Es una conversión pragmática, un falso abrazo oportunista. Mientras en Cataluña sus otrora compañeros independentistas ven en la Constitución una barrera en la negociación para apoyar a Pedro Sánchez, ahora en el PNV han optado por aferrarse a ella, por convertirla en una oportunidad. En Sabin Etxea no se han transformado en ‘constitucionalistas soberanistas’ de la noche a la mañana, simplemente han concluido que exprimir su potencialidad para dar un nuevo encaje territorial al País Vasco es un camino no explorado que puede merecer la pena. Esta mañana su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, volverá a cuestionar la Carta Magna, sus limitaciones y lo que su partido siempre ha denunciado como "imposiciones" territoriales. Pero esta vez, el PNV pondrá en valor también su potencial no desarrollado.

Lo hará horas después de que en la semana en la que se conmemora el 41º aniversario de su aprobación, el partido que propugnó la abstención en el referéndum de 1978, apelase a recurrir a la Constitución como aval para hacer viable su mayor proyecto: un nuevo ‘Estatus’ para una Euskadi ‘confederal’.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, aseguró que no era necesario modificarla, ni siquiera para aprobar en las Cortes una actualización del Estatuto vasco que incorpore el derecho a decidir, un ‘concierto político’ con España y propuestas como la clasificación de los vascos en ‘ciudadanos’ y ‘nacionales’, entre quienes tienen derechos políticos y quienes no.

La disposición adicional primera de la Carta Magna parece ser la tabla de salvación a la que se aferra el PNV para no repetir el portazo en Cortes que en 2005 recibió su anterior proyecto. El que impulsó Ibarretxe ni siquiera llegó a tramitarse. El que ahora ha puesto en marcha el PNV –con el apoyo parcial del PSE y Elkarrekin Podemos- confía en que tenga el camino despejado si se logra buscar el resquicio legal y constitucional que Urkullu y Ortuzar aseguran que es posible.

El PNV aboga por explorar la vía de la disposición adicional primera para hacer viable un nuevo estatuto vasco

La citada disposición constitucional, que en su momento el PNV no apoyó –tras un acuerdo por unanimidad de su Asamblea Nacional en octubre de 1978, que apostó por abstenerse en el referéndum constitucional- establece que la Constitución “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”. También proclama que su actualización -la que ahora se plantea- se llevará a cabo “en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”.

La clave: los derechos forales

Es ahí donde los nacionalistas se abrazan como nunca antes a la Constitución. Lejos quedan las consideraciones de norma "con base antidemocrática e históricamente falsa" que sólo buscó "imponer" la unidad de España que aprobó hace un año en el Parlamento Vasco. Hoy en el PNV no la celebrarán, como nunca antes lo hicieron, pero tampoco la demonizarán. Saben que en el actual escenario, ni su reforma ni su rebase son una opción. La primera, porque cambiar la Constitución requeriría una mayoría de dos tercios de las Cortes, o lo que es lo mismo, del PP y esa posibilidad se da por descartada. La segunda, porque la vía de la ilegalidad quedó descartada hace años, cuando la ‘unilateralidad’ del procés catalán alcanzaba la ebullición y el PNV empezó a poner distancia.

La clave está en el reconocimiento de la foralidad que figura en la Constitución. El Estatuto vasco ‘de actualización’ que el PNV quiere sacar adelante basa su tramitación en el respeto al marco legal, precisamente en parte del contenido de la Constitución. Lo hace con una argumentación cuestionada por el PP -que ha enmendado a la totalidad su propuesta- y del PSE, al menos de modo marcial –“el derecho a decidir no es un derecho”, afirma su ponente-. Se sustenta en el artículo 2 de la Carta Magna que reconoce y garantiza “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que integran la “nación española”. También en la foralidad que reconoce a los territorios que conforman Euskadi. A partir de ahí, el paso de ‘actualización’ que plantea el PNV es la vinculación de la ‘foralidad’ reconocida a Vizcaya, Álava y Guipúzcoa para cedérselos al nuevo “sujeto político jurídico” que alumbra el articulado estatutario propuesto para superar así al de Gernika de 1979.

Así es el nuevo ‘constitucionalismo pragmático’ del PNV. A este respaldo constitucional a sus tesis, el partido nacionalista suma otro amparo jurídico legal, el de la disposición adicional del actual Estatuto de Gernika, que reconoce que aceptar el régimen estatutario en ningún caso supone una renuncia “del Pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia” y que podrán ser actualizados “de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico”.

