ellos" e incluso habló de "enfrentamiento étnico" en Cataluña.

"La democracia abre universidades. Los totalitarios las cierran". "Las instituciones que tienen que ser templos de la inteligencia las han convertido en templos de la intolerancia, el radicalismo y la falta de respeto", reprochó en un mitin en la Carpa del Parc Tecnològic del Vallès en Cerdanyola (Barcelona).

A la estrategia se sumaba anoche también el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, una "una aclaración oficial" y que comparezca ante el Parlament para explicar las informaciones que le vinculan a planes con los CDR.

"Las informaciones aparecidas sobre la presunta vinculación del presidente Torra con eventuales acciones de un grupo de los CDR contra el Parlament requieren una aclaración oficial. El presidente Torra debería comparecer en el Parlament a petición propia", reclamó en su perfil de Twitter.