La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado sus escritos de alegaciones contra las peticiones de nulidad de la sentencia del procés en las que los condenados apuntan a una vulneración de sus derechos fundamentales antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

En sus escritos, el Ministerio Público rechaza que se haya vulnerado ningún derecho de los líderes independentistas e insiste, después de haber dictado el Tribunal presidido por Manuel Marchena una sentencia, en que el proceso independentista debió ser condenado por rebelión y no por sedición y malversación como finalmente decidieron los magistrados y viene a reprochar que el tribunal "haya optado por una tipificación penal a la baja respecto a unos hechos que bien pudieran haber tenido un encaje normativo más riguroso".

En el escrito en el que presentan sus alegaciones contra la vulneración de derechos que denuncia el líder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, los fiscales descartan que haya habido "desproporción en la pena finalmente impuesta", como afirma el líder independentista. En este sentido, afirman que "bastaría para rechazar tal alegación reparar en que la ilícita conducta del recurrente no afectó solamente al orden público, sino que también intentó quebrar el orden constitucional".

En este sentido, los fiscales que intervinieron durante el juicio del procés Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno afirman que "aun cuando el tribunal haya considerado finalmente que los hechos cometidos no tuvieron suficiente eficacia lesiva para el orden constitucional, es lo cierto que el propio relato de hechos probados acredita el desbordamiento de los contornos legales propios de la sedición y la incursión de los mismos en la ejecución de algunos de los elementos típicos de la rebelión (alzamiento público, violencia, declaración de independencia, derogación de la Constitución, etc.)". "Es decir, el Tribunal ha optado por una tipificación penal a la baja respecto a unos hechos que bien pudieran haber tenido un encaje normativo más riguroso", sostienen.