Una decena de directivos, además del ex presidente del BBVA, Francisco González, están investigados en el caso Tándem o caso Villarejo por los presuntos encargos de espionaje que el banco hizo al comisario ahora en prisión preventiva entre los años 2004 y 2017, entre otras cosas para saber si miembros de Sacyr planeaban un desembarco en el consejo de administración del banco que sacara a González de la presidencia.

El juez ha citado a declarar el próximo lunes al ex presidente de la entidad, así como al asesor del banco Juan Asúa y al jefe de Control Interno y departamento jurídico, Eduardo Arbizu.

Aparecían en los contratos

Desde que comenzó la instrucción en la Audiencia Nacional por los informes de Villarejo para el banco, también imputado como persona jurídica, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado como investigados a los responsables de las áreas por las que pasaron los contratos con la empresa Cenyt del comisario entonces en activo.

Entre esos directivos se encuentra Antonio Béjar, que fue director del área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA. Hasta el 26 de julio también fue presidente de Distrito Castellana Norte, la promotora de Operación Chamartín que impulsará el crecimiento inmobiliario al norte de la capital. Precisamente su imputación en el caso Villarejo precipitó su cese en julio, poco después de acudir a declarar como investigado a la Audiencia Nacional.

Distintas estrategias de defensa

Béjar fue el único entre los directivos imputados que accedió a declarar en el juzgado. Lo hizo sólo a preguntas de su abogado, el ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que ahora trabaja para el área Procesal Penal del despacho Ramón y Cajal Abogados. Afirmó, como adelantó El Mundo, que BBVA contrató al comisario para buscar morosos.

Por las mismas fechas que él también fueron citados a declarar el ex consejero delegado del banco, Ángel Cano, y el ex responsable de Contabilidad y Relación con Supervisores, Ricardo Gómez Barredo, que decidieron guardar silencio hasta que se levante el secreto de la pieza. Ambos comparten abogado, José Bonilla, socio penalista del despacho Jones Day.

Además de estos dos directivos, el juez García Castellón investiga también a los altos cargos de BBVA Ignacio Pérez-Caballero, director de banca comercial, y Javier Malagón Navas, director de Finanzas, así como a toda el área de Seguridad del banco.

Julio Corrochano como enlace

El ex policía Julio Corrochano estuvo al frente del área de Seguridad de BBVA durante los años que se investigan los contratos con Villarejo. Corrochano, que fue comisario general de Policía Judicial, fue el enlace entre Villarejo y el banco, puesto que le conocía de su etapa en el Cuerpo.

De todos los directivos que han sido citados, el juez tan sólo impuso una fianza para eludir la prisión a Corrochano de 300.000 euros. Tanto él como los otros dos responsables del área de Seguridad investigados (Nazario Campo e Inés Díaz-Ochagavía) confiaron su defensa al despacho del conocido penalista Gonzalo Rodríguez Mourullo. También se negaron a declarar ante el juez.

Por su parte, el ex presidente Francisco González acudirá a declarar con el ex fiscal Jesús Santos, del despacho Backer McKenzie, como abogado. El letrado es experto en Penal Económico. Defendió a Rodrigo Rato en el inicio de la instrucción de Bankia. También al Partido Popular en el juicio por la destrucción de los discos duros del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en el que el partido político resultó absuelto.