Son casi diez horas de ruta por carretera, algo más de 1.000 kilómetros. El recorrido entre Pedralbes (Barcelona) y Suresnes (Altos del Sena, Francia) está llena de curvas, algún precipicio y llanuras tranquilas. Entre ambas localidades se escribe una parte importante de la historia más delicada, incómoda y confusa del Partido Socialista de los últimos 44 años. Lo hace del mismo modo en el que se dibuja sobre el mapa, con pasos por zonas peligrosas, por quiebros imposibles y por periodos de horizonte despejado y sosegado. Esta semana esa historia ha vuelto a escribir otro capítulo de equilibrios dialécticos y de coqueteos incoherentes con la hemeroteca. Lo ha hecho otra vez más con la cuestión que, junto con la corrupción, más disgustos ha dado al socialismo español: el derecho a decidir, el modelo territorial y su relación con la España de la ‘nacionalidades’.

Ha sido una relación tóxica, con casi todos los colores de la paleta ya explorados. El último se ha pintado con imagen y letra hace sólo dos días. La escena la protagonizaron los dirigentes del PSOE sentados en torno a una mesa, frente a frente, con ERC, la formación independentista cuyo líder está en prisión condenado por un delito de sedición y malversación. El texto adulador lo escribió la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, al citar el carácter de “izquierda histórica” de los republicanos catalanes y reconvirtiendo lo que hace sólo unos días era un problema de convivencia en un “conflicto político”.

Es sólo la última etapa de un viaje que augura nuevas paradas insospechadas. La relación del socialismo español con el derecho a decidir no sólo ha recorrido despachos, mítines y parlamentos en Cataluña, también lo ha hecho en Euskadi. En ambos casos adaptando sus ‘principios’ a las necesidades del momento.

Algunos de los que hoy cuestionan a los dirigentes del PSOE y un día lo fueron todo en el partido, tampoco miraron siempre con la mirada crítica a las reivindicaciones soberanistas con la que lo hacen ahora. El Congreso de Suresnes, el XIII del PSOE, celebrado entre el 11 y 13 de octubre de 1974, fue el que aupó al tándem Felipe González-Alfonso Guerra que ocho años después gobernaría España con mayoría absoluta. No dejarían de hacerlo hasta 1981 Guerra y hasta 1996 González.

En 1974 el PSOE defendió el derecho de autodeterminación como la "solución definitiva" para las 'nacionalidades'

Aquel socialismo del final del franquismo no temía a los términos “nación”, “nacionalidad” o “derecho de autodeterminación”. Los empleó con naturalidad en la resolución de aquel congreso en el que proclamó que el ‘derecho de autodeterminación’ era “la solución definitiva” al problema de “las nacionalidades que integran el Estado español”. Citaba de modo particular las reivindicaciones “identitarias” de vascos y catalanes a los que reconocía su derecho a “determinar libremente las relaciones que van a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español”.

Compromiso electoral

La llegada de la España de las autonomías apagó en gran medida aquel discurso en las filas socialistas, aunque nunca del todo. Ahora, en la España que se bate entre los abolicionistas del Estado autonómico y los soñadores de una España ‘confederal’, el PSOE parece haber apostado por una posición y la contraria. Hace sólo unos días la puerta parecía cerrada del todo, Sánchez proclamaba que la autodeterminación no es constitucional y que “no la vamos a aceptar nunca”. El jueves, en torno a una mesa, la formación que tiene como eje central el ejercicio del derecho a decidir de Cataluña acababa de sentar en torno a una mesa a su Gobierno para abordar el ‘conflicto catalán’.

En la vieja guardia del PSOE la imagen es complicada de digerir. Los 13 escaños independentistas se antojan indispensables para salvar la investidura de Sánchez. Pero no en todo el socialismo ha sido igual de complicada de asumir. En Cataluña la historia está repleta de giros y cambios en torno al derecho a decidir. Modificación de posiciones en solo una década que abarca desde su reclamación hasta su erradicación.

En 2012 el derecho a decidir y el referéndum fueron un compromiso electoral del PSC de Pere Navarro. En 2015, Iceta lo suprimió

El Partido Socialista que lideró Pere Navarro incluyó en 2012 en su programa electoral algo que hoy tendría complicado explicar: el derecho a decidir y un referéndum legal acordado con el Gobierno de España. Una suerte de ‘modelo escocés’ para que Cataluña saliera de lo que entonces se consideraba un pozo. Después llegaría el 1-O, el ‘procés’, su sentencia… y el incendio catalán.

La ‘tercera vía’ de Navarro respondía a un sentir singular del socialismo catalán. El momento más claro se vivió poco después, en 2013, cuando una iniciativa presentada por CIU en el Congreso de los Diputados en favor del derecho a decidir recibió el apoyo de 13 de los 14 diputados del PSC en la Cámara Baja. Carme Chacón fue la única que respetó la disciplina de voto impuesta por el PSOE.   

La 'vía canadiense'

El revuelo interno volvió a derivar en cambios de posición. La llegada de Miquel Iceta a la secretaría general del PSC en julio de 2014 trajo consigo un mayor alineamiento con la dirección nacional del partido. En 2015 el derecho a decidir no figuraba ya en el programa electoral y se sustituyó por una apuesta en favor de una reforma constitucional para transformar España en un Estado federal. Para entonces ya se había puesto distancia y se proclamaba que no se defendía el derecho a decidir ni la autodeterminación. La ponencia política del verano de 2016 apelaba a la reforma de la Carta Magna como una vía alternativa para reconocer el “carácter nacional de Cataluña”, sus “derechos históricos” y la “singularidad” de su autogobierno.

