El Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) no publicará la moción aprobada hoy por el pleno a propuesta de la CUP en la que se defiende el derecho catalán "ejercer la autodeterminación" que ha abierto un nuevo frente entre la cámara catalana y el Tribunal Constitucional. El letrado mayor del Parlament, Joan Ridao, ha anunciado a los miembros de la Mesa del Parlament la negativa de los letrados del Parlament a publicarla, apenas tres horas después de la convulsa votación en el pleno.

Una decisión que la Mesa ha acatado, asumiendo por indicación de Ridao que la publicación del texto en el BOPC es potestad de los servicios jurídicos, que también han sido requeridos por el Constitucional, por lo que esa publicación implicaría un posible delito de desobediencia por parte de esos funcionarios.

Fuentes de presidencia del Parlament han argumentado que Roger Torrent "siempre defenderá la libertad de expresión de los diputados" y "está dispuesto a asumir las consecuencias que se deriven de esa defensa". Unas consecuencias que, como lo han recordado hoy los secretarios de la Mesa David Pérez y Joan García "pueden ser incluso penales" según los últimos requerimientos del Tribunal Constitucional.

Torrent argumenta que no puede poner en riesgo a los funcionarios para suspender la publicación en el BOPC

Sin embargo, argumentan estas fuentes, Torrent "no pondrá en riesgo a los funcionarios de la cámara" porque "son los políticos quienes deben asumir las responsabilidades". En este contexto, las mismas fuentes señalan la "solidaridad anti represiva" con estos funcionarios y tachan de "inaceptable" que el Gobierno siga con la judicialización e "intentos de censura del Parlament".

Paralelamente, fuentes de Moncloa han destacado que la votación "está siendo estudiada por el Tribunal Constitucional y el Gobierno va a esperar para ver cuál es su decisión", tras destacar que el Gobierno ha llevado ante el Tribunal Constitucional "cada decisión del Parlament que pudiera suponer un incumplimiento de las sentencias y decisiones del tribunal".

Recuerdan, así mismo, que en los dos últimos Consejos de Ministros, el Gobierno decidió además solicitar al Constitucional que, si así lo considera, deduzca testimonio del presidente del Parlament y los miembros de la Mesa que han desoído de manera reiterada sus sentencias y providencias.

Advertencia del Constitucional

El Tribunal Constitucional ha aprobado esta mañana suspender la moción votada por el Parlament y ha comunicado su decisión apenas tres minutos después de que se produjera la polémica votación en el Pleno. Por ello los letrados del Parlament han optado por no completar la tramitación de la moción publicándola en el BOPC para evitar incurrir en un delito de desobediencia del que está advertido, su máximo responsable, Xavier Muro, junto a los miembros de la Mesa, por enfrentamientos anteriores entre el Parlament y el Tribunal Constitucional.

Los letrados de la Cámara también han dado orden de suspender una parte de la propuesta de resolución de JxCat, ERC y la CUP sobre la respuesta a la sentencia del ‘procés’ registrada el pasado 29 de octubre y que todavía no ha sido debatida, también suspendida por el Constitucional. En concreto, el Boletín Oficial del Parlament ha publicado hoy mismo que se paralice el punto 11, relativo a la autodeterminación de Catalunya.

Bronca de Budó

De este modo, el Parlament se pliega a la disciplina del Tribunal Constitucional tras haber protagonizado esta mañana una nueva demostración de malabarismos parlamentarios de su president, Roger Torrent, que ha impuesto la celebración de este polémico debate y la votación de la moción a primera hora para burlar la suspensión del TC. El pleno del alto tribunal debía reunirse hoy, y Torrent ha fijado el pleno a las 9.00 para esquivar su decisión.

La maniobra ha sido duramente criticada tanto por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como por la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que han afeado a Torrent la "falta de respecto" hacia el ejecutivo catalán y los consellers que son diputados, dado que se ha convocado el pleno coincidiendo con la reunión semanal del Consell Executiu.

"De hecho, entendemos que en una relación normal entre instituciones una situación de cambio habría sido recomendable que la Oficina del Presidente del Parlament se hubiera puesto en contacto con la Oficina del Presidente de la Generalitat para hablar sobre la conveniencia de ese cambio y pactar", ha advertido en una rueda de prensa posterior el Consell Executiu.