Por cuarta vez en tan sólo cuatro años, España volvió a verse abocada a las urnas tras constatar el Rey que no existía ningún candidato que contase con los apoyos suficientes para una eventual investidura. El escrutinio del pasado 10 de noviembre dejó un Congreso aún más atomizado, si cabe, que en la breve legislatura anterior. Nada menos que 19 formaciones políticas -contando con las confluencias de Unidas Podemos- conforman ahora la Cámara Baja, cuatro más que en el mes de abril.

Más allá de la colorida composición del Congreso y de que el fragmentado mapa político dé lugar a procesos de negociaciones mucho más largos y tediosos, se da una circunstancia llamativa coincidiendo con la celebración del 41º aniversario de la Constitución de este 6 de diciembre: que más de un tercio de la cámara la cuestiona o, directamente, pretende abolirla.

En concreto, son un total de 126 diputados procedentes de nueve formaciones políticas radicalmente opuestas los que han planteado la necesidad de modificar o suprimir la Carta Magna, cada una, claro, para su propio interés. A favor, con planteamientos que en su inmensa mayoría implican una reforma agravada del texto, se situarían los extremos, Vox (52) y Unidas Podemos (35); las fuerzas nacionalistas, ERC (13), JxCat (8), PNV (7), EH Bildu (5), BNG (1); Más País (3); y los antisistema de la CUP (2). En el lado de los constitucionalistas estarían los 88 del PP; Ciudadanos (10); Coalición Canaria (2); Navarra Suma (2); PRC (1) y Teruel Existe (1).

Caso individualizado es el del PSOE que, pese a situarse en este lado y defender sin complejos el texto como "motivo de satisfacción y de alegría" y marco de la "riqueza" y "diversidad cultural y territorial" de España, reitera las bondades de una reforma federalista del modelo territorial para reforzar "los instrumentos de cooperación y diálogo".

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La repetición electoral ha dado a Vox el doble de fuerza en la cámara de representantes que con la que se estrenó el pasado mes de abril. El patriotismo, la defensa de la soberanía nacional, de la unidad de España frente a "intereses espurios" de los "golpistas" y, por ende, de la Constitución "está en el ADN" de los de Santiago Abascal, texto que defienden prácticamente en cada intervención. De hecho, la última vez que han defendido a capa y espada el respeto por la Carta Magna fue a raíz de las imaginativas fórmulas de juramento en la sesión constitutiva del pasado martes de los electos de Junts, Esquerra, Bildu, CUP y BNG, ante los que presentarán acciones legales.

Pero hasta Vox debe abordar una reforma constitucional para cumplir algunos de los puntos recogidos en su programa electoral. El primero y más importante: suprimir el Estado de las Autonomías por "un solo Gobierno y un solo Parlamento para toda España, lo que implicaría "la devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia "limitando en todo lo posible la capacidad legislativa". O lo que es lo mismo: contravenir lo recogido en el artículo 2 de la Constitución, que si bien establece "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles", también "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran".

No recoge la Carta Magna, sin embargo, qué competencias deben estar cedidas a las autonomías y la única aproximación de disolución territorial viene prescrita cuando una autonomía "atente gravemente al interés general de España", por lo que se le da al Gobierno la opción de "adoptar las medidas necesarias" para hacer cumplir la máxima norma. Este supuesto viene recogido en el polémico artículo 155.

Y no son los únicos puntos polémicos de Vox que entran en conflicto con lo establecido en la Carta Magna: un ejemplo es la reforma del CGPJ, que contraviene el artículo 122; o los "privilegios penitenciarios a los presos condenados por terrorismo y a inmigrantes ilegales", que entra en conflicto con el artículo 25, unos derechos que cuentan con la máxima protección jurídica dentro del texto constitucional.

La Constitución, el gran obstáculo para los anhelos independentistas

El preacuerdo de Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias solucionó en horas la cuestión que meses atrás volvió a llevar a los españoles a las urnas. Pero abrió otra veda de gran calibre. La aritmética parlamentaria hacía necesario el concurso del independentismo en la ecuación. O lo que es lo mismo, sumar con partidos que no apuestan por una reforma de la Carta Magna, si no directamente por su abolición.

La Constitución es un texto "que no fue votado por la gran mayoría de los catalanes con derecho a voto y que se ha convertido en una herramienta que justifica la represión" y que "persigue" al independentismo, defendía ayer el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para justificar su ausencia de los actos con motivo del 6 de diciembre.

