Sin haber tomado oficialmente las riendas, nadie en Ciudadanos duda que Inés Arrimadas será la heredera de los restos del partido que dejó Albert Rivera después de más de 13 años de liderazgo único.

La actual portavoz parlamentaria cuenta con el apoyo del cada vez más desdibujado sector continuista, aunque también del considerado grupo crítico, donde dirigentes y militantes confían en que Arrimadas sepa capitanear "cambios de calado" en los cimientos de la formación, cuyas líneas básicas pasar por "dar más voz a la militancia" y que este sector tenga "más peso", tanto en la gestora como en la nueva Ejecutiva. Según relatan fuentes internas a este medio, algunos cuadros abogan incluso por abrir la puerta a los que abandonaron el barco este verano por discrepancias con la estrategia de la cúpula, como Toni Roldán o Francisco de la Torre.

Desde el minuto uno en que Inés Arrimadas confirmó su candidatura, la dirigente apostó por dar respuesta a las demandas de los no continuistas y prometió acometer modificaciones estructurales y estratégicas, pero sin especificar en qué consistirían. Su objetivo, según ha declarado la dirigente, es tratar de reflotar el proyecto liberal y sobreponerse a la adversidad de las urnas con una renovación de Ciudadanos -que no refundación-.

Los críticos exigen una gestora rupturista y alejada del 'riverismo' para garantizar "procesos de participación limpios" en las próximas primarias

Pero el goteo de dimisiones en el núcleo que ha arropado a Albert Rivera, potencial responsable del descalabro electoral -de quienes empezaron su trayectoria política en la etapa catalana de Ciudadanos sólo quedan el secretario de Acción Institucional, José María Espejo y el de Finanzas, Carlos Cuadrado- no es suficiente para las agrupaciones de críticos, quienes exigían una gestora rupturista y alejada del 'riverismo' para garantizar "procesos de participación limpios" de cara a las primarias del próximo mes de marzo. Y nada más lejos de la realidad.

Será entonces cuando se consolide la nueva Ejecutiva capitaneada salvo sorpresa mayor por Inés Arrimadas, que presentará una lista con su nuevo war room que se someterá a su vez a un proceso de primarias unos 15 días antes a la celebración del consejo extraordinario.

Es en ese proceso en el que fuentes cercanas a los dirigentes naranjas en Castilla y León, Madrid y Murcia mantienen la mirada por los pésimos precedentes de Ciudadanos en sus elecciones internas: el sistema de votación ha sido cuestionado por carecer de auditoría y control y, según los denunciantes, favorecer siempre a los candidatos que cuentan con el respaldo del aparato en detrimento de los aspirantes sostenidos por las bases. Pasó en Castilla y León, con Silvia Clemente y Francisco Igea. Pasó en Madrid, con Ignacio Aguado y Juan Carlos Bermejo. Y pasó en Murcia, con Isabel Franco y Leonardo Pérez. En los tres territorios hubo denuncias y sólo en el primero tuvo resultado.

Este factor arrojaba enorme relevancia a la lista que elaboró Manuel García Bofill, unos nombres que fueron ratificados por una mayoría de dos tercios del Consejo General que se celebró el sábado. Fueron y son "muchos" en el partido los que temían que los continuistas se abriesen paso, y la ratificación de sus temores dio lugar a tensos enfrentamientos en la cita del sábado entre críticos como Francisco Igea o el murciano Miguel Sánchez; y continuistas como Carlos Carrizosa. Advierten que, aunque hay clamor en que Arrimadas sea la próxima líder naranja, en absoluto implica un cheque en blanco organizativo. "Es importante que la gestora sea plural y acepte que haya voces críticas con la que ha venido siendo la línea oficial hasta el desastre electoral", arguyen, subrayando que esos nombres son los que "van a diseñar el modelo de primarias de marzo, y el voto telemático está completamente en entredicho".

Sobre la necesidad de primarias limpias se ha hecho eco públicamente Francisco Igea, quien a través de Twitter se ponía veladamente del lado del sector crítico, reiterando que los militantes "son los únicos imprescindibles" y que el partido debe regirse por "procesos de participación limpios".

Pero los intentos de este sector de promover un procedimiento "limpio y transparente" en que el nombramiento de representantes se lleve "con la debida neutralidad de los órganos de gobierno del partido" son, de momento, en balde. Frente al sistema de votación mediante urnas para que el proceso "cuente con todas las garantías", fuentes oficiales consultadas por este medio confirman que el sistema que se empleará el marzo será exactamente el mismo que el empleado a nivel territorial: el sistema de votación electrónico.

De hecho, este modelo electoral "manchado de pucherazo" será el que se utilice no sólo para elegir a la nueva Ejecutiva, sino también para escoger a los denominados compromisarios procedentes de toda España que componen la Asamblea General de marzo.

Estos compromisarios son representantes elegidos en función del peso de la afiliación en cada región con un papel fundamental, puesto que su criterio servirá para ratificar los estatutos y la estrategia del partido en el congreso extraordinario. Entre sus funciones también está la de votar los 125 miembros de un nuevo Consejo General, por lo que temen que "suceda lo mismo que pasó en 2017" cuando sospechan que la dirección capitaneada por Rivera, Villegas, Páramo y Hervías también cometió fraude para "colocar a consejeros afines".

Democracia interna cuestionada

"Tenemos que hacer labores de limpieza", lamenta una fuente perteneciente al sector crítico castellanoleonés. "La imagen del 'pucherazo' en Castilla y León para intentar echar a Paco Igea y poner a Silvia Clemente fue muy dañina. ¿Cómo le vamos a decir a los militantes de esta región o de otros lugares que se fíen del voto telemático?", reflexiona.

El último precedente que ha dejado en evidencia la falta de garantías en el sistema de primarias de Ciudadanos residen en Murcia, donde un Juzgado mantiene una investigación abierta por presuntas irregularidades e "incongruencias" en la elección de Isabel Franco, actual vicepresidenta de la Región.

El hilo de singularidades con el que ahora un amplio sector del partido pretende acabar comienza en el hecho de que Ciudadanos no cuenta con ninguna empresa externa que garantice la veracidad de este tipo de procesos, por lo que son controlados por técnicos de la dirección y secretarios de organización de cada territorio, que tienen acceso a los datos de los afiliados, incluidos usuarios y contraseñas, que utilizan a su antojo para "enchufar" votos al candidato propicio, según denuncian las fuentes internas.

Para ello se valen de "cuentas de afiliados que no tienen derecho a voto, es decir, personas que llevan inscritas menos de seis meses o usuarios que no están al corriente de pago". En todas las denuncias, incluida la de Francisco Igea en Castilla y León, constan "sospechosas" agrupaciones de votos en determinadas franjas horarias. El barón 'díscolo' presentó un recurso ante la Comisión de Valores y Garantías del partido al detectar que 82 votos emitidos a favor de Silvia Clemente, la apuesta de Rivera para la Junta, eran falsos.

Y en el caso de Isabel Franco, el 30% de sus votos se registraron en tan sólo dos horas, cuando la votación duraba 24. La Policía trata de dilucidar además cómo es posible que en un proceso cerrado a Murcia se emitiesen votos desde IP estáticas -asignadas a un dispositivo fijo- ubicadas en Madrid o Valencia.