El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado como investigados a 12 periodistas de El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, Cadena Ser y RTVE por la publicación de información relativa al sumario de los CDR que se instruye en la Audiencia Nacional cuando la causa estaba secreta.

Los abogados de los radicales independentistas acusados de terrorismo denunciaron un presunto delito de revelación de secretos ante la Audiencia Nacional cuando se publicaron las primeras informaciones tras la detención de los CDR. Informaciones relativas a los autos de prisión y a datos que se han confirmado una vez se ha levantado el secreto reforzado de la información, como que sirvieron de enlace entre el presidente catalán Quim Torra y el fugado Carles Puigdemont o que tenían previsto atacar infraestructuras críticas y un cuartel de la Guardia Civil.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró que no los juzgados centrales no eran competentes para investigar un delito de revelación de secretos y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, derivó la denuncia a los juzgados de Plaza de Castilla.

Derecho protegido en la Constitución

Ahora, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha decidido citar como investigados a los periodistas a pesar de que investiga un delito de revelación de secretos por parte de funcionario público. Los periodistas habrían sido, según el instructor, cooperadores necesarios.

La Constitución Española recoge en su artículo 20 el derecho al secreto profesional en el ejercicio periodístico. Las fuentes periodísticas están protegidas por la Constitución y por lo tanto los profesionales de medios no tienen por qué revelarlas. Éste parece ser el fin pretendido por los CDR y sus defensas, conocer el origen de la filtración del sumario, con todos los indicios que les han llevado a prisión preventiva.

Precedente del juez del 'caso Cursach'

Recientemente, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares confirmó una investigación judicial contra el juez del caso Cursach, Miguel Florit, por incautar teléfonos móviles y ordenadores portátiles a periodistas de Diario de Mallorca, EFE y Europa Press en busca de una filtración.

La Sala rechazó los recursos presentados por el juez contra la instrucción abierta contra él por un delito contra el ejercicio al derecho al secreto profesional e interceptación de las comunicaciones de los profesionales y afirmó que "lo relevante en este proceso no es la injerencia (el juez defendía que la injerencia en sus móviles había sido leve) sino la denunciada vulneración del derecho de los periodistas al secreto profesional, a no revelar las fuentes de información".