Los 13 votos de Esquerra son llave para alumbar un "gobierno progresista", y no los dará gratis. En las negociaciones, los soberanistas ponen encima de la mesa otras cuestiones como una negociación entre iguales -de Gobierno a Govern-, un diálogo por "la amnistía" de los políticos encarcelados por el procés y, como no podía ser de otra manera, la autodeterminación "como reconocimiento al sentir mayoritario del pueblo catalán".

La máxima independentista, la del referéndum vinculante, vuelve a encontrarse a la Carta Magna como su insalvable escollo, con el que también se encuentran las fuerzas nacionalistas de País Vasco y Galicia, representadas por PNV y BNG, aunque los vascos abogan ahora por la vía de abrazar el ‘constitucionalismo pragmático’. La doctrina reiterada por el Tribunal Constitucional defiende que plantear una votación en una sola comunidad implicaría trocear la soberanía nacional recogida en los artículos uno y dos de la Constitución.

El TC defiende que un referéndum vinculante implicaría trocear la soberanía nacional recogida en los artículos 1 y 2 de la Constitución

Hay vía para la reforma, pero sólo en su versión agravada por afectar a los principios y valores básicos del ordenamiento de los dos primeros apartados. ¿Qué implica? Un largo, complejo y tedioso procedimiento en el que deberían verse inmiscuidas dos legislaturas. Para empezar, la reforma debería ser aprobada por dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado -de entrada, inviable, puesto que las fuerzas que podrían ampararlo suman 194 escaños, lejos de los 232 necesarios-. A continuación, se disolverían las Cortes y se convocarían elecciones generales. Las nuevas Cámaras tendrían que ratificar la decisión, esta vez por mayoría absoluta y, una vez aprobado, debe ser sometido a un referéndum vinculante a nivel nacional.

Algo más livianas son las propuestas de Unidas Podemos y Más País, que abogan por "adaptar la Constitución a los nuevos tiempos" y emprender reformas que vayan encaminadas a "blindar los derechos sociales" y a la regeneración democrática, como la supresión de los aforamientos. Sin embargo, los morados siempre se han mostrado favorables a "afrontar el debate territorial" mediante un referéndum pactado y garantista como respuesta a las exigencias de su confluencia en Cataluña, pero sin especificar fórmulas, apostando por el diálogo y sin comprometerlo como línea roja a su negociación con el PSOE. "La solución pasa por el diálogo y que todos los actores se sienten y negocien una fórmula, sea un referéndum u otra cosa", aseveraba hace unos días la número dos de la formación, Irene Montero.

Las cesiones del PSOE

La intransigencia del PSOE en lo que a tocar la Constitución se refiere para resolver el ya reconocido como "conflicto político" con Cataluña puede estar en jaque por salvar la investidura de Pedro Sánchez, que mira hacia otro lado ante la petición de Ciudadanos para abordar un acuerdo constitucional a tres -con el apoyo del PP- para que no dependa ni de "populistas" ni de "condenados por sedición".

Las negociaciones con ERC avanzan, aunque los nacionalistas catalanes siguen supeditando el 'sí' a un gesto de buena voluntad de Sánchez antes de la investidura. El primer desliz de lo que puede ocurrir lo dejó caer la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que a las puertas de las negociaciones entre ambas fuerzas evidenció un críptico mensaje para promover una reforma constitucional: "Podemos hablar del Título VIII de la Constitución, de un país que tiene diversidad territorial, esto que tanto trabaja les cuesta a las derechas".

El apartado que menciona Calvo, en concreto, es el que contiene la Organización Territorial del Estado, por lo que abre la hipótesis de que pueda ofrecer modificaciones en el artículo 155 -recogidos en este Título- o en las competencias autonómicas -para atender demandas del nacionalismo, como la potestad tributaria-. Tales reformas seguirían el procedimiento ordinario, es decir, por mayoría de tres quintos en ambas cámaras.

Además, el PSOE hizo público este jueves un manifiesto en el que defiende, en plenas negociaciones con ERC, la necesidad de introducir una serie de reformas con el objetivo de abordar, entre otras cuestiones, la reforma del modelo autonómico desde una perspectiva federal. "La Constitución contiene el germen de las nuevas líneas de progreso, crecimiento y modernidad necesarias para España, pero precisa cambios para hacer frente a los nuevos y futuros desafíos", defiende el PSOE, que cita modificaciones encaminadas a la protección de derechos sociales, reformas del modelo territorial o relativas al reconocimiento de la Unión Europea.

La Constitución española ha sido reformada sólo en dos ocasiones: la primera de ellas en 1992, para permitir el sufragio pasivo a los extranjeros; y la segunda en 2011, para reformar el artículo 135 e introducir la estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública sea lo primero a abonar frente a cualquier otro gasto del Estado en los Presupuestos Generales, sin enmienda posible.