La Junta de Andalucía estudia ya las diferentes vías que ofrece el ordenamiento jurídico antes de decidir si ejerce la acción civil para tratar de recuperar el dinero de los ERE tras la sentencia condenatoria por malversación de caudales públicos dictada este martes por la Audiencia de Sevilla.

La Administración autonómica pidió la pasada legislatura el archivo de la pieza política de esta macrocausa, la ya juzgada y sentenciada, al considerar que ni se implantó un procedimiento específico para la concesión de ayudas a prejubilaciones y empresas en crisis con "una finalidad ilegítima" ni había quedado acreditada durante la fase de instrucción la existencia de una "trama criminal".

Con todo, en su calidad de acusación particular, la Junta se reservó expresamente la acción civil, motivo por el cual la Fiscalía Anticorrupción no pidió en su escrito de conclusiones finales que respondieran civilmente los encausados. El Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) debe decidir ahora si la ejerce.

Fuentes del Gobierno andaluz han reconocido a El Independiente que ya se están valorando las diferentes vías jurídicas antes de decidir si instan la acción en los tribunales tras el fallo por el se condena a 19 de los 21 ex altos cargos por prevaricación y a 10 de ellos también por malversación de caudales públicos.

El Ejecutivo reconoce la extrema dificultad que entraña la recuperación del dinero, de ahí que no quiera generar una expectativa ante la opinión pública sabiendo que lograrlo es prácticamente imposible. La Administración andaluza también tiene el derecho a ejercer la acción ante el Tribunal de Cuentas.

En la sentencia de la pieza política del caso ERE, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla cifra en más de 680 millones de euros el montante global que suma la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles, con la que la Junta de Andalucía financió las ayudas a prejubilaciones y empresas en crisis entre los años 2000 y 2009.

El Gobierno de Moreno Bonilla reconoce la dificultad para recuperar el dinero y no quiere generar expectativas

El tribunal ha sentenciado que el mecanismo presupuestario utilizado para abonar el dinero -las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo enviaba al extinto Instituto de Fomento de Andalucía o a su sucesora la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que actuaban de 'caja pagadora'- es inadecuado, dado que esa herramienta sólo puede emplearse para cubrir las pérdidas de una entidad pública. En sentido estricto, toda la gestión de dicha partida es irregular.

Ahora bien, la mayor parte de ese dinero se ha destinado a pagar las prejubilaciones a trabajadores 'legales', descartando la instrucción en todo momento la posibilidad de reclamarles las rentas siquiera como beneficiarios a título lucrativo. Sí están imputados en piezas separadas los intrusos, empleados que no tenían ninguna vinculación con la empresa a la que se concedió la ayuda pero que se colaron indebidamente para cobrar una prejubilación.

A 1 de julio de 2018, último dato conocido, la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública -con el PSOE aún en el Gobierno autonómico- reconoció en el Parlamento andaluz que el dinero recuperado de los ERE ascendía a 6,7 millones, cifra que representa menos de un 1 % de la partida fraudulenta.

Decisiones tras la sentencia

El ejercicio o no de la acción civil es una de las decisiones pendientes tras la sentencia, que no es firme y será recurrida con toda seguridad por el ex presidente andaluz José Antonio Griñán -entre otros condenados a penas de prisión- ante el Supremo.

No parece probable que la Fiscalía Anticorrución acuda al Alto Tribunal para combatir el fallo de la Audiencia de Sevilla, que ha dado acogida en gran medida -sobre todo al condenar por malversación- a su petición. De lo que se ha desmarcado la Sala es de condenar al ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez -para el que el Ministerio Público pedía seis años de prisión y 30 de inhabilitación- y a Francisco del Río, antiguo jefe de los servicios jurídicos de la Administración autonómica.