El juez de Instrucción 9 de Sevilla ha dictado un auto en el que coloca a un paso del banquillo de los acusados al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad en documento mercantil. El magistrado cifra en al menos 40,75 millones de euros "el cómputo global de las cantidades defraudadas" por la organización sindical con las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía.

En un auto fechado este martes, el instructor da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo de 20 días, soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

En concreto, los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la secretaria de Gestión Económica; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados SL y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Asimismo, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de ocho personas, siete de ellas por no poder deducirse la existencia de la perpetración del delito que se les imputaba.

De igual modo, acuerda el archivo de las actuaciones respecto del ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana por su "situación de incapacidad sobrevenida", como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.

El instructor relata que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, "se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias". De esta forma, el sindicato habría desviado parte de los fondos "a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido".

Según asevera el juez, "en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato".

'Rappel' y 'bote'

Seguidamente, el magistrado analiza "las técnicas utilizadas para este objetivo ilícito", como son el mecanismo llamado ‘rappel’, "por el que el sindicato se beneficiaría de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención completa", o el mecanismo denominado ‘bote’, sistema por el que UGT-A "se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas" que "no corresponderían a servicio prestado alguno" pero que "eran imputadas a programas subvencionados". 

Como tercera "vía de financiación fraudulenta", el juez señala que el sindicato "habría efectuado la cesión en usufructo de locales de su propiedad" a la sociedad mercantil Soralpe I Mas P Asociados S.L. -de la que UGT-A era socio único- "mediante contratos elevados a público entre dichas empresas".

Así, se trataba de un "mecanismo fraudulento orientado a la obtención de fondos con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación, que no generaban realmente un gasto".

En este punto, explica que, "tras la concesión de la subvención para acciones formativas, UGT-A las materializaba a través de su entidad vinculada IFES", agregando que, "en tanto que, según normativa autonómica, entre los gastos que pueden subvencionarse se incluyen los gastos de alquiler de las aulas utilizadas en el desarrollo de la acción formativa, si los locales en los que IFES desarrollara las acciones formativas fueran propiedad de UGT-A, su utilización en realidad no generaría más gasto subvencionable que los gastos de mantenimiento", pero, en este caso, “tras la cesión en usufructo de los locales de UGT-A a Soralpe, esta última procedía a alquilarlos a IFES, para de este modo generar de forma artificial un gasto subvencionable”.

"Mecánica defraudatoria"

El magistrado considera que, "en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor” del investigado Federico Fresneda, secretario general de Administración, "que servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecánica", una labor en la que además "contaba con el apoyo directo" del ex vicesecretario de Organización y ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; de la secretaria de Gestión Económica y de la responsable del Departamento de Compras.

Al hilo de ello, el instructor precisa que, "para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración" de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, "prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes" del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes "se prestaron a dicha actuación fraudulenta por medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención".

A continuación, el magistrado enumera los expedientes de subvenciones analizados en este procedimiento, precisando que, "para la cuantificación de los importes defraudados en cada expediente", se parte de las conclusiones del informe pericial emitido por un interventor y las aclaraciones realizadas en sede judicial, la documentación obrante en autos procedente de las diligencias de entrada y registro practicadas y remitida por las administraciones, y el informe emitido a instancias de la defensa de Fernández Sevilla.

"El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros", concluye el juez.