Es el documento que mayor consenso ha logrado de cuantos se han presentado como propuesta de articulado para un Estatuto vasco que sustituya al de Gernika, de 1979. De las tres propuestas, la liderada por el PNV, es la única que ha logrado algún apoyo. Los juristas expertos de PSE y Podemos la han respaldado parcialmente, al plantear votos particulares a 28 de los 146 artículos propuestos. El documento plantea no sólo otorgar al País Vasco un nuevo estatus y modificar su relación con el Estado, -para transformarlo en una suerte de ‘concierto político’ con un sistema bilateral y con garantías de cumplimiento ante España- sino también el reconocimiento del derecho a decidir, o la posibilidad de que otros territorios o municipios puedan solicitar su incorporación a Euskadi a través de un referéndum.

La medida está pensada para casos como los del Condado de Treviño, un enclave situado geográficamente en Álava pero que pertenece a Castilla y León, a la provincia de Burgos. Actualmente en los dos municipios de este enclave, Treviño y La Pueblo de Arganzón, gobiernan alcaldes nacionalistas, del PNV en el primer caso y de EH Bildu en el segundo. La reivindicación de incorporar este enclave al País Vasco es una vieja aspiración del nacionalismo vasco e incluso de amplios sectores de las propias localidades afectadas.

De este modo, con el articulado planteado se abre la puerta para que territorios o municipios que estuvieran enclavados en su totalidad dentro “del territorio” –País Vasco- y siempre que sus habitantes lo acordasen “mediante referéndum expresamente convocado”, se apunta en el artículo 2.3.b, puedan someter a consulta su incorporación a Euskadi.

El PSE acepta el término nación como "sentimiento personal" pero desvinculado de cualquier titularidad de soberanía

La propuesta acordada por PNV, PSE y Podemos establece que en esos casos el primer paso sería que los ayuntamientos trasladaran oficialmente la petición de incorporación al País Vasco. Posteriormente se plantea “que se oiga a la Comunidad o provincia a la que pertenezcan los territorios o municipios a agregar”. El texto determina que los habitantes de esas localidades deberán pronunciarse a través de un referéndum “previa autorización competente al efecto y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos”. Finalmente, la decisión expresada debería ser aprobada por el Parlamento Vasco, “la institución competencia de la Comunidad a la que pertenezcan los territorios o municipios a agregar” y por último las Cortes Generales.

El término "nación"

En este título preliminar también se regula que Navarra “tiene derecho” a forma parte, junto con Álava, Guipúzcoa y Vizcaya del nuevo sujeto jurídico político que se constituya, y al que no se pone nombre. En el documento de bases pactado entre PNV y Bildu, con el que trabajó la comisión de expertos, se barajaron hasta cinco denominaciones: ‘Comunidad Estatal vasca’, ‘Comunidad de carácter nacional’, ‘Comunidad foral vasca’, ‘Comunidad nacional vasca’ o ‘Estado autonómico vasco’. Ahora se deja en manos del Parlamento Vasco ‘bautizar’ la futura configuración del País Vasco. El ‘encaje’ territorial que dibuja el articulado es el de un modelo confederal. La propuesta de PNV, PSE y Podemos discrepa del texto planteado por Bildu, que desborda el marco legal actual, y el PP, partidario de una actualización del Estatuto actual.

En el artículo primero se apunta que Euskadi está constituida por “la ciudadanía” de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, “como parte integrante de Euskal Herria” y en expresión “de su identidad nacional” y de su voluntad democrática de constituirse en comunidad autónoma. En el segundo artículo se afirma que los tres territorios históricos y Navarra “tienen derecho” a formar parte del nuevo sujeto político que se define en el Estatuto.

La propuesta está dirigida a casos como los del Condado de Treviño, perteneciente a Burgos pero geográficamente alavés

El artículo 2.2 reafirma la vía para que Navarra, tal y como está recogido en la disposición transitoria cuarta de la Constitución, pueda decidir “su incorporación” al País Vasco. En este punto, el PSE plantea un voto particular para que la incorporación de la Comunidad Foral no se incluya en el articulado sino en una disposición, que podría ser transitoria o de otro tipo.

El PSOE no plantea ningún voto particular sobre el procedimiento para agregar territorios que se desarrolla en el texto articulado pero sí a la denominación como nación del nuevo sujeto político que se quiere constituir. Así, el jurista designado por el PSE, Alberto López Basaguren señala que el término nación debe integrase “con naturalidad” pero como un “sentimiento personal vinculado a unas características lingüísticas, culturales, religiosas o políticas distintivas” pero siempre “desvinculado de la titularidad de la soberanía”. En su voto particular añade que cuando en una sociedad un “sentimiento nacional diferenciado” tiene una consistencia significativa otorga “legitimidad” para asumir “importantes grados de autonomía política territorial dentro del Estado” pero que en el caso de España ésta ya queda “satisfecha plenamente” con el modelo autonómico.

Tratados y convenios

Por ello, el PSE aboga por desplazar el término nación al preámbulo que tendría ese futuro Estatuto vasco, para poder precisar “qué se quiere decir, cosa que no es posible en el articulado”. Añade que como “sentimiento de pertenencia” es plenamente compatible con el sentimiento de pertenencia a “la nación española”.  

El título preliminar también desarrolla el sistema institucional que tendría Euskadi, sus símbolos o de lenguas oficiales. En lo relativo al euskera se fija como “lengua propia del Pueblo vasco” y oficial, junto al castellano. El artículo 6.5 señala incluso que los poderes públicos tendrán que garantizar el derecho a aprender euskera “de forma gratuita” a todos los ciudadanos hasta que adquieran las competencias “necesarias para desenvolverse en su vida y trabajo con normalidad”.

Recoge también que se podrá solicitar al Gobierno español que apruebe “tratados o convenios” para poder establecer “relaciones culturales con los Estados” que tengan el euskera como “patrimonio”.  También se establece que las instituciones vascas podrán suscribir acuerdos para crear “organismos comunes” con las comunidades o Estados con los que tenga vínculos culturales.

Con este documento, así como con el entregado por EH Bildu y el PP, la Ponencia de Autogobierno constituida en la Cámara vasca volverá a reunirse el próximo miércoles día 11 para analizarlos y explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo para redactar una propuesta legal. De ser así, ésta debería ser aprobada por el Parlamento e incluso, tal y como plantea el PNV, podría convocarse una “consulta”, sin carácter vinculante, a la ciudadanía antes de iniciar su tramitación en las Cortes Generales.