Los potenciales socios del PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez se han desmarcado este miércoles del decreto ley contra la 'república digital', cuya convalidación se debate en la Diputación Permanente del Congreso. Lo ha hecho no sólo ERC, sino el PNV y Compromís, al criticar una norma que ha sido, asimismo, duramente cuestionada por parte de Junts y EH Bildum, que lo consideran "un 155 digital". Unidas Podemos, por su parte, se ha abstenido en la votación.

En cambio, recibirá el apoyo del PP y de Ciudadanos, gracias a los cuales sacará adelante este decreto. De hecho, el Gobierno se movilizó estos días para garantizarse los suficientes apoyos no entre los partidos con los que negocia el gobierno de coalición o la investidura de Sánchez, sino con el que ha quedado fuera de dichas conversaciones, esto es, el PP y, en menor medida, Ciudadanos. Han sido las ministras de Economía y de Justicia, Nadia Calviño y Margarita Robles las que se dirigieron al primer partido de la oposición al objeto de evitar una derrota parlamentaria.

Calviño y Robles se movilizaron para asegurar la aprobación del decreto

Eso no significa, según fuentes populares, que de este apoyo quepa colegir "que pueda haber en el horizonte un gobierno de concentración o una abstención para la investidura", matizan fuentes populares. De hecho, la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha señalado en una comparecencia pública tras el debate de este decreto que "si lo que espera Pedro Sánchez de que todo falle para pedir una abstención patriótica, que pierda toda esperanza".

Asimismo, ha explicado que el apoyo del PP al decreto que frena la "república digital catalana", y cuya posición ha defendido la diputada Ana Vázquez Blanco, se debe al convencimiento de que "consideramos que es bueno para la seguridad de los catalanes", frente a un PSOE que "oculta" el verdadero objetivo de este decreto "porque está negociando con ellos", en alusión a los independentistas catalanes y a Unidas Podemos.

El torrente de críticas al decreto-ley se ha producido durante el debate que se ha suscitado después de que la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, presentara la norma que el Gobierno aprobó el pasado 31 de octubre con "por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones".

En nombre de ERC, Montserrat Bassa, ha avisado al Ejecutivo de que debería "retirar" el decreto ley no para lograr un pacto con su formación, sino "por los derechos y libertades de la soberanía española y por pura democracia". "Les honraría que reflexionaran y asumieran que se equivocaron al presentarlo", ha deslizado Bassa, tras descalificar la norma llamándola "ley mordaza digital".

La diputada independentista se ha quejado de que el decreto-ley se aprobara coincidiendo con el inicio de la campaña electoral "para acallar" las protestas que tenían lugar en Cataluña contra la sentencia del 'procés'. "No pueden frenar nuestra indignación por decreto", ha avisado.

"Ley Corcuera digital"

"No tenemos claro dónde quieren llegar con esta ofensiva represiva, pero sí que no habrá estabilidad política mientras no aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política", ha abundado, antes de remarcar la predisposición de ERC a afrontar el conflicto catalán "mediante el diálogo y la democracia". "Si están dispuestos a sentare y hacer política de verdad, nosotros estaremos ahí porque es dónde siempre hemos estado", ha añadido.

Por su parte, la portavoz de Junts, Laura Borràs, ha definido el decreto ley como "un golpe de Estado digital" de un "Estado tecnófobo" que "protege a sí mismo contra los ciudadanos". "Es la 'Ley Corcuera digital', la ley de patada en el servidor sin orden judicial", ha denunciado, incidiendo en que la norma "no tiene nada que envidiar a las de regímenes autoritarios".

Además, ha coincidido con otros intervenientes en arremeter contra el Gobierno por haber aprobado la norma "de forma burda en el tiempo de descuento de una legislatura fallida", sin dejar a los grupos presentar enmiendas, y evitándose los informes que habrían tenido que emitir los órganos constitucionales de haberse aprobado mediante un proyecto de ley.

Como el resto de portavoces que ha criticado el texto del Gobierno, Borràs, también ha lamentado que el Gobierno se agarre "a un concepto tan ambiguo como el del orden público" para poder intervenir sitios webs, un aspecto en el que ha incidido especialmente el representante del PNV, Mikel Legarda.

Aviso del PNV

De hecho, Legarda ha llegado a avisar al PSOE de que o reconduce este asunto hacia la búsqueda de un acuerdo "a la mayor brevedad posible" o la "predisposición" del PNV "a colaborar" los socialistas "estará seriamente comprometida".

Desde Compromís, Joan Baldoví, también ha avanzado que no apoyarán la convalidación de un decreto que permite "intervenir Internet como en China o Arabia Saudí". Lo mismo ha argumentado Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, que cree que esta norma abre la puerta a un "Estado de excepción digital".

El diputado de En Marea, Antón Gómez Reino ha desgranado las propuestas de Unidas Podemos para mejorar la norma subrayando que se debe garantizar "el control judicial de todas las decisiones de la administración", que no se "vulneren derechos fundamentales ni libertades públicas de los ciudadanos" y se pone freno a la "recentralización digital".

Se incorporarán propuestas

El diputado socialista, Manuel González Ramos, ha avanzado que la intención de los socialistas es "clarificar y mejorar" la norma "en un futuro proyecto de ley" que habrá que aprobar para trasponer una directiva europea en esta materia.

"Tendremos ocasión de trabajar conjuntamente para seguir desarrollando el marco normativo en el ámbito digital en la próxima legislatura", ha apuntado, por su parte, la propia Calviño, avanzando que se tendrán en cuenta algunas de las propuestas de los grupos.

En todo caso, el decreto no corre peligro ya que el PP ha anunciado su voto a favor. Según la diputada Ana Belén Vázquez, es una "indignidad" que tenga que ser el Grupo Popular quien apoye al Gobierno socialista mientras el PSOE "negocia con quienes tienen personas en la cárcel", en alusión a los presos del procés.

"Estaremos a su lado para defender la democracia, la libertad y lka seguridad en Cataluña", ha proclamado, a la vez que enseñaba a los independentistas un cartel con la frase 'La República no existe, idiota' y prometía "luchar" para que no tengan "ni una república, ni nada".