Hubo un gran fraude y un gran plan. La Audiencia de Sevilla ha condenado al ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de prisión por su responsabilidad en el fraude de los ERE, al considerarlo autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos. El tribunal considera probado que las ayudas a prejubilaciones y empresas a crisis durante una década fueron "concedidas por la Consejería de Empleo al margen del presupuesto, imposibilitando así su fiscalización previa, lo que propició un absoluto descontrol".

En total, el tribunal ha impuesto penas a 19 de los 21 encausados, entre ellos a Manuel Chaves: nueve años de inhabilitación por prevaricación. La Sala tan sólo ha absuelto al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez y a Francisco del Río, antiguo jefe de los servicios jurídicos.

Al cabo de 11 meses de la terminación del juicio y casi nueve años después de que empezara la instrucción de esta macrocausa, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha notificado este martes la primera sentencia del caso ERE, la relativa al procedimiento específico por el que la Administración andaluza repartió al menos 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009 para el pago de prejubilaciones y a empresas en crisis. Este fallo, de 1.821 páginas, condicionará el enjuiciamiento de los hechos que se investigan en casi 200 piezas separadas más.

El fallo supone una severa censura a la forma de gestionar los recursos públicos por parte de sucesivos gobiernos socialistas en Andalucía durante una década y avala las tesis que desde que comenzó la investigación han mantenido la juez Mercedes Alaya -magistrada que inició la instrucción-, la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular ejercida por el PP y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La sentencia no es firme y, con total seguridad, será recurrida ante el Tribunal Supremo.

El tribunal sentencia que las ayudas se concedían "al margen del presupuesto", evitando la fiscalización previa y propiciando "un absoluto descontrol"

El tribunal considera acreditada la malversación continuada de caudales públicos, delito que la Fiscalía y la acusación popular que ha ejercido el PP imputaban a 15 de los 21 procesados. Entre ellos se encontraba Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 y máximo responsable del Ejecutivo autonómico entre 2009 y 2013. Renunció al cargo antes de que la juez Alaya elevara al Supremo la exposición razonada con los indicios reunidos sobre su participación en los hechos.

El sucesor de Chaves en el Gobierno andaluz es uno de los 10 encausados a los que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha impuesto pena de prisión. En cinco casos (Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina, Javier Aguado, Jacinto Cañete y Manuel Gómez), la Sala no ha apreciado reproche penal por este delito de malversación y sólo les ha castigado por prevaricación.

La Audiencia de Sevilla va más allá de lo que fue el Supremo durante la fase de instrucción. El Alto Tribunal no apreció que indiciariamente José Antonio Griñán pudiera ser autor de un delito de malversación, ya que -en opinión del magistrado Alberto Jorge Barreiro- el alto cargo sabía que el sistema de concesión de las subvenciones era "claramente ilegal en su tramitación" por los informes emitidos por la Intervención pero no que con la materialización de dicho procedimiento "se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio ilícito de terceras personas".

La condena a José Antonio Griñán es la misma que había formulado el Ministerio Público al término de la vista oral: seis años. Alejado de la primera escena política desde hace seis años, el ex presidente andaluz también es inhabilitado por 15 años y dos días, ligeramente por debajo de la petición del Ministerio Público.

Los magistrados consideran que Griñán, presidente de la Junta desde el mes de abril de 2009 fue el destinatario (previamente como consejero de Economía y Hacienda) de los distintos informes de la agencia IDEA que ejerció de 'caja pagadora' de los ERE así como conoció las consecuencias de la gestión del denominado 'fondo de reptiles'. Sin embargo, según los miembros del Tribunal, igual que otros encausados, "no hicieron nada para poder iniciar los expedientes oportunos que permitiesen reintegrar a las arcas públicas de la Junta de Andalucía los fondos que salieron sino que posibilitaron y permitieron que, año a año conforme a las facultades y potestades que su cargo le permitía en los periodos ya reseñados- se siguieran reproduciendo el mecanismo ya descrito". De ahí que acaben condenándole por prevaricación y malversación.

Tras declarar el 9 de abril de 2015 ante el Supremo, cuando el Alto Tribunal investigaba a los aforados del caso ERE, Griñán dijo a los periodistas que "no hubo un gran plan pero sí un gran fraude». La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Antonio Calle, dibuja el concierto de varios altos cargos para el mantenimiento de un sistema al margen del procedimiento establecido para el reparto de ayudas a empresas en crisis y el pago de prejubilaciones a trabajadores afectados por procesos de reestructuración.

"Inconcebible" que Chaves no lo supiera

En cuanto a Manuel Chaves, condenado por prevaricación, los magistrados ven "inconcebible" que no conociera el sistema aprobado y mantenido en los años para que fueran distintos empresarios, y no los propios beneficiarios de las ayudas, quienes se beneficiaran del sistema de los ERE, según se considera probado en la sentencia.

"Precisamente, la trascendencia de este cambio (de legislación) y su necesario reflejo en la presupuestación hace también inconcebible que esta decisión fuera asumida exclusivamente por la consejera de Economía y Hacienda (Magdalena Álvarez) sino que exigió de la decisión del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta, el acusado Manuel Chaves", se puede leer en el fallo.

Los miembros del tribunal no se basan sólo en la lógica de la situación para hacer tal afirmación, sino que afirman que "constan en la causa algunos documentos de los que, por añadidura, se desprende el conocimiento que tenía el Presidente del Consejo de Gobierno sobre la forma en que se concedían las ayudas".

"Eliminando mecanismos de control"

"La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes
conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta Andalucía a
establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los
mecanismos de control legalmente establecidos", razona.

La pena más severa es para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, quien tuvo a su disposición la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles con la que se abonaban las ayudas. En concreto, la Sala impone siete años, 11 meses y un día de prisión, quedando inhabilitado para ejercer cargo público durante 19 años, seis meses y un día.

El tribunal también castiga a los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo con penas de cárcel de entre siete años y un día siete años y 11 meses. También son condenados por malversación los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de Trabajo Juan Márquez (siete años y día) y el ex director general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano (seis años y seis meses y un día).

Como autores de un delito de prevaricación, junto a Chaves, también han merecido el reproche penal del tribunal los ex consejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez; el ex viceconsejero José Salgueiro; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, y el ex director general de la Agencia IDEA Jacinto Cañete. Todos a penas de entre ocho años, seis meses y un día y nueve años de inhabilitación.

La última palabra la tendrá el Supremo, instancia a la que con seguridad recurrirán los condenados a penas de prisión. La duda es si la Fiscalía Anticorrupción también acudirá al Alto Tribunal al absolver a dos encausados de los delitos que les imputaba y a otros de la malversación.