"Sí la desobedecí, pero era imposible cumplir una orden ilegal, dictada por un órgano que no tenía competencia para hacerlo". Quim Torra se ha ratificado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en que no obedeció las ordenes de la Junta Electoral Central (JEC) cuando ésta le ordenó retirar los símbolos políticos como lazos amarillos o pancartas de los edificios públicos titularidad de la Generalitat durante la campaña de las elecciones generales del 28A.

"Yo, como presidente de la Generalitat debía defender los derechos de mis conciudadanos" ha argumentado Torra, quien solo ha respondido a las preguntas de su defensa, rechazando responder tanto a la Fiscalía como a la acusación particular ejercida por Vox.

A preguntas de su letrado, Gonzalo Boye, Torra ha asegurado que las ordenes de la JEC "eran ilegales" porque la Junta "no es un órgano jerárquico superior a la Presidencia de la Generalitat y porque no tenía competencia en ese caso". El president ha argumentado para justificar esa apreciación que la Generalitat "no tenía participación en ese proceso electoral" y que esas cuestiones deberían haberse sustanciado ante las juntas provinciales.

Torra ha llegado a acusar a la Junta Electoral de "inventarse un particular sistema de recursos que les permitía darnos plazos" y ha concluido que la JEC "se inventó la manera de tramitar el caso" con el único objetivo de acabar procesando judicialmente al presidente de la Generalitat por delito de desobediencia.

La JEC, ha asegurado Torra ante el tribunal, "quiere que el presidente obedezca a un acto ilegal o hacerlo prevaricar" y ha añadido que "es probable que también hayan incurrido en un delito de coacciones". Ha denostado además la "pretensión" de que el presidente de la Generalitat "dicte una orden general sobre quitar lazos y pancartas de presos y exiliados que es evidente que no tenía autoridad para dictar una orden como esta".

El argumento de Torra es que esos lazos y pancartas en favor de los procesados por el 1-O responden a un "consenso social de que la judicialización de la política no nos gusta a los catalanes, somos gente demócrata, no entendemos que a los mandatos populares se les apliquen los códigos penales".

El ex jefe de los Mossos desmiente a Torra

El ex comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, ha desmentido la imposibilidad alegada por Torra para retirar los símbolos de todos los edificios públicos dependientes de la Generalitat, explicando que la orden dada por la JEC al Departamento de Interior y al cuerpo de Mossos d'Esquadra se cumplió en menos de 24 horas.

Esquius ha narrado como, tras recibir la orden de la Junta Electoral, se dirigieron al director de la Oficina de Presidencia para pedir que se retirara la pancarta del Palau de la Generalitat que no puso pegas al cumplimiento de este requerimiento de la JEC.

"En absoluto", ha asegurado en respuesta a preguntas del fiscal, Francisco Bañeres, "el director de la oficina retiró la pancarta y nos dijo que se darían órdenes inmediatas para retirar simbología" de los edificios públicos.

La defensa pide anular la instrucción

La defensa de Quim Torra ejercida por Gonzalo Boye e Isabel Elbal, ha reclamado la suspensión del juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por considerar que se ha vulnerado el derecho a un juez imparcial del acusado. El motivo, que tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Jesús Maria Barrientos, como el magistrado Joaquín Gadea, han hecho declaraciones públicas en las que denuncian el acoso a los jueces que ejercen en Cataluña desde la Generalitat.

"Tanto Barrientos como Gadea Francés han realizado expresiones publicas sobre el acoso a los jueces de Cataluña por parte de la Generalitat y a quien tenemos sentado en el banquillo es al presidente de la Generalitat" ha lamentado Elbal en la exposición de las cuestiones previas. "Esto excede la libertad de expresión y llega a la categoria de declaración institucional en un conflicto constitucional" ha añadido, concluyendo que "esto es una anomalía democrática" y que "no hay ningún juez en Cataluña" que pueda juzgar este conflicto institucional.

Elbal ha reclamado además suspender el juicio para citar a declarar como testigos a los miembros de la Junta Electoral Central. Una petición que ya había sido rechazada en la fase previa. Y ha considerado vulnerada la presunción de inocencia de Torra por declaraciones de Isabel Celaá, Miquel Iceta o Lorena Roldán.

El presidente de la Generalitat afronta el juicio por desobediencia tras haberse negado reiteradamente a retirar la pancarta en favor de los procesados por el 1-O y los lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat. La Fiscalía pide para Torra una condena de 18 meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros, mientras la acusación particular de Vox eleva la inhabilitación a dos años y la multa a 72.000 euros.

Entre el 11 y el 21 de marzo la Junta Electoral requirió en dos ocasiones al presidente de la Generalitat para que retirara esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat durante el periodo electoral, atendiendo a una demanda de Cs, que exigían respeto a la neutralidad de las instituciones públicas. Pero Torra se negó acatar el requerimiento de la JEC no retiró la pancarta de la Generalitat hasta que el 21 de marzo el Sindic Rafael Ribó -defensor del pueblo catalán- emitió un dictamen en el que recomendaba acatar los dictámenes de la Junta.

El Fiscal Superior de Cataluña imputa a Torra un delito de desobediencia a resoluciones judiciales «por haber incumplido consciente, abierta y reiteradamente» lo decidido por la JEC. La Fiscalía recrimina además al presidente catalán que la desobediencia ha sido «encubierta bajo una mera apariencia de cumplimiento que no ocultaba una evidente permisividad de diversos actos tendentes a burlarlas abiertamente».

Torra ha comparecido acompañado por su esposa y su hijo, además del vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa. A las puertas del TSJC le han recibido al salir del coche el expresidente de la Generalitat, Artur Mas; el presidente del Parlament, Roger Torrent, y casi todo su Govern, además de simpatizantes.