Hasta ahora sólo eran palabras. Aspiraciones proclamadas en mítines y escritas en programas electorales, poco más. Cuando los cinco autores de la obra más delicada que intenta escribir Euskadi desde hace siete años debían ponerse de acuerdo en el texto, ha sido imposible. El libro, llamado a ser el Estatuto del País Vasco del siglo XXI, continúa sin letra común, sin relato compartido, sin articulado de consenso. A lo más a lo que ha llegado el intento de síntesis y escritura 14 meses después ha sido a redactar algunos capítulos.

La semana próxima, Euskadi volverá a comprobar que es demasiado plural para tal objetivo. Que el abanico ideológico es tan amplio que bloquea cualquier intento por primar el modelo de unos sobre el de los otros, demasiado dispares entre sí. También que nadie está dispuesto a ceder para alcanzarlo. En realidad, son ‘cuatro Euskadis’ las que se plasmarán en tres propuestas de Estatuto. 

La comisión de cinco juristas las entregará antes del sábado día 30. Ellos debían consensuar una propuesta articulada de nuevo Estatuto vasco para su debate parlamentario posterior. Han sido incapaces de hacerlo. La encomienda era casi imposible desde el minuto uno: poner de acuerdo a PNV, a Bildu, a PSE, a Podemos y a PP para esculpir la Euskadi post Estatuto de Gernika y hacerlo bajo la premisa de incluir el derecho a decidir. La discrepancia ha dividido incluso a los nacionalismos entre sí… y a los no nacionalismos.

El puzzle era complejo y sigue siéndolo ahora. Debía confluir en tierra común a la Euskadi independentista (Bildu) con la ‘confederal’ (PNV y Podemos), la ‘Federal’ (PSE) y la del Estatuto ‘actualizado’ (PP). Cuatro ‘Euskadis’ que finalmente se han disgregado en tres propuestas articuladas; la que presentará la izquierda abertzale, la que firmará en solitario el PP y la que rubricará el PNV con el apoyo parcial del PSE -que rechaza en un voto particular las cuestiones más delicadas de la misma- y Elkarrekin Podemos. Ni siquiera quienes entraron de la mano en el proceso de reflexión para dar forma al articulado, PNV y Bildu, han logrado salir unidos. El resumen es casi el esperado: tres propuestas de estatuto, un nacionalismo fracturado y cuatro visiones del País Vasco.

Calendario incumplido

En el centro de toda la operación se sitúa el PNV. La formación de Andoni Ortuzar activó el proceso allá por 2012, en plena campaña autonómica con Iñigo Urkullu como nuevo candidato a lehendakari. Lo hizo con un programa electoral que dibujó por primera vez el calendario para la renovación del Estatuto de Gernika de 1979. Propuso la creación de una ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco de la que debía salir un texto de base consensuado para remitirlo posteriormente a un grupo de juristas expertos que lo tradujeran en un articulado. Finalmente, con ese primer boceto de Estatuto vasco se debía iniciar la tramitación parlamentaria en Euskadi y, en su caso, en las Cortes para alumbrar un nuevo ‘estatus’ para Euskadi y su encaje en el Estado. Incluso se puso fecha al refrendo en consulta de la propuesta, el año 2015.

Los expertos no logran el consenso y abogan por fórmulas distintas: independencia, federalismo, autonomismo y un estado confederal vasco

De todo ello, en noviembre de 2019, sólo se ha logrado constituir una ponencia de autogobierno, cerrar un texto de mínimos sólo entre PNV y Bildu y certificar que la cuestión identitaria y conceptos como la ‘Nación vasca’ o el derecho a decidir continúan siendo muros insalvables para conectar ‘las Euskadis’.

A un año de unas elecciones autonómicas en el País Vasco, en EH Bildu no han tardado en arremeter contra el PNV. La coalición que lidera Arnaldo Otegi le reprocha haber hecho saltar por los aires las bases que ambos pactaron hace poco más de un año. En ellas se establecía que el futuro nuevo Estatuto, el único junto al de Galicia que no se ha renovado en nuestro país, debía escribirse en clave soberanista. Bases que Otegi acusa a Ortuzar de haberlas “mutilado” para acercarse a PSE y Podemos con “juegos de trileros”. En ellos se planteaba incluir el derecho a decidir, la clasificación de la sociedad vasca entre “ciudadanos” y “nacionales”, la consideración de Euskadi como “sujeto político institucional” o la definición del País Vasco con alguna de las cinco formulaciones propuestas: ‘Comunidad Estatal vasca’, ‘Comunidad de carácter nacional’, ‘Comunidad foral vasca’, ‘Comunidad nacional vasca’ o ‘Estado autonómico vasco’.