Pero abría una puerta, el alma más soberanista debía sentir que no se le privaba de todo el oxígeno. Aquella ponencia establecía la posibilidad de iniciar la ‘vía canadiense’. El PSC de Iceta proclamaba hace sólo tres años que en caso de que un referéndum rechazara la reforma federal de la Constitución se podrían plantear caminos como la “Ley de claridad” promovida por Canadá “para verificar el apoyo ciudadano a una eventual secesión”.

El socialismo catalán ha planteado la 'vía canadiense' de un referéndum pactado con el Gobierno

Idas y venidas que se han sucedido. En septiembre de 2017 Iceta llegó a asegurar que “el derecho a decidir no existe” y a añadir que en realidad se ha convertido en “un placebo para los independentistas”. La pasada primavera, Iceta se descolgaba afirmando que si el soberanismo alcanzaba un respaldo del 65% en favor de la independencia habría que habilitar cauces para “facilitarla”. La entonces ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, sólo tardó 24 horas en responderle: “El proyecto socialista combate de manera muy contundente el independentismo y defiende el sistema constitucional estatutario, no cabe el referéndum”, dijo.  

Era la misma Batet que, junto al presidente Pedro Sánchez, acudió al Palacio de Pedralbes el 20 de diciembre de 2018 para reunirse con Quim Torra. Aquella imagen le perseguirá a Sánchez. También el documento que el president le entregó con 21 reclamaciones bajo el título de “Pacto de Estado para solucionar el conflicto entre España y Cataluña”. En la propuesta de Torra que Sánchez siempre dijo haber ignorado, se tentaba al PSOE con una solución si accedía a una “mediación internacional”, a una apuesta “efectiva” en favor del derecho de autodeterminación o a investigar los “abusos” cometidos por el Estado contra Cataluña.

El 'sudoku' vasco

En Euskadi la historia también arroja el mismo vaivén en torno a la autodeterminación. El 26 de marzo de 1978 una manifestación recorrió el centro de Bilbao reclamando no sólo un “Estatuto Nacional de Autonomía” –que llegaría año y medio después- sino también el derecho del pueblo vasco a su “Autogobierno” y “Autodeterminación”. Habían pasado casi cuatro años desde el Congreso de Suresnes y la posición del partido apenas había variado. Portando aquella pancarta aparecía gran parte de la clase política vasca, entre ella, destacados líderes socialistas: Ramón Rubial, presidente del PSOE, el secretario general del PSE, Txiki Benegas o el líder de la UGT, Nicolás Redondo. El manifiesto en el que se llamaba a salir a la calle reclamaba el derecho de autogobierno para la “autodeterminación” del pueblo vasco.

Después llegaría el Estatuto de Gernika -octubre de 1979-, el desarrollo institucional de Euskadi y la recuperación de sus viejas aspiraciones (Concierto Económico, Ertzaintza, el euskera…) y con ella el silencio socialista sobre las aspiraciones de autodeterminación. El PSE vasquista pronto silencio su voz y su peso, casi al mismo ritmo que la alzaba el nacionalismo para reclamar un nuevo ‘encaje’ del País Vasco en España. Mientras las brasas del ‘Plan Ibarretxe’ empezaban a encenderse, las posiciones más ‘constitucionalistas’ tomaron el control del partido.

El socialismo vasco ha oscilado entre la manifestación por el derecho a decidir y asegurar que nunca lo apoyará

En 1997 Nicolás Redondo Terreros accedió a la secretaría general del PSE e inició un periodo de acercamiento al PP vasco. La alianza constitucionalista culminó con la imagen, el 28 de abril de 2001, del abrazo a Jaime Mayor Oreja en un acto de ‘Basta Ya!’ en San Sebastián en contra del acoso del mundo abertzale radical y el acoso terrorista. En realidad, fue el final del ciclo. Los malos resultados electorales del PSE de Redondo Terreros, sumado a la ya insoportable división interna del partido, precipitó su dimisión el 21 de diciembre de 2001.

Una mesa de partidos

Para entonces, el sector más partidario de acercarse de nuevo al nacionalismo, de desandar el distanciamiento con el PNV, se había hecho con el partido que lideraba Patxi López. Sólo tres años más tarde, en 2004, la combinación de socialismo y nacionalismo ‘constitucional’ se sintetizó en un documento firmado del PSE que planteaba la reforma del Estatuto de Gernika.

Aún restaban tres lustros para que su idea se plasmara en un texto articulado como el que se presentará el lunes en el Parlamento Vasco. Hace quince años, en aquel documento de ‘Bases para la actualización y reforma del Estatuto de autonomía’ los socialistas reconocían a Euskadi como “sujeto político” con derecho a desarrollarse como una “comunidad nacional de ciudadanos” y se apostaba por una España “plurinacional, plurilingüe y pluricultural”. Era su receta para avanzar hacia un “proyecto nacional vasco”. Ya entonces, año 2004, el PSE planteó una “mesa de partidos” para negociar una nueva fórmula autonómica que remitir al Congreso y aprobar después en referéndum.

Hoy el socialismo vasco ha vuelto a resituarse. Lo hace para alejarse de las posiciones del PNV. Pese a que apoyará su propuesta de Estatuto, lo hará con votos particulares sobre las cuestiones más complicadas: el derecho a decidir, la concepción de la nación vasca o la relación con España a través de un “concierto político” de bilateralidad y con garantías con España. La actual líder del PSE, Idoia Mendia ha insistido en varias ocasiones en que no apoyarán en ningún caso el derecho a decidir, “eso no da de comer”, ha afirmado y que quien quiera situarles en un acuerdo que lo incluya se olvide de ellos.