El comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde hace más de dos años, fue clave en la investigación policial que permitió la detención de uno de los cabecillas del desfalco millonario al grupo vasco Asedir tras instalarse en Costa Rica. Fue el antiguo agente encubierto el que puso sobre la pista a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para localizar a Pedro José Urrutia Urrutia y bloquearle los bienes adquiridos en el país centroamericano con el dinero del botín.

En una conversación desvelada por El Independiente, fechada en 2008 y grabada de forma subrepticia por el comisario, Villarejo alude a una operación relacionada con Costa Rica como ejemplo de la estrecha colaboración que mantenía con la UDEF. "Nosotros lo que jamás hacemos es una investigación paralela. Nosotros todo se lo damos a los colegas [a la Policía]. Que ellos se apunten el tanto y nosotros cobramos", le explicó al policía en segunda actividad Antonio Giménez Raso cuando intentaba que éste se asociara con él en Servicios de Investigación y Detección SL.

Fuentes policiales han reconocido a este diario que fue Villarejo el agente al que "le entró" el caso y quien puso sobre la pista a la UDEF, entonces dirigida por el comisario principal José Luis Olivera. El comisario hoy preso ejercía como agente encubierto y estaba adscrito a la Comisaría General de Policía Judicial, compaginando esta labor con su faceta como investigador privado a través de su grupo empresarial.

"Estamos hablando de un curro que ya lo está investigando ‘El Oli’ [en alusión a Olivera] y toda esta gente, que hay teléfonos ‘picaos’, que no sé qué datos y que te acuerdas que te lo dije antes de verano, que en este curro tenemos que viajar a Costa Rica y tal…", le explica a su interlocutor.

Investigación de la UDEF

Frente a lo que da a entender Villarejo en dicha conversación, las fuentes niegan que hubiera sido el polémico policía -en situación administrativa de jubilación voluntaria desde el 22 de junio de 2016 tras casi 35 años de servicio en el Cuerpo Nacional- el que realizó dicha investigación, sino agentes del área de delincuencia económica de la propia UDEF.

Entre enero de 2003 y mayo de 2007, el navarro Pedro José Urrutia Urrutia se concertó con Ramón José Azcue Eizaguirre para desviar más de 20 millones de euros del grupo Asedir, corporación vasca en la que el segundo ejercía como director general financiero. Fueron dos de los 13 condenados por la Audiencia de Guipúzcoa el 24 de julio de 2014, sin que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo los absolviera cuando el 2 de marzo de 2016 resolvió el recurso.

La Justicia considera acreditado que Urrutia recibió a través de transferencias, cheques y entregas de dinero en efectivo la suma de 4.071.423 euros, de los que 1.314.000 euros los invirtió en una cuenta a su nombre en una oficina de La Caixa en Cornellá de Llobregat (Barcelona) y 2.150.000 euros en cuentas abiertas en Andorra. Mediante cheques y disposiciones en efectivo facilitados por Ramón José Azcue se hizo con otros 607.422,81 euros.

Un antiguo mando de la UDEF admite que la pista la aportó Villarejo, pero niega que éste hiciera la investigación con su propia empresa

Con el dinero, Pedro José Urrutia llevó a cabo diversas inversiones en Costa Rica, como la compra de la sociedad Tropic Fresh SA y la adquisición de una decena de fincas en la provincia de Alajuela y diversos vehículos. También depositó parte de la suma defraudada en cuentas corrientes del Banco de Costa Rica.

Reclamado por la Justicia española, la escapada de Urrutia terminó el 21 de octubre de 2008, cuando fue detenido en el cantón costarricense de San Carlos. El arrestado llegó a España a finales de 2009, ingresando en el centro penitenciario de San Sebastián (Martutene) tras prestar declaración ante el juzgado de Azpeitia que instruyó el procedimiento.

El 24 de julio de 2014, Pedro José Urrutia fue condenado por la Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa a 13 años de prisión como cooperador necesario de un delito continuado de apropiación indebida agravada y autor de un delito continuado de blanqueo de capitales tras la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción 2 de Azpeitia. El Tribunal Supremo mantuvo ambas condenas, pero rebajó la pena total a 10 años y seis meses al no apreciar la continuidad delictiva en la perpetración del blanqueo de capitales.

Libertad condicional por grave enfermedad

Las fuentes consultadas por este diario aseguran que a Urrutia le fue concedida la libertad condicional en 2012 por enfermedad grave, posibilidad que prevé el Reglamento Penitenciario en su artículo 104: "Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad".

De hecho, el condenado viajó a España desde Costa Rica en un avión medicalizado debido a la grave enfermedad cardíaca que sufría, lo que motivó que hubiera permanecido ingresado en un hospital costarricense desde que fue detenido hasta su entrega a las autoridades españolas.