Aquel núcleo del articulado era incompatible con la transversalidad a la que el PNV siempre apela. No logró el respaldo de nadie más que la izquierda abertzale. Ahora Bildu denuncia que los jeltzales se han limitado a pactar un texto articulado que no pasaría de una actualización del Estatuto y que fija el límite de la Constitución como máximo avance posible.

PSE, sintonía parcial

El PSE ha accedido a moverse, pero sólo levemente. La mayor sintonía con las tres posiciones que se explicitan para un nuevo Estatuto vasco es con sus socios de Gobierno, el PNV, pero en un grado muy moderado. Los dos partidos, el de Ortuzar y el de Idoia Mendia, dejaron claro en su acuerdo de gobernabilidad que las cuestiones identitarias y de modelo territorial quedarían fuera de la sintonía que firmaban. Una discrepancia pactada que ahora se mantiene.

Los socialistas emitirán un voto particular al texto propuesto por el PNV. En él manifiesta su discrepancia con la concepción de la nación vasca, el derecho a decidir y el planteamiento confederal que los jeltzales proponen. Mendia repitió incluso en campaña que nunca vulneraría el ordenamiento jurídico en vigor y que su apuesta en el nuevo Estatuto pasa por reforzar “los derechos sociales, no los nacionales”, y una vía federal y no la confederal que PNV y Elkarrekin Podemos reclaman.

El PSE se suma a la propuesta del PNV pero con grandes salvedades en torno a la nación y el derecho a decidir

En este pulso territorial, socialistas y nacionalistas también discrepan en la formula en la que la actualización del Estatuto de 1979 debiera renovarse; por la vía federal, defienden los socialistas, y por la confederal, abogan PNV, Podemos y, en su caso, Bildu, defensor de la ‘República vasca de Euskal Herria’. La diferencia no es baladí. El federalismo que, tras un cambio constitucional, si contemplaría el PSOE, supondría mantener un alto grado de autonomía, no eliminaría la capacidad del Estado central y mantendría una constitución común para toda la federación, que sería concebida como sujeto jurídico único.

Apostar en cambio por una Euskadi confederal abriría la puerta hacia una cuasi independencia de facto, a situar “de igual a igual” a Euskadi y España. En una confederación, sus integrantes serían considerados estados, cada uno contaría con su propia constitución y el grado de autonomía del que disfrutaría sería muy superior. Tampoco Euskadi tendría necesidad de rendir cuentas ante el Estado central y su ciudadanía se debería al ‘Estado vasco’ y no a la confederación de Estados.

Constitución y Estatuto

Una vez más, el movimiento del PNV busca lo viable frente a lo deseable. Finalmente, el pragmatismo se ha impuesto. Desde Sabin Etxea recuerdan que no tendría sentido, como acusan a Bildu, apostar por un Estatuto en clave independentista y de ‘vía unilateral’ que no llegara la superar a tramitación y topase con un muro de rechazo en las Cortes, un ‘Plan Ibarretxe II’. Un realismo que incluso le llevó a no incluir el derecho a decidir en el programa electoral con el que concurrió el 28-A y el 10-N, “hay que ser realista”, reconoció su candidato Aitor Esteban, “esta legislatura será complicado pedir el derecho de autodeterminación”.

Pero explorar la vía en el marco legal posible, no tanto. Es la opción del PNV y en la que podría contar con la complicidad del socialismo y de Podemos, cuyo líder se ha comprometido esta semana con defender la “plurinacionalidad” en el Gobierno que aspira a compartir con Sánchez.

La apuesta para empezar a horadar el túnel hacia esa aspiración pasa por exprimir dos vías posibles que siempre enarbola el nacionalismo de Ortuzar y Urkullu: la disposición adicional primera de la Constitución y la disposición adicional del Estatuto de Gernika. La primera ampara los “derechos históricos de los territorios forales” y su actualización y la segunda puntualiza que, pese a haber aceptado en su momento el régimen autonómico, ello no implica que el País Vasco y “el pueblo vasco” renuncien “a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia”.