Un informe encargado por el Gobierno vasco ha concluido que hacer un rastreo para conocer la trazabilidad de las exportaciones de armas que salen de los puertos vascos es hoy por hoy “imposible”. Considera que existe un “oscurantismo y opacidad” absoluta por parte de las empresas del sector, así como de la hacienda tributaria. Los responsables del estudio del Ejecutivo de Iñigo Urkullu en torno al marco legal y ético en la que se encuentra el sector de las armas en Euskadi y el conjunto de España, concluyen que, pese a haberlo intentado, se han topado con la imposibilidad de recabar información. De este modo, no han podido conocer cuál es el destino y las características de las exportaciones de armas que se llevan a cabo en nuestro país.

Durante la presentación del informe los autores –pertenecientes a la Universidad del País Vasco y a la Universidad Pública de Navarra- han señalado que el análisis de la codificación de los códigos arancelarios que se aplican a las exportaciones de armas no permite conocer cuál es el destino y ni siquiera determinar el tipo de armamento preciso que se exporta. Recuerdan que en muchos casos ese “oscurantismo de los códigos” se sustenta en que las exportaciones se clasifican de modo muy genérico, bien bajo la categoría de “otros materiales” o como “tecnología de doble uso” y no como material de defensa, como correspondería.

Los cinco autores ni siquiera han sido capaces de cuantificar el volumen del mercado armamentístico en el País Vasco y sólo han podido establecer un porcentaje de su peso global en el conjunto de España, que lo sitúan en el 16%. De igual manera, tampoco han podido establecer cuántas empresas podrían integrarse en este sector, dada la confusión que sobre en qué casos se considera que son empresas armamentística y en cuáles no. Han recordado que muchas empresas que realizan piezas individuales con posibles usos armamentístico no se consideran como tales.

Sin códigos éticos

El informe concluye también que en la inmensa mayoría de los casos las empresas que producen armas carecen de códigos de buenas conductas o que establezcan algún criterio de carácter ético o deontológico de respeto de los derechos humanos. Del cerca de un centenar de las empresas en los que se ha explorado la existencia de este tipo de principios conductuales no se han encontrado.

Por ello, entre las conclusiones del documento, elaborado por los profesores y catedráticos Juanjo Álvarez, José Luis Iriarte, Cayetana Santaolalla y Unai Belintxon, se plantea la posibilidad de que el Gobierno vasco elabore un “código marco” de buenas conductas. Se trataría de una propuesta de aplicación voluntaria para las empresas de armas que operan en el País Vasco y sobre el que no se podría establecer ni obligatoriedad ni sanciones algunas dada la carencia de competencias de la Administración vasca sobre el sector de armas. Los autores también instan a promover una suerte de “Observatorio de derechos humanos y Derecho humanitario” impulsado por el Ejecutivo.

El estudio concluye que el margen de actuación de las comunidades autónomas en este sector es muy reducido. Señala que se trata de una competencia que regula y controla el Estado y que ni siquiera un posible control de las vías de exportación, fundamentalmente marítima, está en sus manos. En este punto se señala que las terminales de Pasajes y el Puerto de Bilbao se tarta de infraestructuras de "interés general" y por tanto de competencia estatal.