El Tribunal Supremo ha preguntado a la Fiscalía si es competente para investigar presuntos contratos irregulares en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) cuando la dirigía Laura Borràs, actualmente diputada de JxCat, por lo que es aforada.

Según han informado fuentes del alto tribunal, el Supremo ha decidido pedir informe al fiscal sobre competencia tras recibir la exposición razonada que le ha remitido la juez de Barcelona que investiga estos hechos.

Antes de dirigirse al Supremo, la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona remitió un escrito al Congreso solicitando una "certificación acreditativa" de la condición de diputada, y por lo tanto aforada, de la exconsellera de Cultura y portavoz de JxCat en la Cámara Baja.

La Mesa del Congreso respondió a la magistrada con un escrito en el que le recordaba que "la relación entre los poderes constitucionales, como es el caso de las Cortes Generales y el poder judicial, debe hacerse siempre a través de sus más altos órganos", por lo que correspondía al Supremo cursar esa petición, si así lo consideraba procedente.

La diputada encargó presuntamente trabajos a un informático que había colaborado con ella en la impartición de un máster

El escrito recuerda además a la juez que el Tribunal Supremo cuenta con una "relación actualizada" de los miembros de la cámara, que el Congreso le hizo llegar en virtud de un acuerdo de la Mesa del pasado mes de mayo.

Con esta gestión, la juez instructora daba los primeros pasos para elevar al alto tribunal la investigación que tiene en sus manos sobre la presunta adjudicación irregular de contratos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), unas pesquisas que hasta ahora se han centrado en un colaborador de la diputada y exconsellera de Cultura.

Los contratos investigados corresponden a tres trabajos digitales por un importe total de 45.500 euros que Borràs encargó presuntamente entre los años 2015 y 2017, cuando dirigía la ILC, a un programador informático que había colaborado con ella en un máster que la exconsellera impartía en la Universitat de Barcelona.

La juez, que ordenó a los Mossos d'Esquadra registrar el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat y la ILC en busca de los expedientes sobre esos trabajos, ha investigado si los contratos fueron troceados para eludir la convocatoria del preceptivo concurso público.

Ante posibles indicios de la implicación de Borràs en las presuntas irregularidades, la juez ha decidido llevar el caso al Supremo, de forma que sea el alto tribunal el que decida si abre una investigación a la diputada. Hasta ahora, las pesquisas se han centrado en un colaborador de Borràs que está procesado por tráfico de drogas y falsificación de moneda.