Hasta ahora el PNV ha sido la cara amable en el frente de posibles aliados de Pedro Sánchez. El ‘lado oscuro’, el más incendiario para completar el puzzle de apoyos que requiere lo representa, hoy por hoy, el independentismo catalán. En las últimas semanas la disposición de los nacionalistas vascos a facilitar su investidura ha sido reiterada pero ayer el líder de la formación, Andoni Ortuzar, comenzó a fijar condiciones al presidente del Gobierno en funciones: deberá “escuchar a los demás” y tendrá que aceptar un “pacto que respete la plurinacionalidad” del Estado. Quizá sea sólo el primer obstáculo que el PNV guarda a Sánchez. Si finalmente el candidato logra permanecer una legislatura en Moncloa, le esperará el verdadero órdago del PNV: una Euskadi ‘confederal’.

El articulado del nuevo Estatuto vasco que el PNV tiene prácticamente cerrado, y que el lunes presentará en el Parlamento Vasco, no sólo contempla reconocer el derecho a decidir del pueblo vasco, una relación “confederal”, de igual a igual, con España y una clasificación de la sociedad vasca entre “ciudadanos” y “nacionales” sino que abre la puerta a la integración de Navarra, junto a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en un nuevo “sujeto jurídico y político”. Un nuevo encaje territorial que sustituiría a la Euskadi como mera comunidad autónoma más.

Lo hace además apelando a la ‘constitucionalidad’ de su propuesta aferrándose a la disposición adicional primera de la Carta Magna. Recurre a ella como paraguas de legitimidad ya que ésta “reconoce” y “ampara” la existencia y “actualización” de los “derechos históricos”, si bien lo hace de los territorios forales y no de su ciudadanía ni de la comunidad autónoma como estructura administrativa.

En su primer artículo, el proyecto de estatuto del PNV considera que el nuevo sujeto político en el que se transformaría el País Vasco “respondería a la expresión de la identidad nacional” manifestada por la ciudadanía de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y en su caso de Navarra, para “constituirse” en un nuevo sujeto con entidad política propia –cuya denominación debería establecer el Parlamento Vasco- y hacerlo además “de acuerdo a la Constitución”.

Por ahora el documento sólo cuenta con el apoyo parcial de Podemos y el PSE, pero no de EH Bildu ni el PP, formaciones que presentarán su propia propuesta de texto articulado para renovar el Estatuto de Gernika de 1979.

Órganos comunes. El reto que el PNV ya ha plasmado en un texto articulado establece en su artículo 2 que la Comunidad Foral de Navarra “tendrá derecho” a integrarse en el la nueva Euskadi que se propone y a establecer “órganos comunes” que estarían presididos por los presidentes del País Vasco y Navarra. Organos que funcionarían en una relación confederal, eludiendo así el artículo 145 de la Constitución que prohíbe la federación de comunidades autónomas.   

Al artículo 2 bis recoge que las instituciones vascas podrán promover el intercambio cultural, la colaboración y la cooperación como “comunidades y territorios pertenecientes o no al Estado español”, lo que abriría el camino a crear vínculos y órganos comunes, en su caso, con el País Vasco francés. Añade que en todos los ámbitos se podrán establecer, al igual que el Estado, convenios o incluso “tratados” de colaboración, así como órganos comunes.

La cuestión navarra es precisamente una de las que mayor rechazo ha suscitado en el PSE, que pese a respaldar parte del articulado del proyecto de Estatuto liderado por el PNV, considera, en un voto particular, que se deberían eliminar las referencias a Navarra del articulado del Estatuto planteado y desplazarlas a una disposición transitoria.

Derecho a decidir. La incorporación del derecho a decidir en el documento que lidera el PNV se incluye en una disposición adicional. En ella la formación de Ortuzar señala que la “plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco” se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente, “siendo su ejercicio pactado con el Estado”, puntualiza Tampoco en este punto el PSE respaldará el articulado del PNV.

Consulta 'habilitante'. Un articulado que incluso plantea cómo deberá ser aprobado ese nuevo estatus. En su artículo 135 establece que se habilitarán procesos de participación ciudadana entre los que se contempla la convocatoria de una “consulta habilitante” previa a la remisión del documento a las Cortes. Una consulta que no sería vinculante, se puntualiza, y que sólo se convocaría después de que el Parlamento Vasco aprobara el articulado.

