El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes vía real decreto una subvención de 30 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Aragón. Su destino final es Teruel, una de las provincias más castigadas por la despoblación y la falta de infraestructuras.
La indignación de sus habitantes se trasladó a las urnas el pasado 10-N, propiciando unas de las grandes sorpresas de las elecciones generales. ¡Teruel existe! logró representación en el Congreso de los Diputados gracias al escaño logrado por Tomás Guitarte.
Según ha detallado Moncloa en una nota de prensa, el dinero tiene como objetivo "la financiación de inversiones que continúen favoreciendo la generación de actividad económica en la provincia de Teruel".
El Gobierno precisa que las ayudas tienen "carácter singular por las significativas desigualdades territoriales internas que concurren en la comunidad autónoma, y en concreto en la provincia de Teruel, donde el desarrollo económico está fuertemente condicionado por sus limitaciones demográficas, condiciones estructurales y dificultades de conectividad con los grandes ejes de comunicación del país".
Teruel tiene una densidad de apenas 9,09 habitantes por kilómetro más baja, la segunda más baja de toda España. El 24% de sus habitantes tiene más de 65 años de edad, aunque las proyecciones del INE indican que en 2033 ascenderá hasta el 30% del total.
La ayuda forma parte del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que fue creado en 1992 con el objeto de hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial. Desde entonces, todos los Ejecutivos de PP y PSOE lo han firmado con el Gobierno autonómico para destinar 60 millones de euros anuales en proyectos de inversión que promuevan, directa o indirectamente, la generación de renta y riqueza en la provincia de Teruel.
La financiación procedente de la Administración del Estado al Gobierno de Aragón se formaliza mediante la firma de un convenio de colaboración. Una comisión mixta formada por representantes de las dos administraciones aprueba los proyectos de inversión en la provincia de Teruel que podrán ser financiados por los fondos aportados al 50% por el Gobierno y la comunidad autónoma. Los proyectos se ejecutan por la Diputación General de Aragón y por organismos, empresas públicas y entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón,
El 28 de octubre, en plena precampaña electoral del 10-N, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el Presidente de Aragón, Javier Lambán, suscribieron un protocolo por el que ambas administraciones aportarían esos 60 millones en 2019. El Consejo de Ministros ha formalizado este viernes su parte del pago, 30 millones de euros, que se completará en los próximos días con la aportación regional de igual cantidad.
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