Los ayuntamientos vascos podrán establecer que el euskera sea su única lengua de trabajo, tanto internamente como en sus relaciones hacia el exterior. Los consistorios que lo acuerden podrán crear “unidades administrativas en euskera” dentro de su entramado institucional y organizativo en las que los funcionarios únicamente se relacionen laboralmente en euskera y en la que todos los documentos y notificaciones se realicen en esta lengua. Además, el Consistorio que lo determine podrá comunicarse con los ciudadanos sólo en euskera o en castellano y únicamente en aquellos casos en los que el ciudadano lo especifique deberá comunicarse con él en la otra lengua.

El decreto abre la puerta a que el mapa de ayuntamientos en el País Vasco se clasifique entre consistorios que funcionen interna y externamente sólo en euskera o que lo hagan de modo bilingüe. La norma aprobada hoy por el Gobierno vasco llega incluso a determinar en su artículo 27.2.b que en su relación con los ciudadanos las entidades locales tendrán que establecer en sus bases de datos y registros un apartado donde “hacer constar un campo que exprese la lengua de relación” solicitada por cada ciudadano para el envío de sus notificaciones escritas.

El decreto, que será de aplicación progresiva, concede competencia y autonomía plena a los 250 ayuntamientos vascos para fijar sus mecanismos de fomento del uso del euskera. Apunta que deberá hacerlo de acuerdo a su realidad sociolingüística, que será lo que determine la lengua de uso, tanto interna como externamente o si lo hará de modo bilingüe.

Uno de los cambios que aporta es que abre la puerta a que un ayuntamiento acuerde que el euskera sea su única lengua de relación, si bien eso en ningún caso puede suponer la vulnerar del derecho de los ciudadanos a relacionarse con los entes locales en cualquier de las dos lenguas oficiales en Euskadi. La norma reitera en varios puntos que el fomento del euskera en ningún caso puede entenderse como una “discriminación” del castellano ni puede suponer la vulneración de los ciudadanos a relacionarse en cualquier de las dos lenguas oficiales con la Administración local.  También se detalla que el derecho a elegir la lengua de relación no puede suponer ninguna “carga” para el ciudadano.

La primera palabra, en euskera

La norma, de 59 artículos, pone fin a la anterior regla única que regía sobre todos los ayuntamientos, sin diferenciar realidades lingüísticas y que databa de 1982. En el documento se llega a detallar incluso que en los puestos de atención al ciudadano, así como en las comunicaciones telefónicas la primera palabra siempre será en euskera y se continuará en la lengua por la que el ciudadano decida llevar adelante la conversación. De igual manera, en la rotulación se procurará que el euskera tenga un lugar preferente.    

La nueva norma busca potenciar el uso del euskera, que el Ejecutivo constata que es bajo en el seno de las administraciones y entes locales pese a la exigencia de perfilen lingüísticos que desde hace décadas se impone en la función pública. Así, establece que se podrán determinar áreas administrativas internas en los que a todos los trabajadores que ocupen plaza con perfil lingüístico acreditado su lengua de trabajo sea sólo el euskera. Eso afectaría no sólo a la relación laboral sino también a la edición de informes, documentos y el resto de materiales que se evitarían traducir. En este sentido, se apuesta por la necesidad de avanzar hacia una “racionalización” de la traducción ahora muy extendida en la Administración. Sólo en los casos en los que se solicite, se traduciría.

En la pretensión de fomentar el euskera como idioma de trabajo en el ámbito municipal, el decreto facilita que las entidades locales detallen los ámbitos de uso de cada lengua. Deberán hacerlo de modo detallado y explicitando en cada caso aspectos como el funcionamiento interno en reuniones, en la redacción de mociones, en dictámenes o actas, entre otros. También deberán determinar en qué lengua remitirán las notificaciones a la ciudadanía y el resto de instituciones o como serán sus actos públicos y publicaciones. En la lista de cuestiones sobre las que tendrán que pronunciarse figuran la lengua de las rotulaciones interiores y exteriores de los edificios e instalaciones municipales.

Realidad 'sociolingüística'

En ese afán por favorecer el uso del euskera, el Gobierno vasco permitirá que los ayuntamientos establezcan no sólo ayudas y subvenciones para su uso sino también “exenciones fiscales que consideren oportunas para potenciar la utilización y la divulgación del euskera”. Las medidas que se acuerden también afectarán a las convocatorias públicas de contrataciones así como a la relación con proveedores o subcontratas.

La filosofía que inspira el decreto pasa por adecuar la realidad organizativa y de relación con la ciudadanía en función del grado de conocimiento del euskera en su entorno. La realidad sociolingüística debe ser un factor determinante para establecer un uso lingüístico u otro.

Desde el Gobierno vasco afirman que en muchos casos, en especial en las grandes urbes, no se prevé que se produzcan cambios y que la fórmula de una relación bilingüe, tanto en el interior de los organismos administrativos como en la relación de estos con la ciudadanía, continúe como hasta ahora. Los cambios sí pueden darse en las localidades donde el euskera es de uso generalizado y que por tanto se reduzca el uso del castellano.