Euskera, lengua propia. El documento también plantea en su artículo 6 que la única “lengua propia” de la futura Euskadi será el euskera. Así mismo, en su siguiente artículo, el número siete, el texto que presentará Mikel Legarda, el experto jurista y diputado en cortes del PNV, establece que “la ciudadanía” de la Euskadi ‘confederal’ se otorgará a todas las personas que tengan la “vecindad administrativa” pero que en cambio se reservará la condición de “nacionales vascos”, y con ello el “ejercicio de derechos políticos”, a quienes tengan “la condición política vasca”. Otro de los elementos recogidos hace referencia a la creación de un modelo judicial propio.

Competencias. En materia competencial, el PNV quiere que el nuevo sujeto político en el que se constituiría el País Vasco asuma no sólo las competencias ya recogidas en el documento sino también “las que los poderes del Estado no se hayan reservado expresamente”. Se las otorga en virtud de la “actualización del régimen foral” que reconoce al Constitución. Un escenario que dejaría prácticamente sin competencias al Estado.

'Concierto político' con España. El proceso que plantea la propuesta se basa en cerrar un acuerdo con el Estado que adquiriría las características de un “concierto político”. Trasladaría el modelo del “concierto económico” ya existe entre la Administración del Estado y la del País Vasco para regular el pago de tributos y la financiación de las competencias del Estado no transferidas. Ahora se plantea crear una “comisión mixta del concierto político”. En ella, en igualdad de condiciones, de igual a igual, Euskadi y España resolverían sus relaciones competenciales. También sobre este articulado el PSE ha mostrado sus discrepancias y las planteará en un voto particular al texto.

Propuesta de EH Bildu

El texto articulado que plantea EH Bildu, que no ha logrado acordarlo con el PNV pese a que ambas formaciones pactaron las bases del trabajo de los expertos, guarda importantes similitudes. Así, Bildu también defiende la inclusión de Navarra en Euskal Herria y articula el derecho del nuevo sujeto político en el que se convertiría el País Vasco para establecer relaciones de colaboración, coordinación y cooperación con la Comunidad Foral sin más límite que "la voluntad de sus ciudadanos". Una integración que extiende al País Vasco francés con la que también aboga por crear órganos y relaciones comunes entre Navarra, Euskadi e Iparralde.

Defiende, al igual que el PNV, que el nuevo estatus vasco nace de la "voluntad democrática del pueblo vasco" y de la expresión de su identidad y vinculo a "Euskal Herria" como nación y su derechoa a la autodeterminación.

También para la izquierda abertzale el euskera irrumpe como un elemento central de su identidad. En el documento incluso se establece la obligatoriedad de conocerlo.

La coincidencia en determinar el modelo de concierto político como el más adecuado para la renovada relación con España que se propone, también se sustentaría en la "actualización de los derechos históricos".

Sin embargo, si en el PNV se apuesta por defender una "foralización" de los derechos, en el caso de Bildu se contempla únicamente alcanzar un pacto de relación confederal con el Estado que determinaría la política pública que asumiría Euskadi y y cuál seguiría ejerciendo el Estado.

Enmienda del PP

Por último, el PP presentará el tercer texto articulado. Los populares consideran que tanto el propuesto por el PNV, y secundado parcialmente por el PSE y Podemos, como el de EH Bildu, son profundamente inconstitucionales. La formación considera que ya existe un sujeto político refrendado por el pueblo vasco, como es la Comunidad Autónoma que recoge el Estatuto de Gernika, así como caminos de bilateralidad efectiva y garantizada como el que se aplica en el Concierto Económico, y un blindaje del autogobierno desarrollado en el Estatuto.

El PP asegura que pese a haber transcurrido 40 años no se debe dar por amortizado el Estatuto y que basta con proceder a su actualización para ajustarlo a la nueva realidad. La formación de Alfonso Alonso, a través de su comisario en el grupo de expertos, Jaime Ignacio del Brugo, presentará una enmienda a los textos de PNV y Bildu.

Rechaza que se recurra a los derechos forales como soporte de constitucionalidad, ya que se trata de derechos cuya titularidad corresponde a los territorios. No comparte que se apuesta por una foralización de las competencias para facilitar que el nuevo sujeto político se arrogue la práctica totalidad del marco competencial, expulsando de facto al Estado de la administración en el país vasco.