Hace ya un año que el órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, se encuentra en funciones ante la falta de mayorías en el Congreso de los Diputados y el Senado requeridos para su renovación.

El Tribunal Constitucional, que debería haber renovado en noviembre a su presidente, su vicepresidenta y otros dos magistrados está también a la espera de un acuerdo político al respecto.

Después de las elecciones del pasado 10 de noviembre y por primera vez en este periodo, Partido Popular y Partido Socialista, contando con Navarra Suma, alcanzan los 210 escaños necesarios para proponer y elegir a los jueces. El propio presidente en funciones del CGPJ, Carlos Lesmes, apremió recientemente a los políticos a ponerse de acuerdo para sustituir a los vocales y acabar con una “anomalía” que “puede contribuir al descrédito” del órgano, afirmó. Pero el Partido Popular no está dispuesto en este momento a abrir una negociación con el PSOE para proponer a los 20 vocales que componen el órgano y cuyo nombramiento depende de una mayoría cualificada de las cámaras, tres quintos, según trasladaron fuentes del partido a El Independiente.

Grietas a cuenta del independentismo

Tampoco están por la labor de acordar la renovación del presidente del Tribunal Constitucional Juan José González Rivas, su vicepresidenta Encarnación Roca y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés cuyo mandato ha concluido. Siete de los miembros que ahora componen el Alto Tribunal fueron propuestos por el PP. Precisamente en las últimas semanas en el órgano se debaten importantes recursos presentados por los líderes del procés. Un cambio de los miembros del órgano podría traer consigo un giro de 180 grados respecto a la trayectoria que ha habido hasta ahora con las decisiones relativas a la “cuestión catalana”.

Desde el Partido Popular consideran que, dada la situación de dependencia de Pedro Sánchez respecto a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para formar un Gobierno con Podemos, abrir el melón de la negociación tanto del TC como del CGPJ supondría ceder la mayoría de los órganos a representantes más progresistas y sensibles a las reclamaciones del independentismo, así como perder la mayoría conservadora.

La pasada semana, con la apremiante renovación de sus miembros en el horizonte, ya se han podido ver algunas grietas en la unanimidad de las decisiones de los miembros del TC que hasta ahora había sido inquebrantable.

El órgano rechazó el recurso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras contra su prisión preventiva, aunque lo hizo con el voto conjunto discrepante de tres magistrados: Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer y Fernando Valdés.

El primero de ellos será el ponente de la sentencia sobre otro recurso de amparo presentado por Junqueras contra la decisión del juez Llarena de no dejarle salir de prisión para asistir al Parlamento de Cataluña después de ser elegido diputado en las elecciones. Habrá que ver cuál es el resultado de la deliberación de los jueces.

Equilibrios en los órganos constitucionales

Los 20 vocales que componen el CGPJ son propuestos por los partidos políticos, que eligen a 12 de sus miembros entre el total de candidaturas oficiales presentadas por las asociaciones judiciales o con los avales de compañeros de carrera. Tres quintas partes del Congreso de los Diputados eligen a la mitad de ellos y la misma proporción del Senado, a la otra mitad. Los vocales elegidos votan al presidente, que también ejerce como presidente del Tribunal Supremo, cargo que en este momento desempeña Carlos Lesmes.

En el caso del Tribunal Constitucional, compuesto por 12 miembros, cada tres años procede la renovación de cuatro de ellos. En noviembre de este 2019 llegó el turno de la renovación del presidente, Juan José González Rivas, la vicepresidenta Enarnación Roca y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés, que aún están a la espera.

El PSOE tendría en este momento, tras las elecciones del 10 de noviembre, la posibilidad de equilibrar la composición del TC a su favor, que ahora mismo cuenta con una mayoría de siete miembros propuestos por el PP frente a seis propuestos por el PSOE.

El escarmiento de Marchena

La última renovación del CGPJ, pactada en noviembre de 2018 entre el ex ministro de Justicia popular Rafael Catalá y la ministra de Justicia en funciones Dolores Delgado, mantuvo el reparto de los 20 vocales entre los propuestos por Partido Popular y Partido Socialista.

El PSOE aceptó presentar a cuatro vocales progresistas previo acuerdo con Podemos, sin incluir a la jueza canaria y miembro de Podemos Victoria Rosell, como quería la formación de Pablo Iglesias.

El PP aceptó quedarse en minoría, con la proposición de nueve miembros frente a once, con la condición de que el conservador Manuel Marchena, presidente de la Sala que después juzgó a los miembros del procés, saliera elegido presidente.

Sin embargo, el acuerdo saltó por los aires cuando se filtró un mensaje de móvil del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, al resto de senadores populares en el que presumía del buen lugar en el que quedaba su partido tras el acuerdo entre las dos formaciones para colocar a Marchena como presidente del órgano de gobierno de los jueces: “Con la negociación, el PP tiene 9 vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11”. “Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente pero ponemos a un presidente excepcional, un gran jurista con capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la Sala Segunda [Sala de lo Penal del Supremo que juzgó a los líderes del procés] desde detrás”.

La filtración del mensaje, tras la que en el PP sospechan que estuvo el PSOE, provocó que Marchena rechazara presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo reivindicando la independencia  judicial,

La filtración del mensaje, tras la que en el PP sospechan que estuvo el PSOE, provocó que Marchena rechazara presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo reivindicando la independencia judicial, que quedó totalmente en entredicho tras salir a la luz los entresijos de la negociación.

Ese fue un precedente de desconfianza insalvable para el PP, al que le costó sentarse a negociar con el PSOE para alcanzar un acuerdo. De ahí que ahora no quieran volver a abrir un diálogo al respecto y se aventure un período con dificultades para retomarlo, como ya ocurrió entre 2008 y 2010, cuando la falta de acuerdo entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero impidió la renovación del órgano de gobierno de los jueces.