En 1978 sólo el 30% de los vascos apoyó la Carta Magna. Hoy, según el Esukobarometro, lo haría el 47% de votantes del PNV

Es en ese marco normativo donde el PNV quiere abrir camino, donde confía en que se puedan dar pasos sin necesidad de tensionar hasta el límite, como se ha hecho en Cataluña. El nuevo Estatuto, que a partir del miércoles volverá a discutir la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco –tras recibir las tres propuestas de Estatuto articulado; la del PNV, PSE y Podemos; la del PP y la de EH Bildu- también incluye sus claves en disposiciones adicionales. En la segunda disposición, el jurista del PNV, Mikel Legarda, propone que la “plena realización” de los derechos históricos reconocidos por la Constitución se deben “exteriorizar” a través del ejercicio del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado”.

Más apoyo a la Constitución

Las esperanzas del PNV están en el PSOE. Y a ella se encomienda asegurando que los votos particulares del experto del PSE, Alberto López Basaguren, demuestran que no existe una resistencia a su planteamiento por “inconstitucional” sino por “inoportunidad política” a la proclamación del derecho a decidir.

Durante la constitución de la Cortes esta semana, sus seis diputados juraron la Constitución “por imperativo legal” y son frecuentes las críticas a algunos de los artículos, en especial el relativo “indisoluble unidad” de España o el número 8, el que encomienda a las fuerzas armadas garantizar la “integridad territorial” de España. Tampoco el rechazo es hoy el mismo entre sus bases. Cuando en octubre de 1978 la Asamblea Nacional del partido, reunida en Pamplona, con su entonces presidente, Carlos Garaikoetxea optó por abstenerse en el referéndum del 6 de diciembre, pocos eran los que auguraban en su articulado un camino posible hacia un nuevo estatus. Garaikoetxea aseguró en su intervención que la Constitución habría que exprimirla al máximo para recuperar el autogobierno perdido en la dictadura. Afirmó que, al menos, aquella Constitución reconocía de nuevo los derechos históricos y abría la puerta a recomponerse después de que el franquismo había terminado con la “identidad del hombre vasco, que ya no existe o aparece gravemente distorsionada”.

El PNV repite con frecuencia que a los vascos no les gusta la Constitución. Recuerda para ello el resultado del referéndum. Entonces, Euskadi fue la comunidad autónoma con el menor porcentaje de participación, el 45%. Entre los votos emitidos el apoyo se impuso con claridad, el 69% frente al 23,5% del ‘No’. Pero en términos globales, apenas 479.000 vascos la respaldaron, el 30,8% de la población con derecho a voto en aquel País Vasco de la Transición.

Bildu saldrá hoy a la calle contra la Constitución. El PNV guardará silencio, pese a cuestionarla en varios de sus artículos clave

Cuatro décadas después, la Constitución en los batzokis del PNV no está demonizada. Hoy muchos de los que en su momento se abstuvieron no lo harían y los nuevos votantes demostrarían una mejor disposición hacia ella.  El último ‘Euskobarómetro’ (junio de 2019) de la Universidad del País Vasco concluía que de repetirse hoy la votación, casi la mitad de los votantes del PNV, el 47%, apoyaría la Constitución. Y si la proyección se amplía al conjunto del electorado abertzale, el ‘Sí’ rondaría el 33%.

Una demanda menor

La formación de Ortuzar sabe que con la relación de Euskadi con el Estado sólo puede tensionar lo justo. Todos los indicadores revelan que la mayoría de la sociedad vasca no quiere parecerse a Cataluña. También que las aspiraciones por un Estado independiente o incluso por un nuevo encaje territorial no figura entre las prioridades para amplios sectores sociales. Un 22% cree que el actual Estatuto está bien como está, un 35% se conformaría con completar las transferencias pendientes y sólo un 26% reclama reformarlo para lograr más autogobierno.

El ‘Deustobarómetro’ del pasado verano lo situaba en los puestos de cola en la larga lista de principales problemas de la ciudadanía. Si el paro, las pensiones, las condiciones laborales o la inseguridad ciudadana aparecían entre las tres primeras inquietudes para entre un 20 y 25% de la sociedad, la relación con el Estado sólo la refería como uno de los primeros problemas a resolver el 8% de los encuestados.

En este nuevo aniversario de la Constitución el nacionalismo no lo celebrará pero mostrará dos caras. El PNV guardará cierta indiferencia pero intentando no poner obstáculos al camino que ahora enarbola como una salida a su nuevo ‘estatus’. En la calle, en cambio, el nacionalismo más radical, el que lidera EH Bildu, optará por plantar cara, por rechazar de manera expresa la Constitución y reclamar la “República vasca”. Su apuesta por actualizar el marco del Estatuto de Gernika no tiene como referencia ninguna disposición adicional. Las tesis de EH Bildu se asemejan más a los planteamientos del independentismo catalán, que al soberanismo del PNV.