Visto para sentencia el juicio a Quim Torra, el tercer presidente de la Generalitat consecutivo querellado por desobediencia, el primero que es juzgado estando todavía en el ejercicio del cargo. Torra ha reconocido hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que desobedeció los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) y la Fiscalía ha mantenido para él la petición de condena a 20 meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 30.000 euros. Una petición de pena que la acusación particular de Vox mantiene en dos años de inhabilitación y 72.000 euros.

Torra ha cerrado la fase oral acusando al TSJC de pretender alterar el escenario político catalán con su inhabilitación, tras dejar claro que si es condenado llevará esa decisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "Este juicio, que es político, quiere sencillamente alterar el panorama político catalán, y en este país, que es democrático, los presidentes de la Generalitat se escogen en el Parlament" ha asegurado.

El presidente catalán ha insistido en la supuesta falta de imparcialidad denunciada por su defensa y ha recriminado al presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, y a los magistrados Mercedes de Armas y Joaquín Gadea que "no se hayan abstenido de estar aquí". Para acabar, ha añadido en su alegato final, "rechazan otro derecho que tengo, que este caso sea evaluado por la justicia europea" se ha lamentado refiriéndose a la petición de su abogado, Gonzalo Boye, de plantear una serie de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que Barrientos ha rechazado.

Este caso llegará a la justicia europea, allá donde los catalanes buscamos la justicia que aquí no tenemos" asegura Torra

"Pero este caso llegará a la justicia europea, allá donde los catalanes buscamos la justica que aquí no tenemos" ha argumentado Torra. "Estas preguntas llegaran a Luxemburgo sí o sí" había advertido Boye minutos antes, invitando al tribunal a "establecer ese diálogo entre tribunales". Barrientos, sin embargo, ha rechazado la pretensión de la defensa por haber sido planteada en el informe final, y no en el momento de elevar las conclusiones finales, impidiendo así que las otras partes pudieran posicionarse al respecto.

El presidente catalán ha protagonizado además dos enfrentamientos con el presidente del TSJC. El primero, durante su intervención inicial, cuando ha argumentado que no respondería a las preguntas de Vox porque "es un partido franquista". "No tolerará descalificaciones" ha advertido Barrientos, recordándole que el derecho a no responder no le habilita para descalificar a las partes.

Bronca de Barrientos a Torra

En su intervención final, Torra ha vuelto a las andadas, asegurando que no responde a la Fiscalía porque "desde que Pedro Sánchez dijo que la Fiscalía depende del Gobierno dejó de tener imparcialidad. El ministerio fiscal no es un organismo que vela por la legalidad sino que vela por los intereses del Gobierno". Afirmaciones que han forzado una nueva intervención de Barrientos, para advertir a Torra de que se abstuviera de descalificaciones. "Tengo derecho a hacer mi intervención final sin sus intervenciones" le ha respondido Torra.

Por su parte, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha concluido que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, desobedeció el mandato de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos y 'estelades' de los edificios de la Generalitat y ha valorado que, a medida que pasaban los días tras la orden del 11 de marzo, fue intensificando su falta de respeto institucional y finalmente "se vino arriba" al cambiar la pancarta del Palau por una idéntica.

"El acusado fue intensificando esa falta de respeto institucional, hasta el punto de que se vino arriba" y sustituyó la mañana del 21 de marzo la pancarta del lazo amarillo por una idéntica con el lazo blanco, y en esa espiral acabó presentando una querella contra toda la JEC, ha explicado Bañeres en su informe final.

En su intervención durante la tarde de este lunes, Bañeres ha afeado a Torra "su nula disposición de acatar la orden" de la JEC, que, según el Ministerio Público, era un organismo competente y superior para darle órdenes.

El fiscal ha defendido además la competencia de la Junta Electoral, puesta en duda por la defensa, ironizando con el hecho de que al acusado solo se le ocurriera alegar incompetencia cuando la Junta dedujo testimonio ante la Fiscalía, es decir, cuando atisbó el riesgo de ser acusado de desobediencia. Y ha recordado los precedentes de decisiones previas de la JEC sobre la exhibición de símbolos partidistas, como la resolución de 2015 contra la exhibición de esteladas, ratificada por el Tribunal Supremo, para concluir que Torra no podía llamarse a engaño sobre la jurisprudencia en este ámbito.

"Dice que su posición tenía el apoyo de juristas" ha ironizado Bañeres, "pero los servicios jurídicos de la Generalitat avalan" la interpretación de incumplimiento de una orden, y Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán- "sugiere a la Generalitat dar cumplimiento al acuerdo de la JEC" tras ser consultado en dos ocasiones por el acusado.

Por último, el fiscal ha advertido además al presidente catalán de que "el mensaje del lazo amarillo no es neutral, no es compartido por toda ciudadanía y por tanto no hay atisbo de prevaricación de la JEC".

Gonzalo Boye, por contra, se ha remitido a una sentencia del TS de 2013 para argumentar su tesis de que la Junta Electoral no tiene competencias sobre la Generalitat porque se trataba de elecciones generales, sin participación de la administración autonómica. El defensor de Torra ha asegurado que la resolución de la JEC "es una aberración jurídica" con "una motivación política" y ha recriminado a la Junta Electoral que no haya instado a la presentación de querellas contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, o contra Vox, tras amonestarlos durante la última campaña electoral.