El banco BBVA necesitará al menos un día más para concluir su declaración como persona jurídica investigada en el caso Tándem por los encargos del banco al comisario en prisión provisional José Manuel Villarejo entre los años 2004 y 2017.

Adolfo Fraguas, director de los servicios jurídicos de la entidad y que acude a la Audiencia Nacional en representación suya, contestó a todas las preguntas formuladas por los fiscales Anticorrupción, que no concluyeron el interrogatorio. La declaración del BBVA como investigada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, cohecho y revelación de secretos, comenzó el pasado 20 de noviembre y se prolongó a lo largo de unas cuatro horas. Este jueves, la sesión fue aún más larga, ocupando buena parte de la mañana y hasta las 19 de la tarde.

La investigación

En la pieza 9 del caso Tándem, aún bajo secreto de sumario, se investiga al banco por haber contratado al comisario para realizar distintos informes de espionaje. Para éstos, y de ahí lo presuntamente delictivo de la causa, Villarejo habría aprovechado sus contactos en la Policía para obtener información confidencial en los encargos para BBVA, cliente de su empresa privada Cenyt.

Los fiscales quieren saber si el banco conocía la doble condición de agente encubierto de Villarejo, pues la mayoría de trabajos por los que llegó a cobrar 10 millones de euros de la entidad los hizo antes de junio de 2016, cuando se jubiló del Cuerpo Nacional de Policía.

La investigación del Juzgado Central de Instrucción número 6 contra el BBVA surge de las grabaciones incautadas al comisario, ahora en prisión preventiva por liderar presuntamente una "red policial mafiosa", en sus domicilios. Entre la ingente mediateca que él mismo se encargó de almacenar, se encontraron varias conversaciones publicadas también por el digital Moncloa.com en las que hablaba con Julio Corrochano, ex jefe de Seguridad del banco también investigado en la causa y también ex policía que habría sido el enlace entre Cenyt y el banco.

En dichas conversaciones Corrochano afirmó que Francisco González, ex presidente del banco, estaba al tanto de los encargos a Villarejo, como fue el de espiar al presidente de Sacyr Luis del Rivero y a personas de su entorno por las sospechas de que quisiera sacarle de la presidencia del BBVA tomando el control del consejo de administración del banco. Este hallazgo motivó la petición, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de que se imputara a González. El juez admitió la solicitud y le llamó a declarar como investigado el pasado 18 de noviembre. Defendió la honorabilidad del banco y volcó la responsabilidad de la contratación de Villarejo en Corrochano y Ángel Cano, ex responsable de Recursos Humanos y su persona de máxima confianza en la entidad como consejero delegado.