La sentencia de los ERE de Andalucía establece que Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo, gestor del fondo de reptiles y condenado a siete años de cárcel por malversación y prevaricación "era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó, disponiendo de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados".

El fallo de la Audiencia de Sevilla explica que el ex alto cargo socialista "participó en la tramitación de las modificaciones presupuestarias, entre ellas, las de los años 2000 y 2001, que introdujeron en el programa 22E, el uso inadecuado de las trasferencias de financiación". Es decir, su gestión "suponía de dejar cumplir los requisitos de la normativa de subvenciones, para seguir dando ayudas al margen de este procedimiento".

"El pago de dichas ayudas podía haberse realizado, igualmente, sin necesidad de hacer las modificaciones presupuestarias. Pero en este caso, sí se hubiese tenido que tramitar los expedientes de concesión de subvenciones, con los requisitos legalmente establecidos para su otorgamiento, así como la fiscalización previa por parte de la Intervención". Ese control "fue lo que se eludió con las citadas modificaciones presupuestarias, y con las de 7 de mayo de 2001, 18 de septiembre de 2001, y 13 de noviembre de 2001", explica la sentencia.

En concreto, la participación de Guerrero se centra en elaborar "las memorias justificativas de las modificaciones presupuestarias que incrementaron los fondos a movilizar mediante transferencias de financiación". "Del examen de la documentación se desprende que lo que realmente se articuló fue un procedimiento para el pago de cantidades a las que se comprometía la Consejería de Empleo ante empresas, sindicatos, colectivos de trabajadores y personas físicas, sin sujeción a procedimiento alguno, en la asunción de dichos compromisos", asegura el fallo. Esas subvenciones excepcionales se tramitaban "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido”.

Por todo ello, el gestor del fondo de reptiles "fue quien generó el déficit, al contraer obligaciones muy por encima del crédito presupuestario", "dando órdenes directas a las compañías de seguros y mediadoras, de destinar a otras pólizas las cantidades que les habían sido transferidas por IFA/IDEA (pagos cruzados), generaba aún mayor déficit, en este caso, oculto a la contabilidad de IFA/IDEA, puesto que se detraían fondos de pólizas que, para IFA/IDEA, ya habían sido parcial o totalmente abonadas".

Por si ese "sistema fraudulento" y "descontrol total" fuera poco, el fondo de reptiles se empleó también "en fines distintos y ajenos a los recogidos en las fichas presupuestarias del mismo". "No consta en los expedientes la existencia de ningún análisis económico que ponga de manifiesto si estas ayudas eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente a las obligaciones asumidas por la Junta", asegura la sentencia, que concluye: "Por consiguiente, el encausado era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó. Disponiendo de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados".

El 19 de enero de 2011, la juez sevillana Mercedes Alaya iniciaba la instrucción del caso ERE, el procedimiento penal que acabó anticipadamente con las carreras políticas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán y que reveló la existencia de un sistema opaco con el que la Junta de Andalucía -en la etapa socialista- repartió durante una década de manera presuntamente irregular al menos 680 millones de euros en ayudas a empresas en crisis y trabajadores afectados por procesos de reestructuración.

Casi nueve años después, la Audiencia de Sevilla ha notificado la primera sentencia -de las muchas que tendrán que llegar- de esta macrocausa: la relativa a la ideación, diseño, organización, establecimiento y mantenimiento del procedimiento específico con el que la Administración andaluza entregó el dinero para los citados fines entre los años 2000 y 2010. Después de 11 meses de espera, Chaves, Griñán y otros 19 acusados han recibido su condena.

Por el delito de malversación, el Ministerio Público ha pedido al tribunal que imponga seis años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta a Griñán, el mismo castigo que para otros cuatro acusados. Más que por su etapa como presidente del Ejecutivo autonómico, el reproche penal que formularon los fiscales a José Antonio Griñán se deriva de su etapa como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009), responsabilidad que le hacía destinatario del informe con el que la Intervención General alertó en 2005 de que se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la concesión de subvenciones. En buena manera, ello explica que a él se le imputara también el delito de malversación y a Chaves sólo el de prevaricación.